Informe ante la Reunión de Medio Año
19-22 de abril de 2022
En este periodo surgieron varios proyectos de ley que pretenden rectificar los defectos de las leyes sobre acceso a información pública. En particular, la "Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública", Ley Núm. 141-2019, y la "Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico", Ley 122-2019, ambas aprobadas por el destituido gobernador Ricardo Rosselló.
Sin embargo, se registraron medidas gubernamentales y propuestas para fomentar la transparencia.
Para garantizar el acceso, un grupo de legisladores propuso designar oficiales de información en cada agencia, establecer un protocolo uniforme para canalizar las solicitudes de información y tener una entidad fiscalizadora para que vele por el cumplimiento de los procesos. Los legisladores también propusieron crear un registro de solicitudes o portal, para mantener constancia de las solicitudes.
Las Leyes de Transparencia todavía no han logrado su cometido, pues adolecen de precisión en su redacción y obstaculizan la consecución de los propósitos que motivaron su aprobación.
También, el Proyecto 1303 establece que el Instituto de Estadísticas será la entidad gubernamental responsable de implantar la Política Pública de Acceso a la Información; y responsable de mantener el portal de internet con toda la información educativa sobre los procesos de petición. El Proyecto 1303 establece además que toda entidad gubernamental deberá divulgar cierta información de manera rutinaria, sin necesidad de solicitud para su producción, incluyendo: informes de viajes oficiales, presupuesto de la entidad gubernamental y gastos trimestrales, entre otros temas.
El no cumplimiento de esas obligaciones acarreará sanciones administrativas, multas e imposición de honorarios de abogado.
Los periodistas Alex Delgado y Yesenia Torres Figueroa figuran como codemandados en un pleito por difamación radicado por el fiscal Idelfonso Torres por reportajes publicados en el 2018 sobre una investigación a empleados de la AEE, por presuntamente cobrar por certificaciones para restablecer el servicio eléctrico después del paso del huracán María. El fiscal Torres insistió en que Delgado revele su fuente, lo que fue ordenado por el Tribunal de Primera y ratificado por el Tribunal de Apelaciones.
Debido a este caso, la senadora Joanne Rodríguez Veve sometió el Proyecto del Senado 734 para establecer la "Ley para la Protección de Fuentes Periodísticas", para que los periodistas no sean obligados a revelar la identidad de sus fuentes confidenciales ni sean sancionados.
Por otra parte, el Proyecto del Senado 743 busca establecer el "Privilegio del Reportero", para que un periodista no pueda ser declarado en desacato por negarse a revelar la fuente de cualquier información.
El 27 de diciembre de 2021 se aprobó la Ley de Drones, con el fin de prohibir a personas, entidades o agencias estatales la toma y grabación de imágenes por medio de sistemas aéreos no tripulados, en propiedades privadas o donde se tenga una expectativa razonable de intimidad, en ausencia de consentimiento y de una orden de registro, y convierte dicha práctica en delito. Esta ley ha causado preocupación entre algunos juristas, porque afectaría derechos de libertad de expresión.
El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) se ha visto obligado a acudir a los tribunales en múltiples ocasiones para obtener acceso a información pública. En enero, el CPI y el periodista Omar Alfonso, editor del periódico regional La Perla del Sur, radicaron un mandamus para exigir que le entreguen información relacionada a la renegociación del contrato entre la empresa carbonera AES y la AEE.
En noviembre de 2021, el CPI y el periodista Hermes Ayala Guzmán radicaron un Recurso Especial de Acceso a Información Pública en contra del DRNA y la OGPe para que estos últimos entregaran cierta información sobre el corte, la poda y el trasplante de árboles, que había sido solicitada sin éxito.
En su mayoría, los casos fueron resueltos a favor de los peticionarios y del acceso a la información pública solicitada. Los tribunales son la mejor herramienta para hacer valer el acceso a información en manos del Ejecutivo y la Legislatura.
