El Salvador

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Informe ante la Reunión de Medio Año
20-23 de abril de 2021
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La libertad de expresión y de prensa experimenta el más grave deterioro de la posguerra, con un gobierno que presiona, amenaza y expresa abiertamente desprecio, hacia los medios y periodistas independientes e instituciones.

Funcionarios y personajes ligados al gobierno atacan a los periodistas a través de redes sociales y de medios gubernamentales.

El discurso de odio hacia los periodistas y medios independientes se ve subrayado en un tuit escrito por el que se considerada el próximo presidente de la Asamblea Legislativa por el partido de gobierno, Ernesto Castro, en el que le dice a La Prensa Gráfica: "Ya no escriben. Ladran... ya no hacen periodismo. Escupen", y concluyó con la amenaza: "Hay que tratarlos como lo que son. Pronto entenderán".

Esa animadversión oficial se está traduciendo en amenazas de muerte anónimas, como contra Bryan Avelarn, periodista de la revista Factum, y Marcela Galeas, columnista de El Diario de Hoy, que denunció amenazas y acoso a través de las redes sociales por parte de individuos afines al gobierno del presidente Najid Bukele. Tras su denuncia, la Fiscalía General de la República inició una investigación.

Tatiana Marroquín, asesora del FMLN y columnista de El Faro, también ha sufrido ataques similares. Estos ataques son una consecuencia del discurso de odio desde Casa Presidencial hacia los periodistas, que crea falsas licencias para que simpatizantes del gobierno los ataquen y amenacen.

El gobierno busca asfixiar a los medios no afectos y utiliza la pauta publicitaria para premiar o castigar. También retacea información. Los periodistas de los medios independientes, entre ellos de El Diario de Hoy y Canal 33, son excluidos de las conferencias de prensa del gobierno.

La Mesa de Protección a Periodistas (MPP) denunció 94 casos de restricciones, en el primer trimestre de 2021, entre declaraciones estigmatizantes, bloqueo al acceso a la información pública, acoso digital, amenazas verbales, agresiones físicas, acoso sexual y amenaza a la vida. Entre otros casos preocupantes señala una metodología para inhibir a los periodistas, que incluye la toma de fotografías de casas de los periodistas -como denunciaron Yolanda Magaña, de diario El Mundo y Adriana González, de Teleprensa, de Canal 33- abuso de poder de autoridades de seguridad pública y expresiones de acoso a mujeres periodistas.

En un tuit del 26 de marzo, el presidente Bukele dijo que "la libertad de expresión es un derecho fundamental que será garantizado al 100% en nuestro país; pero ese derecho también nos incluye a nosotros, así que podemos reírnos libremente de las ridiculeces que publican estos panfletos".

Angélica Cárcamo, presidenta de la (Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), dijo que, antes, las agresiones contra periodistas "se daban por violencia común, violencia de pandillas, fuentes anónimas o gobiernos locales, pero hoy la mayoría de los casos se concentran en el Ejecutivo".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) se mostraron preocupadas ante los "señalamientos" y "acoso" contra periodistas por parte de altos funcionarios. La CIDH ha emitido una serie de medidas cautelares, que el gobierno de Bukele está obligado a cumplir, para salvaguardar la integridad del personal del periódico digital El Faro y que son extensivas para las demás publicaciones y periodistas salvadoreños.

Los ataques también provienen de medios oficialistas, como el gubernamental Diario El Salvador, que acusó al periodista William Hernández, de El Diario de Hoy, ligándolo con gobiernos anteriores. Estas acusaciones tienen el propósito de "ablandar" a quienes no son afectos al régimen de Bukele.

El diputado electo Carlos Hermann Bruch, incondicional del régimen, también lanzó ataques en las redes sociales contra los periodistas Paolo Lüers y Mario González, de El Diario de Hoy.

La presión gubernamental sobre los "medios incómodos", que incluye el castigo mediante la suspensión de la pauta publicitaria estatal, ha llevado a cerrar espacios de investigación y análisis independientes como Focos, en el canal 33 de Televisión. Según sus fundadores, la cancelación del espacio obedece a presiones para que el canal reduzca sus contenidos periodísticos.

