Impunidad Brasil

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75ª Asamblea General

4 al 7 de octubre de 2019

Coral Gables, Florida

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CONSIDERANDO que el 22 de mayo de 2019 Marcone Sarmento fue sentenciada a seis años de prisión por el asesinato del periodista Manoel Leal el 14 de enero de 1988 en Itabuna, Bahía, pero como ya había cumplido dos años, la jueza Gelzi de Almeida fijó una sentencia de cuatro años en régimen abierto; que la fiscalía apeló la decisión alegando que es un homicidio calificado y, por tanto, la pena debería ser mayor

CONSIDERANDO que en septiembre de 2019 la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió a interrogar al Ministerio Público de Bahía sobre la reapertura del caso de Manoel Leal para identificar y sancionar a los autores del delito, según lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un acuerdo con el Estado brasileño. Un asesor de la Oficina del Fiscal General de Bahía respondió que, debido a que el hecho sucedió mucho tiempo atrás, necesita más tiempo para consultar con la Oficina del Fiscal de Itabuna "si hubo otra investigación"

CONSIDERANDO que el fiscal Emmanuel Levenhagen Pelegrini, miembro auxiliar del Consejo Nacional del Servicio de Fiscalía (CNMP), junto a la Estrategia Nacional de Justicia y Seguridad Pública, también envió una solicitud de información sobre el caso de Manoel Leal de Oliveira al Servicio de Fiscalía de Bahía; que está siguiendo los casos de Manoel Leal y Aristeu Guida da Silva, así como otros casos remitidos por la SIP a la CIDH; el CNMP se encuentra en un período de reestructuración y cambio de directores

CONSIDERANDO que permanecen impunes los asesinatos de periodistas de radio, blogueros, comunicadores y periodistas investigados por la SIP en el Proyecto Impunidad, incluido Ivan Rocha, presentador de Rádio Alvorada AM de Teixeira de Freitas, Reinaldo Coutinho da Silva, el 29 de agosto de 1995, en São Gonçalo, Río de Janeiro; Edgar Lopes de Faria, que tuvo lugar el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, y José Carlos Mesquita, que tuvo lugar el 10 de marzo de 1998 en Ouro Preto do Oeste, Rondônia

CONSIDERANDO que el 16 de abril de 2019 el expastor evangélico Gilson Neudo Soares do Amaral y el comerciante Lailson Lopes, el "Gordo da Rodoviária", fueron sentenciados a 14 años de prisión por el asesinato del locutor de radio Francisco Gomes de Medeiros, F. Gomes , ocurrido el 18 de octubre de 2010 en Caicó, Rio Grande do Norte; Amaral todavía está bajo arresto y a Lopes se le ha otorgado el derecho de esperar en libertad el juicio

CONSIDERANDO que el 1 de abril de 2019, el juez Jesseir Coelho de Alcântara, del 3er Tribunal Penal de Delitos Criminales contra la Vida y el Tribunal del Jurado de Goiânia, Estado de Goiás, comunicó que no podía enjuiciar a los cinco acusados de asesinar al locutor de radio Valério Luiz de Oliveira, porque los foros criminales y civiles no tenían una "estructura física y organizativa" para albergar la sesión del caso que tuvo "enormes repercusiones"; que, por tanto, la sentencia aún no se ha dictado; que Oliveira fue asesinado el 5 de julio de 2012, después de abandonar Rádio Jornal 820 AM, donde grabó el programa "Jornal de Debates"; que fueron acusados ​​del crimen Djalma Gomes da Silva, Maurício Sampaio, Urbano de Carvalho Malta, Marcus Vinícius Pereira Xavier y Ademá Figueredo; que el 7 de octubre de 2019 se realizará a Silva un nuevo examen de salud mental

CONSIDERANDO que el Grupo de Acción Especial para Combatir el Crimen Organizado (Gaeco), de Río de Janeiro, está apoyando las investigaciones sobre los asesinatos de Robson Giorno, dueño del periódico O Maricá, asesinado el 25 de mayo de 2019, y de Romario da Silva Barros, del portal 'Lei Seca Maricá', asesinado el 18 de junio de 2019; que aún no hay confirmación si los crímenes ocurridos en la ciudad de Maricá están relacionados con actividad profesional

CONSIDERANDO que en mayo de 2019 la SIP envió una carta al presidente de la Corte de Goiás, juez Walter Carlos Lemes, solicitando una "solución definitiva para la celebración de la Sesión Plenaria del Jurado Popular en el Caso Valério Luiz" y enfatizando la necesidad de "evitar que después de tantos años el crimen permanezca impune", pero no hubo respuesta a dicha carta

CONSIDERANDO que hasta el 24 de septiembre de 2019 el Programa para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas en todo Brasil supervisaba a 571 defensores de derechos humanos, y solo dos se relacionaban con la libertad de expresión.

