Impunidad Brasil

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Reunión de Medio Año
20 - 23 de abril de 2021
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CONSIDERANDO que, debido a la pandemia de Covid-19, aún no se ha efectuado el juicio de los cinco acusados ​​de participar en la muerte del locutor de radio Valério Luiz, que había sido programado para el 23 de junio de 2020 y se pospuso por la interrupción de actividades; que el periodista fue asesinado en 2012 cuando salía de la radio donde trabajaba en Goiânia, estado de Goiás; que fueron acusados Urbano de Carvalho Malta, Marcus Vinícius Pereira Xavier, Ademá Figueredo Aguiar Filho, Djalma Gomes da Silva y el expresidente del Atlético Goianiense, Maurício Borges Carvalho, este último considerado autor intelectual del crimen; que hasta el 12 de abril de 2021 no se había fijado una nueva fecha para el juicio

CONSIDERANDO que el 7 de abril de 2021, fecha en que se celebra el Día del Periodista en Brasil, representantes de la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), Artículo 19, Conectas Derechos Humanos, Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social, Federación Nacional de Periodistas (FENAJ), Instituto Vladimir Herzog, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) han presentado carta pública a los presidentes del Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), y de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (PP-AL), en la que solicitan a Pacheco y Lira comprometerse con la libertad de prensa y la seguridad de periodistas y comunicadores del país

CONSIDERANDO que en el documento las entidades formulan recomendaciones para que los líderes del Congreso Nacional actúen en la defensa de un ambiente seguro para la prensa, garantizando mecanismos de transparencia y acceso a la información; que las entidades advierten también sobre el impacto negativo que tendría la aprobación de los proyectos de ley que actualmente se tramitan en el Senado y la Cámara de Diputados cuyo objetivo es restringir el trabajo de periodistas y comunicadores

CONSIDERANDO que en dicha carta las entidades mencionan la reedición de la Cartilla Aristeu Guida da Silva por parte del Ministerio de Derechos Humanos, que contiene los estándares internacionales y las obligaciones del Estado brasileño respecto de la libertad de expresión y los derechos de los periodistas y comunicadores; que la cartilla fue publicada por recomendación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en acuerdo entre el Estado brasileño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre la base de la constatación de que el asesinato de Aristeu Guida da Silva no fue debidamente investigado y sancionado

CONSIDERANDO que, en respuesta a la carta, el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, afirmó que pediría al sector de comunicaciones del Senado realizar una "campaña de garantía de información con equidad, independencia y autonomía, eliminando cualquier tipo de violencia en relación con los profesionales cuyo principal objetivo es la información"

CONSIDERANDO que el Proyecto de Ley No. 2874/2020, presentado por el Senador Weverton Rocha Marques de Sousa (PDT-MA), se encuentra en trámite en el Senado, que modifica el Código Penal de 1940 y propone aumentar la pena por el delito de lesiones corporales contra los profesionales de la prensa en el ejercicio de su profesión o debido a ello

CONSIDERANDO que permanecen sin castigo los autores intelectuales de los crímenes contra Aristeu Guida da Silva, asesinado el 12 de mayo de 1995 en el municipio de São Fidélis, en el estado de Río de Janeiro; Manoel Leal de Oliveira, asesinado en enero de 1998 en Itabuna, Bahía; Ivan Rocha, desaparecido en abril de 1991 en Teixeira de Freitas, Bahía; Reinaldo Coutinho da Silva, asesinado el 29 de agosto de 1995 en São Gonçalo, Río de Janeiro; Edgar Lopes de Faria, asesinado el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, y José Carlos Mesquita, asesinado el 10 de marzo de 1998 en Ouro Preto do Oeste, Rondônia

CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que "El asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".

LA REUNIÓN DE MITAD DE AÑO DE LA SIP RESUELVE

Apoyar y reforzar las recomendaciones formuladas en la Carta Pública al Congreso Nacional en Defensa de la Libertad de Expresión en Brasil, organizada por las entidades Abraji, Artículo 19, Conectas Derechos Humanos, Intervozes, FENAJ, Instituto Vladimir Herzog, CPJ y RSF

Solicitar el cumplimiento de las normas internacionales de las que Brasil es signatario, contenidas en la Cartilla Aristeu Guida da Silva que fue relanzado por el gobierno brasileño, entre ellas, que "los representantes del Estado no deben adoptar discursos públicos que expongan a periodistas y otros comunicadores a mayor riesgo de violencia o aumentar su vulnerabilidad "; y que "las autoridades estatales reconozcan constante, explícita y públicamente la legitimidad y el valor del periodismo y la comunicación, incluso en situaciones en las que la información pueda resultar crítica o inconveniente para los intereses del gobierno"

Solicitar apoyo con estructura física y recursos humanos para la realización del juicio a los acusados por el asesinato del periodista Valério Luiz, así como para otros casos que estén siendo investigados en los que los implicados en el asesinato de periodistas en el ejercicio de su profesión aún no hayan sido identificados y castigados

Solicitar garantías para que la sociedad civil tenga garantizado su derecho de participación en la Comisión Permanente por el Derecho a la Comunicación y Libertad de Expresión, vinculada a la CNDH

Solicitar el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado brasileño ante situaciones de amenazas, agresiones y asesinatos de comunicadores denunciados por la SIP a través del proyecto Impunidad, y que también fueron objeto de audiencias públicas en la CIDH con participación de la SIP y otras organizaciones de derechos humanos a lo largo de 2020.

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