La violencia sigue siendo la mayor amenaza contra la libertad de prensa. En este periodo cuatro comunicadores fueron asesinados, Arturo Alba Medina, Jesús Piñuelas, Israel Vázquez y Jaime Castaño, y Pablo Romero Chávez sigue desaparecido.
Preocupa la escalada de ataques a medios y periodistas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en un ambiente polarizado, de frente a elecciones y con una pandemia que no se ha podido controlar.
La falta de transparencia en el ejercicio de gasto para publicidad oficial sólo ha facilitado un reparto discrecional a favor de medios que considera aliados.
Arturo Alba Medina era conductor del telediario en Multimedios Televisión y fue abatido a tiros el 30 de octubre de 2020 mientras conducía su vehículo tras salir del estudio donde acababa de informar sobre la corrupción y la delincuencia en el seno de los cuerpos policiales. Tenía 49 años y dos hijos, residía en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Jesús Alfonso Piñuelas, conocido como "El Norris y colaborador en diversos medios de comunicación locales, fue asesinado a balazos en el municipio de Cajeme, en Sonora, el 2 de noviembre de 2020. Era fundador de Zarathustra Press y El Shock de la Noticia. Trabajaba para la Televisora del Pacífico y la Agencia ICE.
Una semana más tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora detuvo a Francisco Bernardo "N", alias "El Foca", quien habría aceptado su culpabilidad.
Israel Vázquez Rangel, reportero de El Salmantino de Salamanca, Guanajuato, fue asesinado a balazos por dos hombres el 9 de noviembre de 2020, mientras cubría el hallazgo de una bolsa plástica conteniendo restos humanos.
Jaime Daniel Castaño Zacarías, director de la página PrensaLibreMx y trabajador del Ayuntamiento de Jerez, Zacatecas, fue asesinado el 9 de diciembre. Desconocidos le dispararon poco después de tomar fotografías de dos cuerpos abandonados en la vía pública.Pablo Romero Chávez labora en la sección policiaca del periódico El Vigía y en la unidad móvil de la estación de radio FM 105, desapareció el 25 de marzo de en Guaymas, Sonora. Luego de perder comunicación con el periodista, sus familiares presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia, que ya investiga el caso. Familiares detallaron que el automóvil del periodista fue ubicado frente a su domicilio sin seguros y la puerta de su casa estaba abierta.
En medio de una crisis de salud y económica crecientes, y con reveses a sus grandes "proyectos de transformación", el presidente López Obrador ha ubicado a los medios como el enemigo a vencer. Desde el espacio público más importante del país, una conferencia mañanera diaria, transmitida por televisión, YouTube y otras redes sociales, ataca permanentemente, con un discurso lleno de descalificativos, a medios de comunicación y periodistas.
El presidente hasta muestra en grandes pantallas portadas de diarios y corrige la línea editorial, mientras aplaude a otros medios que apoyan sus dichos y acciones. Algunos periodistas refuerzan lo que el presidente quiere decir, incluso en contra de compañeros presentes. A esto se suman los ataques a través de ejércitos de bots que critican, amenazan e insultan cualquier voz crítica.
El tema se vuelve tan riesgoso que en su libro "Un daño irreparable", la investigadora Laurie Ann Ximénez-Fyvie recuerda una conferencia donde una periodista del diario Reforma cuestiona la estrategia anti-Covid del subsecretario de Salud, Hugo López Gattel; éste evade responder y ella insiste. Antes de obtener una respuesta clara, la reportera empezó a recibir en sus redes sociales, insultos de cuentas calificadas de "bots".
La tesis central del presidente y su gabinete es que los medios son parte del neoliberalismo, que hace un periodismo colonizante y ha dejado atrás calificativos simplones como prensa fifí. No existen para el mandatario críticas de buena fe, sino opiniones malintencionadas para manchar su obra de gobierno y a él en lo personal.
Se precia, sin embargo, que no ejercerá censura alguna, ni promoverá despidos de comunicadores, ya que él cree en un régimen de libertades. Y deja fuera de sus ataques a los pocos medios que considera leales, el periódico de izquierda La Jornada y a la televisora TV Azteca, parte de otra empresa aliada en el reparto de subsidios populares, que son el eje central de su política social.
El periódico El Universal, uno de los que más insultos ha recibido por parte del presidente, publicó una serie de entrevistas con comunicadores de todo el espectro político sobre la relación Presidencia-medios. Predominaron las críticas y hasta los entrevistados más anuentes al mandatario le sugirieron moderar sus expresiones y ataques.
El 13 de noviembre de 2020 la SIP expresó preocupación por la clausura de una clínica de salud propiedad de la empresa que publica el diario mexicano El Debate, en aparente represalia por la línea editorial del medio. La clausura de la Clínica Mi Salud, de Empresas El Debate, fue considerada por políticos de distintos partidos y funcionarios del municipio de Ahome, en el estado de Sinaloa, como una acción deliberada para perjudicar al diario.
En febrero el senador Ricardo Monreal, del partido Morena, anunció un preocupante proyecto de ley para regular las redes sociales. Lo hizo a través de las mismas plataformas digitales. La iniciativa reformaría la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y entre otros aspectos proponía crear la figura de las "Autorizaciones para los servicios de redes sociales", establecía la definición de redes sociales relevantes para aquellas con un millón o más suscriptores o usuarios, y preveía un sistema de sanciones y multas sobre los contenidos que los usuarios cargan a las plataformas. El proyecto generó polémica por su amenaza a la libertad de expresión y fue retirado.
El capítulo México de la organización Artículo 19 presentó en marzo su informe, concluyendo que "a dos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, persisten dinámicas de estigmatización de la prensa, censura, violación de los derechos humanos y el debilitamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder."
Bajo el nombre de "Distorsión: el discurso contra la realidad", el reporte puso en evidencia que en el 2020 se mantuvo la desinformación desde el gobierno, un intento de control y censura en internet y se registraron 692 ataques contra periodistas.
El Departamento de Estado de EE.UU. presentó su reporte sobre violaciones a derechos humanos que incluye a la periodista Sanjuana Martínez, directora de la agencia de noticias del Estado, Notimex, como la causante de querer acallar periodistas, según se desprende de observaciones de Artículo 19.
López Obrador reprobó que EE.UU. se metiera a opinar y calificó a Artículo 19 de ser "un organismo que está apoyado por el extranjero, toda la gente que tiene que ver con Artículo 19 pertenece al movimiento conservador que está en contra nuestra". El periódico La Jornada, tituló su nota principal: "Financiado por EU, Artículo 19 nutrió el golpe contra México".
En materia de publicidad oficial, prevalece la opacidad y falta de criterios transparentes para distribuir el gasto. El compromiso de regular las publicaciones, tomando en cuenta la penetración y circulación de los medios, no pasó más allá de una declaración.
Derivado de ese hecho, el periódico Reforma publicó que La Jornada, en dos años, ha sido beneficiada con más de 440 millones de pesos en publicidad, "además ha recibido contratos millonarios del Gobierno de la Ciudad de México y de Alcaldías para su filial "Imprenta de Medios".
Para el año 2020 el gobierno federal aprobó $2,452 millones de pesos, casi la mitad del presupuesto aprobado para el año 2019 ($4,165 millones de pesos), y se ejercieron preliminarmente en el 2020 $1,248,779,648 pesos, mientras que en el 2019 se gastaron $3,245,595,820 pesos.
