Paraguay

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Informe ante la Reunión de Medio Año
Abril 20-23, 2021
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En este período de crisis social y protestas por falta de respuesta del gobierno a los reclamos de la ciudadanía ante la pandemia, continuaron las agresiones y los ataques contra periodistas en medio de pedidos de medios y asociaciones de prensa por mayor transparencia en agencias del gobierno.

Tras un amparo constitucional presentado por el periodista Juan Carlos Lezcano, de ABC Color, un juez ordenó hacer públicas las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos del país desde 1992, a través de la web del ente contralor.

En octubre, el periodista Aníbal Gómez Caballero denunció irregularidades en el manejo de la causa por difamación y calumnia impulsada en su contra por el diputado Robert Acevedo (PLRA), en perjuicio del derecho a la defensa, con lo que buscaría un precedente para disuadir a todos los periodistas de Pedro Juan Caballero que critiquen a dicho diputado.

En noviembre, una abogada defensora del ex legislador Óscar González Daher, consultó en pleno juicio oral a la periodista Mabel Rehnfeldt, de ABC Color, si sabía que difundir audios filtrados está "penado por ley". La periodista se había presentado a declarar como testigo en el juicio oral por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) que a fines de 2017 sacaron a luz el esquema de corrupción encabezado desde el JEM por el entonces senador colorado Óscar González Daher.

Recién en enero, la fiscala Lolia Zunilda Martínez se comunicó con Gustavo Galeano, reportero gráfico del diario La Nación, detenido y golpeado por agentes de la Base Naval de Ciudad del Este en marzo de 2020 mientras intentaba realizar una cobertura.

En enero, el fotógrafo Luis Enríquez, del diario Última Hora, fue amenazado por guardias para que por "razones de seguridad" mantuviera distancia de la zona de obras del paso peatonal entre el Parque Ñu Guasu y el Comité Olímpico Paraguayo. Las imágenes revelan la falta de condiciones seguras para los trabajadores en esta obra.

En marzo, un Tribunal de Apelación ratificó una sentencia que rechazó un habeas data presentado contra ABC Color y Última Hora por Claudio Notoli Micheli, quien pretendía eliminar los registros de publicaciones de marzo de 2013 en el aeropuerto Silvio Pettirossi que concluyó con su arresto y la incautación de casi 3,5 kilos de oro. La jueza sostuvo que tal pretensión se oponía al derecho a la información por ser publicaciones de hechos acontecidos, no informaciones de índole personal que pudieran afectar su intimidad.

En marzo, el periodista Alexis Aveiro, de canal C9N, presentó una denuncia ante la policía después de ser atacado por un grupo de simpatizantes del titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre. También fue agredido el periodista Osvaldo Cazenave, de ABC Color.

En marzo, Telefuturo publicó que varias personas tienen que viajar a Clorinda, Argentina, en busca de medicamentos que faltan en los hospitales del país. Otros medios acusaron al canal de delatar a quienes están desesperados por conseguir medicinas.

En marzo, el juez Elio Ovelar declaró que se siente atacado por ABC Color. El magistrado está siendo investigado por la Contraloría General a raíz de varias publicaciones de ABC Color sobre el millonario crecimiento patrimonial que experimentó junto con su esposa, la fiscala Marlene González. El juez está a cargo de la querella por difamación contra la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista de ese diario, Juan Carlos Lezcano, promovida en setiembre de 2019 por la ex viceministra de Tributación Marta González Ayala. González promovió la querella sobre la base de tres publicaciones de marzo de 2019 sobre un proceso de licitación y adjudicación de contrato para la actualización tecnológica del sistema de Gestión Tributaria "Marangatú". Las publicaciones que motivaron la acción penal se basan en datos públicos de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda.

El caso nunca debió llegar a juicio por la protección que otorga la Constitución Nacional a la prensa y preocupa que el sistema judicial sumiso al poder político así lo permitiera en un intento de amedrentamiento a los medios.

En abril, la Entidad Binacional Yacyretá fue denunciada por desacato por incumplir la Ley de Transparencia debido a que no proveyó todas las informaciones sobre sus gastos en inversiones sociales. El reclamo por información fue presentado por un periodista del Grupo La Nación.

En abril, la Sociedad de Comunicadores del Paraguay acceder a información del Consejo de Administración de Itaipú sobre la posición de los consejeros paraguayos. Ante recientes eventos como la firma de la llamada Acta Secreta, también requirieron la transmisión en vivo de las reuniones del Consejo de Administración a través de la página web de la entidad u otra plataforma accesible, y la realización de informes sobre dichos encuentros y conferencias de prensa, con accesos virtuales para la ciudadanía.

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