Puerto Rico

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Informe ante la SIP
28 de marzo de 2020

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En este período persistieron acciones contra la libertad de expresión y sobre acceso a la información pública.

La Asamblea Legislativa ha buscado crear o ampliar delitos que criminalizarían conductas que inciden en ciertos tipos de manifestaciones ciudadanas, después de que en el país se dieron varias protestas sociales.

El 28 de enero el Senado aprobó un proyecto de ley que pretende incluir, bajo el delito de daño agravado, aquellos realizados a bienes inmuebles o muebles en zonas históricas y turísticas, como el Viejo San Juan, tras ciertas protestas en las que supuestos manifestantes vandalizaron estructuras y negocios.

De convertirse en ley el Proyecto del Senado 1479, se sancionaría con pena de reclusión por un término fijo de tres años toda persona que cometa delitos de daños a la propiedad pública y privada, independientemente de la magnitud o naturaleza del daño causado, o una sanción de $10,000.00 si el daño es causado por una persona jurídica en una zona histórica o turística.

Por su parte, un tribunal ordenó al gobierno a divulgar información sobre el manejo irregular en la administración de suministros a damnificados por desastres naturales. La gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó realizar una "investigación minuciosa" sobre las alegaciones de mal manejo de suministros. El informe generado por esa investigación ha sido objeto de peticiones de divulgación por varios medios, pero las solicitudes fueron en principio denegadas.

Un tribunal determinó que el informe no contenía datos cuya divulgación ocasionaran peligro, por lo que ordenó su divulgación. Acusó al gobierno de faltar a la verdad y a Justicia por asumir "una actitud temeraria" al mantener la confidencialidad del documento. Luego, la gobernadora instruyó a Justicia entregar el documento.

En mayo de 2017, el Departamento de Justicia, liderado entonces por la ahora gobernadora Vázquez Garced, solicitó una orden de registro para obtener información de miles de usuarios que siguen a tres medios de comunicación referente a la huelga estudiantil, incluyendo la interacción y los comentarios y mensajes privados intercambiados con sus seguidores. Justicia obtuvo acceso a las cuentas de Facebook del medio universitario Pulso Estudiantil, del periódico Dialogo UPR y Centro de Comunicación Estudiantil. El propósito era establecer la identidad, control de la cuenta y sus usuarios. El registro produjo un expediente de miles de páginas con el historial de las publicaciones de la prensa universitaria en Facebook, así como los nombres, información, y conversaciones con sus miles de seguidores.

La Ley 122-2019 añade obstáculos a los periodistas y ciudadanos en el acceso a información pública. La "Ley de Transparencia" establece el nuevo proceso requerido para la solicitud de información pública que permite al gobierno aplazar la entrega de documentos públicos por cerca de dos meses.

Para implementar esa ley, el 2 de marzo, la secretaria de Justicia emitió un documento con directrices a los jefes de agencia y corporaciones públicas sobre reglamentaciones y órdenes administrativas sobre información pública.

El documento contiene obstáculos mayores al acceso a información pública e inconsistencias con las disposiciones de la Ley de Transparencia y la política pública de apertura y transparencia que proclama el gobierno. Crea capas burocráticas y procesos adicionales ausentes de la Ley de Transparencia con los que hay que cumplir para recibir información pública que custodia el gobierno.

Ante la Cámara se presentó un proyecto que busca tipificar como delito el cierre de calles o bloqueo de vías públicas durante protestas y manifestaciones públicas.

En noviembre, el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución de amonestación contra el abogado, profesor universitario, y comentarista político Carlos E. Díaz Olivo, por la alegada violación a uno de los Cánones de Ética de su profesión debido al lenguaje utilizado en mociones presentadas ante jueces del Tribunal de Primera Instancia.

La amonestación es consecuencia de una petición de investigación y de proceso disciplinario solicitada por el juez Rafael G. Rojas Fernández, quien alegó ante el Tribunal Supremo que Díaz Olivo "realizó imputaciones ofensivas" contra los jueces que atendieron un caso en el que él representaba a una de las partes.

Díaz Olivo ripostó que la queja del juez se debe a su denuncia sobre "una serie de supuestas irregularidades" en el Tribunal de Primera Instancia y ante la Oficina del Contralor y otras agencias.

Independientemente de los méritos de la forma en que Díaz Olivo comunicó su mensaje o los foros que utilizó, el caso es ejemplo de cómo críticas a la rama judicial puede tener consecuencias para quienes las hacen.

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