Paraguay

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Informe ante la Reunión de Medio Año

19-22 de abril de 2022

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Las amenazas a los periodistas, sumadas al acoso judicial mediante querellas utilizadas como formas de censura indirecta, demuestran el escenario difícil para el ejercicio de la libertad de prensa.

En noviembre, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados dio el dictamen favorable al proyecto de ley "De protección a periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos", impulsado por las diputadas Roya Torres y Esmérita Sánchez (PLRA) y Rocío Abed (ANR) para dotar a los comunicadores de un marco jurídico adecuado para su profesión.

También destaca en este semestre el incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de la entidad binacional Itaipú.

Otro caso de ocultamiento de la información se dio desde el Banco Central del Paraguay (BCP), que respondió a un pedido de informes hecho por el Senado acerca de lavado dinero y préstamos otorgados por el expresidente de la República Horacio Cartes, sobre la quebrada financiera Aara y el procesado Ramón González Daher, con un documento de más de 100 páginas completamente ilegible, ya que su contenido estaba tachado.

Hechos relevantes en este período.

En octubre, la jueza Olga Ruiz González declaró la extinción de la querella presentada por la firma Green SA contra el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano. La empresa había querellado al comunicador por sus publicaciones sobre una licitación declarada irregular.

En noviembre, los abogados Raúl Prono y Arturo Daniel, representantes del diario La Nación, denunciaron ante la Fiscalía que personas no identificadas utilizaron el logo del diario para difundir una noticia falsa en la red social Twitter. La investigación quedó a cargo de la fiscala de la Unidad de Delitos Informáticos, Irma Llano.

En diciembre, Flavio Acosta Riveros, uno de los autores del doble homicidio del periodista de ABC Color Pablo Medina y su asistente, Antonia Almada, cometido el 16 de octubre del 2014 en Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú, fue declarado culpable por el Tribunal do Júri de Curitiba, Brasil, y condenado a 36 años de prisión.

En enero, el intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, acusó en la radio 650 AM a los medios de prensa de realizar una campaña de desprestigio en su contra. En meses anteriores, ya había publicado la misma acusación en sus redes sociales señalando a ABC Color.

En enero, Itaipú Binacional remitió a la Corte Suprema de Justicia una nota en la que tildó de inconstitucional el amparo promovido por los diputados Kattya González (PEN) y Édgar Acosta (PLRA) ante las reiteradas negativas de la entidad binacional a brindar información pública.

En enero, el juez penal de garantías Agustín Delmás hizo lugar al amparo promovido por el periodista de ABC Color Juan Carlos Lezcano y ordenó a la Contraloría General de la República (CGR) publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de todos los funcionarios públicos correspondientes a los años 2020 y 2021.

En enero, Bruno César Benítez, conductor del programa Info Mañanero de radio La Voz FM, de Capiibary, departamento de San Pedro, denunció un atentado cometido por desconocidos que dispararon a su vehículo mientras estaba trabajando.

En enero, el tribunal de sentencia unipersonal presidido por el juez Víctor Alfieri condenó al periodista Marcos Velázquez a un año y nueve meses de pena privativa de libertad por los hechos de difamación, calumnia e injuria contra Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). También le impuso una multa de 20 millones de guaraníes.

Un caso similar tuvo lugar en diciembre con el periodista César Ávalos, condenado a un año y seis meses de pena privativa de libertad por los hechos de calumnia e injuria contra el presidente de la Conmebol, quien lo querelló por una publicación realizada hacía más de dos años en su cuenta de Twitter.

En febrero, se pospuso el inicio del juicio oral a la directora de ABC Color, Natalia Zuccolillo, y al periodista de ese diario Juan Carlos Lezcano. Ambos habían sido querellados en septiembre de 2019 por la exviceministra de Tributación Marta González a raíz de publicaciones sobre irregularidades en su gestión. Las publicaciones que motivaron la acción penal se basan en datos públicos de la Dirección General de Contrataciones Públicas del Ministerio de Hacienda.

En febrero se cumplieron dos años del asesinato del periodista brasileño Leo Veras a manos de sicarios armados, en su domicilio de Pedro Juan Caballero. Ese crimen derivó en la conformación de la Mesa Institucional de Seguridad para Periodistas, en busca de brindar garantías a los periodistas ante el auge de la mafia fronteriza. El presunto autor del homicidio, Waldemar Pereira Rivas, debe afrontar juicio oral y público próximamente.

En marzo, la diputada Cristina Villalba (ANR), durante la primera sesión del año de la Cámara de Diputados, pidió debatir sobre el "narcoperiodismo", y señaló como "una de las víctimas" al periodista de ABC Color Pablo Medina, asesinado en 2014. La diputada agregó la pregunta: "¿Cuánto era el salario de Pablo Medina, que le obligó a formar parte de un sistema?", con lo que insinuó que el comunicador estaba involucrado con el narcotráfico. Cabe recordar que en 2014, días después del asesinato de Medina y su asistente Antonia Almada, el fiscal Javier Díaz Verón reportó que la diputada Villalba lo llamó para interceder por el entonces intendente de la ciudad de Ypehu Vilmar Acosta, quien fue condenado en 2017 a 39 años de cárcel por el doble homicidio, antes de que se emitiera orden de captura contra él y de que se hiciera público que era sospechoso.

En marzo, en audiencia telemática ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Ana Morra y Dante Leguizamón, viuda e hijo del periodista Santiago Leguizamón, asesinado en 1991, sindicaron como autores morales al general Andrés Rodríguez, expresidente de Paraguay, y al narcotraficante Fahd Jamil Georges, preso actualmente en Brasil. La audiencia es parte del proceso por el cual la Corte IDH definirá las medidas de reparación de parte del Estado paraguayo por el asesinato del periodista. Las partes deben presentar los alegatos finales hasta el 25 de abril.

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