Perú

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Informe ante la Reunión de Medio Año
20-23 de abril, 2021
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Durante las protestas ciudadanas por la vacancia al expresidente Martín Vizcarra y la toma de mando de Manuel Merino en noviembre del 2020, más de 40 periodistas que cubrían las manifestaciones fueron atacados por la Policía Nacional.

Además de las agresiones de parte de los poderes del gobierno, los periodistas han sido atacados por los usuarios de las redes sociales. De acuerdo a la Asociación Nacional de Periodistas, los 223 ataques a periodistas y medios de comunicación en el último año, fueron cometidos por agentes de seguridad (79), civiles (57) y funcionarios públicos (53). Debido a la pandemia han fallecido 135 periodistas por coronavirus, 131 de ellos hombres.

En noviembre, durante las protestas por la vacancia al expresidente Martín Vizcarra, más de 40 periodistas fueron atacados por la Policía Nacional con canicas de vidrio y plomo. Varios de ellos comentaron haber sido atacados adrede y otros por la espalda. Fotógrafos reportaron que fueron prohibidos de registrar los eventos. Entre los medios de comunicación atacados figuran El Comercio, La República, RPP, Canal N, Wayka, ABC España, Exitosa, Huku Comunicaciones, Latina, TV Mar, ATV, AFP, América TV, Reuters, Ojo Público, entre otros. En estas protestas, además, fueron asesinados por las fuerzas del orden dos jóvenes manifestantes.

El discurso contra periodistas y medios se ha radicalizado durante las elecciones por parte de los propios candidatos, nuevos medios de comunicación y miles de usuarios en redes sociales. De hecho, el plan de gobierno de Perú Libre, el partido con el que el candidato Pedro Castillo alcanzó el primer lugar en la primera vuelta electoral, dedica cinco páginas a propuestas que implicarían un cambio absoluto en las reglas del juego de la libertad de expresión y los medios de comunicación privados, desde publicidad estatal y colegiatura obligatoria de periodistas hasta que algunos ministerios aprueben el contenido de canales de televisión y radioemisoras. El plan hace constantes alusiones a las acciones de Rafael Correa, los Kirchner, Fidel Castro y Lenin frente a los medios de comunicación de sus países. También sostiene que la SIP representa los intereses de grupos económicos empresariales y financieros de América, por lo que el país debe "independizarse" de esta organización.

En materia legislativa varios proyectos de ley sobre publicidad oficial siguen sin ser aprobados por el Congreso. También volvió a discutirse la colegiatura obligatoria de periodistas.

Otras iniciativas legales de preocupación son:

Radio y televisión: en octubre del 2020 se presentó un predictamen, aprobado también en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, para modificar la ley de radio y televisión. Se busca prohibir en horario familiar la transmisión de programas cuyo contenido sea violento, obsceno "o de otra índole". Asimismo, "regular la objetividad informativa" en relación a la dignidad de las personas, aunque no se especifica cómo.

Colegiatura: en diciembre del 2020 un nuevo proyecto de ley, presentado por el congresista de Acción Popular Leonardo Inga Sales, propuso la colegiatura de periodistas como "requisito indispensable para el ejercicio de la profesión de los licenciados en las carreras profesionales de periodismo y ciencias de la comunicación".

En marzo del 2021 las bancadas de Alianza para el Progreso, Frepap y Podemos presentaron diversos proyectos de ley para la creación de diferentes colegios profesionales de comunicación en los cuales todo comunicador y periodista deberá registrarse, de manera obligatoria, para ejercer su profesión.

En materia judicial se denunciaron querellas por difamación, entre ellas:

El conductor de programas televisivos de farándula Rodrigo González, conocido como 'Peluchín', fue prohibido en octubre por la jueza María Cecilia Guevara Acuña de referirse públicamente a Susana Umbert, gerente de entretenimiento del canal Latina. González solía criticar y calificar a Umbert, quien luego lo demandó por "violencia contra la mujer".

