Puerto Rico

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Informe ante la 76ª Asamblea General de la SIP
21 - 23 de octubre de 2020

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Los problemas de libertad de prensa en este período estuvieron marcados por decisiones y retrasos sobre acceso a la información pública y falta de transparencia.

En otro caso, tras el revuelo provocado por el hallazgo de un almacén con suministros no repartidos a damnificados por desastres, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, ordenó realizar una "investigación minuciosa" sobre las alegaciones de mal manejo de suministros.

Los medios pidieron su divulgación, pero las solicitudes fueron denegadas. La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y el Centro de Periodismo Investigativo (CPI), demandaron al Departamento de Justicia por el documento.

El Tribunal de Primera Instancia tras verificar que el documento no generaría peligro, acusó al gobierno de faltar a la verdad y a Justicia de asumir "una actitud temeraria" al mantener la confidencialidad del documento. Aunque el gobierno apeló, la gobernadora instruyó a Justicia a entregarlo luego de la decisión judicial.

El CPI se vio obligado a acudir a los tribunales en contra del Registro Demográfico para la entrega de la base de datos sobre las causas de muerte en el país y los certificados de defunción de los años 2007 al 2020. Dicha solicitud fue instada como parte de una investigación relacionada al exceso de muertes en el país durante la pandemia.

El CPI también demandó al Departamento de Educación. Solicitó datos relacionados con la recuperación de las escuelas después del huracán María y su preparación en caso de terremotos, el presupuesto de la agencia y los fondos federales devueltos en años pasados y los fondos de recuperación recibidos y su uso.

La Ley 141-2019 añade obstáculos a los periodistas y ciudadanos en el acceso a información pública. Esta "Ley de Transparencia" establece el nuevo proceso requerido para la solicitud de información pública que permite al gobierno aplazar la entrega de documentos públicos por cerca de dos meses, a lo que se suma el tiempo que lleva un procedimiento judicial para obligar a la entrega de información.

Para implementar la ley, el 2 de marzo la secretaria de Justicia emitió la Carta Circular 2020-01 con directrices a los jefes de agencia y corporaciones públicas sobre los "elementos indispensables" que deberían contener las reglamentaciones, órdenes administrativas o cartas circulares que deberían promulgar las entidades gubernamentales para dar cumplimiento a las disposiciones del estatuto.

La Carta Circular contiene obstáculos mayores al acceso a información pública e inconsistencias con las disposiciones de la Ley de Transparencia, el derecho fundamental a información pública y la política de apertura y transparencia que proclama el gobierno.

Recientemente, periodistas independientes y de medios alternativos presentaron un recurso judicial de Mandamus contra el Estado Libre Asociado, el Departamento de Justicia y la Oficina del Panel del Fiscal Independiente (OPFEI) basado en la "Ley de Transparencia". Solicitan la entrega inmediata del Informe final sobre investigación del Departamento de Justicia de Puerto Rico sobre el mal manejo de suministros en almacén en Ponce y los informes finales sobre cinco investigaciones delegadas al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia negó entregar la información porque forma parte de una investigación en curso y es parte del sumario fiscal que involucra a la gobernadora Vázquez Garced, a la senadora Evelyn Vázquez y a otros funcionarios que forman o formaron parte de la presente administración.


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