El bloqueo contra el canal 33 comenzó hace poco más de un año, cuando el medio decidió apostar por un periodismo más crítico e independiente. La denuncia de descargas de paquetes de alimentos a un local que comparte el partido oficialista Cambio Democrático, fue motivo para que el gobierno redoblara su presión hacia el medio, según fuentes del mismo. Luego excluyó a los periodistas de las conferencias de prensa, en las que solo se reservan preguntas para los medios alineados.

El gobierno también expuso públicamente a través de sus medios al columnista de El Diario de Hoy, Paolo Lüers, mientras se vacunaba, diciendo que a pesar de ser opositor, el gobierno lo vacunaba. Fotógrafos de El Diario de Hoy también fueron expuestos al ser vacunados.

El gobierno de Bukele y su Secretaría de Prensa acreditaron como "periodistas" a más de 500 personas, muchos de ellos sin serlo con el propósito de servirle al oficialismo de caja de resonancia en las redes sociales.

Previo a la publicación de un reportaje que denunciaba el tema, el secretario de Prensa de Bukele, Ernesto Sanabria, atacó al periodista Hernández, autor de la nota.

"La estigmatización de medios y la incitación a la violencia contra periodistas es promovida por funcionarios de gobierno, incluido el presidente de la República, Nayib Bukele, y el secretario de prensa de Casa Presidencial, Ernesto Sanabria. Esta práctica lleva el propósito de minar la credibilidad de los periodistas independientes", pero también los vuelve blanco de estigmatización y de incitación a la violencia, dijo Serafín Valencia, Relator de Libertad de Expresión de la APES.

Uno de los supuestos periodistas acreditados por el gobierno, Roberto Silva, un youtuber ligado al oficialismo, fue detenido por la Fiscalía General bajo cargos de acosar y agredir a la diputada Karina Sosa y a la excandidata a diputada Daniela Genovez poco después de las elecciones. Silva fue recluido en prisión mientras se le procesa por los delitos de acoso y expresiones de violencia contra la mujer.

Wendy Hernández, periodista del oficialista Canal 10, fue acosada por un representante del partido ARENA, Jaime Perla Flores, en las mesas de recuento de votos. Fue detenido y es procesado en libertad.

La fotoperiodista Jessica Orellana, de El Diario de Hoy, fue sujetada del cuello y sacada a empellones cuando tomaba fotos de Bukele votando en la pasada elección de diputados y concejos.

El gobierno de Bukele utiliza para propaganda y desinformación a los medios privados que han sido confiscados por el Estado.

La MPP apuntó que existe "instrumentalización de los medios de Gobierno (canal 10, Radio Nacional y Diario El Salvador) para hacer propaganda gubernamental y desinformación". La narrativa gubernamental es replicada por al menos 20 medios tradicionales, con el apoyo de youtubers y otras plataformas digitales.

El establecimiento de reservas o calidad de confidencial, es la práctica del gobierno en relación con los grandes temas de país, entre ellos el plan de vacunación y la inversión que requiere.

El Ministerio de Salud ordenó reservar esa y otras informaciones sobre el manejo de pandemia entre tres y cinco años.

El Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia y de Recuperación Económica también denunció ante la Fiscalía General de la República a los ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Turismo (Mitur) y Ministerio de Salud (Minsal), por no entregar información requerida sobre los gastos en la pandemia.

Al mismo tiempo persisten los cuestionamientos al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que se ha visto debilitado con recientes cambios en su estructura y procedimientos y que tiene entre sus miembros a una funcionaria que anteriormente fue candidata por el oficialista partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), cuando se requiere imparcialidad en esos cargos.

En contraposición, la comisionada Liduvina Escobar ha denunciado que sufre bloqueo, marginación y hostigamiento de parte de los otros directivos del IAIP por defender posiciones en favor de la transparencia y el acceso a la información pública.


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