El youtuber Hugo Javier Pillco fue condenado en octubre pasado a un año de prisión suspendida y a pagarle a Raúl Diez-Canseco, exvicepresidente del Perú, S/.10,000 (unos US$2,700) por difamación, luego de que publicara un video sobre corrupción, en el que mencionó cómo la aerolínea Latam habría logrado su posición actual en el mercado. Pillco señaló que cuando Diez-Canseco era vicepresidente de Alejandro Toledo, ambos habrían recibido dinero de Latam para despejar de competidores el campo de la aviación civil. Pillco rectificó y retiró el video, por lo que Latam retiró la denuncia.

En octubre un contingente policial y funcionarios del Ministerio Público allanaron los medios de comunicación de Ica Cadena Sur, Radio Sistemas y Radio La Mega y se llevaron computadoras, laptops y celulares e intervinieron sus transmisores. La esposa del gobernador de Ica, Mónica Guillén, denunció que estos medios tenían una línea crítica contra ella y el gobierno regional.

El semanario Hildebrandt en sus trece fue acusado en noviembre de no respetar la privacidad y los datos personales del paciente cero de coronavirus, por lo que el Ministerio de Justicia le podría imponer una multa de más de S/.200,000. El semanario señaló que la fuente nunca exigió el anonimato para declarar y explicó que publicar el nombre del paciente –que ya había declarado a otros medios– era materia de interés público ante el inicio de la pandemia. La publicación señaló que la multa los haría quebrar.

A comienzos del 2021 se dio inicio al juicio contra el general Daniel Urresti, mientras era candidato presidencial, por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Durante el juicio, Jesús Gálvez, uno de los testigos, denunció haber recibido presiones para no rendir su testimonio contra el exmilitar. Gálvez contó a un programa de televisión que le habían ofrecido US$5,000 para no declarar. Tras la emisión del reportaje con sus declaraciones, denunció que una persona ingresó a su vivienda y rebuscó en ella como forma de amedrentamiento. Asimismo, contó que entre dos y tres testigos habían acordado testificar a favor de Urresti a cambio de un pago. La abogada de Urresti renunció a su defensa. La nueva defensa, luego, intentó negar que Bustíos hubiera sido periodista.

El periodista Carlos Paredes, autor del libro El perfil del lagarto, una investigación sobre el expresidente Martín Vizcarra, recibió diversas amenazas tras la publicación del libro.

En marzo se conoció que el Poder Judicial ha determinado que el director periodístico del diario Correo, Iván Slocovich, fue condenado a un año de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de S/.7,000 (unos US$1,800) por reparación civil por utilizar una noticia del año 2001 como una fuente para un artículo que publicó en el 2016 en el que mencionaba a Álvaro Castro Osores como "implicado en un proceso judicial para encubrir a Vladimiro Montesinos". El PJ ha señalado que Slocovich no comprobó la fiabilidad o viabilidad de la fuente pues Castro no estuvo involucrado en un "proceso penal" sino en una "denuncia penal".

El periodista Carlos Alberto Tafur, del programa Señal Informativa Digital de Radio Stereo G 96.5 de la región Amazonas, informó en marzo que recibió amenazas de muerte tras revelar irregularidades en tres municipalidades distritales de su región. Tafur ha denunciado un presunto perjuicio económico por falta de ejecución de obras en Amazonas.

Durante el breve periodo presidencial de Manuel Merino, su gobierno intentó censurar la cobertura de las protestas en su contra en Canal 7, un canal del Estado. En respuesta, el consejo directivo de la institución y su gerente de prensa, Renzo Mazzei, renunciaron a sus cargos.

Tras la asunción de Francisco Sagasti a la presidencia, luego de la renuncia de Manuel Merino, se retomaron las conferencias de prensa presenciales para periodistas y medios de comunicación. Éstas habían sido suspendidas durante el gobierno de Martín Vizcarra; los periodistas no podían asistir a ellas ni física ni virtualmente.

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