No se registraron hechos sistemáticos de agravios contra la libertad de prensa, aunque un caso que involucró a jueces y fiscales causó conmoción a la opinión pública y en los medios de comunicación.
Informe ante la Reunión de Medio Año
19-22 de abril de 2022
No se registraron hechos sistemáticos de agravios contra la libertad de prensa, aunque un caso que involucró a jueces y fiscales causó conmoción a la opinión pública y en los medios de comunicación.
El 1 de febrero Ignacio Álvarez, director del programa La Pecera en Radio Azul, reprodujo grabaciones de audio sobre la violación a una mujer. Una diputada del Partido Comunista, Micaela Melgar, denunció que el programa estaba presentando a la víctima como partícipe de un acto consensuado. Concluyó que "la difusión de grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, sin su autorización, es delito".
A raíz de ese episodio, la fiscal Mariana Alfaro solicitó a la jueza Patricia Rodríguez Barreto el allanamiento de la Radio Azul y de la casa del periodista, y la incautación de los dispositivos electrónicos (celulares, tablets, computadoras) y soportes de almacenamientos (pendrives y discos duros). La jueza avaló además el cambio de contraseñas de dispositivos, aplicaciones y redes, "a fin de que no se frustre la investigación".
Luego de que varios ministros de gobierno y medios de comunicación expresaran su rechazo a la actuación de la fiscal y la jueza, bajo argumentos de que se estaba censurando a un medio de comunicación y contraviniendo principios constitucionales sobre la libertad de prensa; la justicia dio marcha atrás a las investigaciones y archivó el caso.
En referencia a este caso, quedó como motivo de preocupación comprobar la existencia de la Ley 19580, la que en más de un artículo establece especificaciones ambiguas, que pueden derivar en castigo de cárcel por el ejercicio de la libertad de expresión. El hecho inquietó, debido a que Uruguay es uno de los países que se destaca por la defensa y el amparo al ejercicio de la actividad periodística y de la libertad de expresión, y en el que los delitos de comunicación estaban fuera de la órbita de la justicia criminal y se sustancian por la vía civil.
El tema debe ser analizado con detención por especialistas para pedir al Gobierno y el Parlamento las modificaciones que sean necesarios para resguardar la libertad de expresión, que ampara a todas las personas y es la primera y custodio de todas las demás libertades.
