Puerto Rico

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Informe ante la 77ª Asamblea General Virtual
19 – 22 de octubre de 2021

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La ambivalencia que caracteriza al gobierno en cuanto a la transparencia y el derecho de acceso a información pública persistió durante este periodo. Si bien se avanzó a nivel legislativo y municipal para que se hagan públicos salarios, sueldos y procesos de compra y subasta gubernamentales, los peticionarios continúan acudiendo a la justicia.

El Departamento de Salud ha limitado la información sobre la pandemia. Dos miembros del Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos del Departamento de Salud (SMICRC), y dos directoras, renunciaron por la falta de transparencia.

El Recinto de Ciencias Médicas ocultó durante cuatro meses las causas de pérdida de acreditación del Programa de Neurocirugía, a pesar de los reclamos de los medios, entre ellos El Nuevo Día.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) acudió a los tribunales en contra de los secretarios de Desarrollo Económico y de Hacienda, ante la negativa a divulgar información relacionada con inversionistas residentes y los incentivos contributivos que reciben.

Varias Cooperativas de Ahorro y Crédito acudieron a los tribunales para que la Corporación Pública para la Supervisión de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC) dé información. Estos casos fueron resueltos a favor de los peticionarios.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó a la Policía la divulgación de información sobre el uso de fuerza por parte de los agentes, pero limitó que se divulguen datos personales de víctimas, testigos y menores de edad.

El Poder Judicial, sin embargo, negó acceso a información judicial bajo pretexto del derecho a la intimidad en casos de feminicidios, pese a que los familiares de las víctimas exigían la divulgación.

La mayoría de los jueces del Tribunal Supremo rechazó cuatro peticiones de reconsideración presentadas por los gremios periodísticos.

Ante ese evento, nació la Alianza Pro-Transparencia, creada por el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, con el objetivo de fiscalizar al Poder Judicial de la forma que se fiscaliza a las otras ramas de gobierno.

En abril, Loíza se convirtió en el primer municipio en lanzar una plataforma digital para publicar compras y subastas.

También en abril, el gobernador Pedro Pierluisi firmó una orden ejecutiva para fomentar mayor transparencia en la contratación de servicios profesionales, los que deben ser procesos abiertos, competitivos y públicos.

En agosto, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, anunció una nueva plataforma digital sobre gastos por nóminas y contratos, registro de cabilderos, desempeño de legisladores y trabajo de las comisiones.

La epidemióloga Yonaica Plaza renunció a su puesto y denunció que su trabajo para el Departamento de Salud se vio limitado por la Oficina de Epidemiología ante la falta de acceso a la información.

En agosto, otros tres miembros del SMICRC renunciaron ante la falta de transparencia del Departamento de Salud. Llevaron a la Legislatura sus reclamos de transparencia sobre datos de contagios, especialmente en el área educativa.

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