CONSIDERANDO que el 13 de junio de 2019 la Comisión Permanente sobre el Derecho a la Comunicación y la Libertad de Expresión, vinculada al Consejo Nacional de Derechos Humanos, emitió la Recomendación No. 07 que "recomienda que el tratamiento otorgado a los comunicadores por parte de los funcionarios públicos —presidente de la República, vicepresidente, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, consejeros, entre otros que, en el desempeño de sus funciones, representan al Estado brasileño— siga las pautas establecidas en las normas internacionales y nacionales destinadas a garantizar el respeto por el práctica profesional, libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información"

CONSIDERANDO que entre las recomendaciones están: a) adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra los comunicadores y a crear un ambiente favorable para el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión; b) condenar, de manera pública, inequívoca y sistemática, cualquier forma de violencia y ataques contra comunicadores y alentar a las autoridades competentes a actuar con la debida diligencia y rapidez para investigar los hechos y castigar a los responsables

CONSIDERANDO que, aunque en 2018 el Programa para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos comenzó a incluir la protección de los Comunicadores a través de la Ordenanza No. 300, y que hubo talleres y reuniones con representantes de organizaciones que trabajan para defender la libertad de expresión para discutir cómo mejorar el servicio a los comunicadores, en 2019 no hubo progreso hacia la creación de una metodología y protocolos para cumplir con las especificidades de este grupo

CONSIDERANDO que desde el 11 de diciembre de 2018, cuando el entonces Ministerio de Derechos Humanos publicó la Cartilla Aristeu Guida da Silva - Estándares internacionales para la protección de los derechos humanos de los periodistas y otros comunicadores, no se ha promovido ninguna actividad adicional para su difusión; que la Oficina Especial de Asesoramiento sobre Asuntos Internacionales del ahora Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, responsable de la promoción de la Cartilla, afirma que el personal ha sido reubicado con el cambio de ministerio y está siendo reestructurado; que la preparación y difusión de la cartilla son parte de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso del asesinato del periodista Aristeu Guida da Silva, que tuvo lugar en São Fidélis, Río de Janeiro, en mayo de 1995

CONSIDERANDO que el Consejo Nacional del Servicio de Fiscalía (CNMP) publicó en abril de 2019 un informe que contiene datos sobre violencia contra comunicadores en Brasil, en el que se registraron 64 casos entre 1995 y 2018; que la intención es que los datos se utilicen como referencia para informar a los organismos internacionales sobre la situación en el país

CONSIDERANDO que espera una votación en el CNMP la propuesta de recomendación hecha el 29 de mayo de 2018 por el consejero nacional Luciano Nunes Maia Freire que establece que "todas las unidades del Ministerio Público brasileño, dentro de sus respectivas atribuciones, se esforzarán por priorizar el enjuiciamiento rápido de delitos contra la vida, integridad física y amenazas, intentados o consumados, cometidos contra periodistas, profesionales de la prensa y comunicadores, en el ejercicio o por cuenta de la profesión" para evitar la impunidad

CONSIDERANDO que el Principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que "el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad"

LA 75ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE

Solicitar el compromiso de identificar y sancionar a los autores intelectuales del asesinato de Manoel Leal de Oliveira, con la reapertura del caso, según lo recomendado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Solicitar que se brinden condiciones de trabajo y apoyo al fiscal Emmanuel Levenhagen Pelegrini para que pueda investigar más a fondo las investigaciones de casos de asesinatos, agresiones y amenazas contra comunicadores en la práctica de la profesión, así como para la implementación del Observatorio de la Violencia

Solicitar apoyo para ampliar la difusión de la Cartilla Aristeu Guida da Silva - Normas internacionales para la protección de los derechos humanos de los periodistas y otros comunicadores, especialmente en Río de Janeiro, donde ocurrió el delito, y el cumplimiento de las otras recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Aristeu Guida da Silva

Solicitar que el Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas realice los cambios necesarios para incorporar a comunicadores amenazados, de acuerdo con las especificidades de estos profesionales, adoptando protocolos y metodologías elaborados con representantes de las organizaciones de de defensa de la libertad de expresión

Solicitar que se garanticen las condiciones de trabajo y el respeto de las decisiones de la Comisión Permanente sobre el Derecho a la Comunicación y la Libertad de Expresión, así como la implementación práctica de las recomendaciones hechas por la Comisión con respecto al tratamiento de los comunicadores por parte de los funcionarios públicos, a fin de garantizar el respeto a la práctica profesional, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información

Solicitar que cesen la agresión, la intimidación y la difamación contra comunicadores en represalia por su actividad profesional, actos que han sido repetidos por gobernantes y políticos.

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