Honduras

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Informe ante la Reunión de Medio Año
20-23 de abril, 2021
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En este período además de las amenazas contra el ejercicio del periodismo, se agregó la suspensión de garantías constitucionales impuestas por el gobierno durante más de un año debido a la pandemia. Un periodista fue asesinado.

El presidente Juan Orlando Hernández decretó toque de queda absoluto a nivel nacional y aunque se ha ido modificando y relajando, los periodistas han tenido dificultades para ejercer su trabajo.

El Comité por la Libre Expresión (C-Libre) ha registrado 23 incidentes contra periodistas, destacándose robos de información y bloqueo de cuentas en redes sociales y detenciones arbitrarias. Y, según un último informe del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), 29 periodistas están bajo la Dirección General del Sistema de Protección para las y los defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia.

El 19 de diciembre fue asesinado Pedro Arcángel Canelas, propietario de Radio Bambi y presentador del noticiero "Correo Informativo", en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el departamento de Olancho. Un desconocido en motocicleta le disparó a quemarropa. En su último programa el 10 de diciembre, Canelas se refirió al incremento de la violencia en esa zona del país y a la inoperancia de las fuerzas de seguridad.

Muchas organizaciones, analistas y líderes de opinión han señalado que "hablar del manejo de la pandemia supone tomar riesgos", ya sea por la incapacidad en el manejo de las ayudas humanitarias, las compras irregulares de mascarillas, respiradores y por la compra millonaria de hospitales móviles que no han funcionado.

En el último semestre se redujeron las cadenas de radio y televisión ordenadas por CONATEL, que llegaron a ser de hasta tres al día, muchas sobre aspectos irrelevantes.

En lo positivo, los delitos de difamación serán procesados en el ámbito civil, después de que el Congreso Nacional revisó en el nuevo Código Penal los artículos relativos a los delitos contra el honor que criminalizaban y castigaban con cárcel y sanciones pecuniarias el ejercicio de la libertad de expresión.

Sin embargo, el nuevo Código Penal, que el presidente del Poder Legislativo prometió revisar, tiene disposiciones que podrían ser utilizadas para perseguir, reprimir y criminalizar la protesta social, con penas mucho más altas que otros delitos de mayor gravedad. También aumenta la pena de los delitos por coacciones y de instigación a la sedición, vinculadas a conflictos campesinos y de defensa de los recursos naturales.

La Ley sobre Ciberseguridad, aprobada por la Comisión de Dictamen del Congreso Nacional, podría amenazar la libertad de expresión, al establecer medidas para prevenir actos de odio y discriminación en las redes sociales e internet, e imponiendo obligaciones para los dueños o administradores de los sitios web.

La Ley de Secretos Oficiales, aprobada el 24 de enero de 2014, es considerado un obstáculo para el acceso a la información pública, pues blinda con información reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta, con 5, 10 y hasta 25 años, la información relacionada con más de 20 ministerios y direcciones de Gobierno.

Un grupo de periodistas que fue mencionado en una investigación fiscal en contra de 11 funcionarios públicos por el supuesto desvío de fondos en la administración pública. Los periodistas vendieron contratos de publicidad legales, pero fueron acusados en las redes sociales, incidente considerado como una estrategia para desviar la atención de temas de interés nacional.



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