Carlos Jornet - Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información

Estamos cerrando un semestre negro para el periodismo de las Américas, cargado de acciones ominosas contra las libertades de expresión y de prensa. Un período que, junto al semestre anterior, iniciado en abril de 2021, definen un año con cifras récord de periodistas asesinados, encarcelados, condenados y forzados al exilio, y medios de larga trayectoria allanados y expropiados por gobiernos autoritarios y alejados de toda institucionalidad.

Todo esto ocurre, a su vez, en un contexto extremadamente adverso, que complica la sostenibilidad de las empresas.

El mundo vive los que al parecer son los últimos coletazos de la pandemia que nos afecta desde hace dos largos años. Pero cuando comenzábamos a reponernos de ese tsunami, la invasión de Rusia a Ucrania desencadenó una tragedia humanitaria en el corazón de Europa.

Permítanme leer un párrafo vinculado con el conflicto que nos mantiene en vilo. Dice así:

"Unidades rusas especiales invadieron Ucrania y ocuparon instalaciones clave. El gobierno ruso y el presidente Putin en persona negaron una y otra vez que se tratara de tropas rusas y las describieron como 'grupos de autodefensa' espontáneos que podían haber adquirido equipamiento de apariencia rusa en tiendas locales. Mientras hacían esta ridícula afirmación, Putin y sus ayudantes sabían muy bien que estaban mintiendo".

Y agrega:

"Los nacionalistas rusos pueden excusar esta mentira aduciendo que servía a una verdad superior. Rusia está enzarzada en una guerra justa, y si está bien matar por una causa justa, ¿no es evidente que también está bien mentir? La causa superior que en teoría justifica la invasión de Ucrania es la preservación de la sacrosanta nación rusa".

El texto fue escrito por el historiador israelí Yuval Harari y es parte de su libro 21 lecciones para el siglo 21. Como ya habrán podido deducir –porque esa obra fue editada en 2018–, Harari no habla de la guerra actual sino de la invasión de la península de Crimea, en 2014.

¿Por qué lo menciono hoy? Porque la misma matriz fue aplicada por Putin para lanzar la embestida actual contra Ucrania. Y aquel "episodio" de Crimea, que no motivó grandes reacciones de la comunidad internacional, fue entonces la antesala del drama que hoy nos sacude.

El mismo Harari recuerda las quejas ucranianas por el hecho de que Putin hubiera conseguido engañar a muchos medios occidentales respecto de las acciones en Crimea y Donbas. Y advierte en el libro:

"Estamos viviendo en una terrible era de posverdad, cuando no sólo incidentes particulares concretos sino historias y naciones enteras pueden falsificarse. (...) A todas las noticias falsas subyacen hechos reales y sufrimiento real (...) Miles de personas han muerto de verdad".

Por fortuna, América hace décadas que no vive situaciones bélicas como las que padece Ucrania. Pero sufre otras "guerras". "Guerras" que también se iniciaron con "incidentes menores" y que luego fueron escalando.

Me refiero a las embestidas que gobiernos de origen democrático, con fuerte deriva autoritaria, desatan contra los derechos ciudadanos, contra la libertad y la vida de inocentes. En algunos casos, en aras también de presuntas verdades superiores, de una causa justa.

A ello se suma el accionar de la narcodelincuencia y otras formas de crimen organizado, que aprovechan la impericia estatal, cuando no una abierta complicidad, para intentar (y en muchos casos lograr) imponer su ley en vastos territorios.

En estas "invasiones" contra la institucionalidad, contra los derechos humanos esenciales, periodistas y medios están en general entre las primeras víctimas, tal como ocurre también en Ucrania, donde ya se contabilizan al menos ocho colegas muertos mientras ejercían su labor.

La gravedad de lo que ocurre en nuestro continente queda expuesta de modo contundente cuando vemos que en lo que va del año México acumula la misma cifra de periodistas asesinados que un país devastado por la guerra: ocho, apenas uno menos que en todo 2021.

Y desde nuestra asamblea de octubre son 10 los comunicadores muertos por ataques en ese país, y 15 si contabilizamos los 3 asesinados en Haití, uno en Guatemala y otro en Honduras. Si hacemos el cálculo desde abril de 2021, en 12 meses fueron 24 los periodistas asesinados en el continente, 16 de ellos en México.

¿Es sólo una falla de los sistemas de protección de periodistas? Son evidentes, como luego veremos, las deficiencias de los mecanismos de seguridad para la prensa implementados por el gobierno mexicano, así como por los de Colombia, Brasil y Honduras.

Pero no es la única razón que explica este pico de violencia. Hay una clara irresponsabilidad de la que muchos mandatarios y funcionarios eluden hacerse cargo. El 4 de febrero pasado advertimos, en una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, que "cuando se confronta con el periodismo como estrategia política, se abre la puerta a los violentos, a los intolerantes".

Y agregamos: "Denigrar a la prensa desde la cima del poder no es un juego dialéctico, una esgrima verbal sin consecuencias. Y menos aún en horas oscuras como las que vive México".

Lamentablemente, nuestro pedido de mesura, y uno casi simultáneo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los que luego hicieron el Parlamento Europeo y otros organismos y entidades internacionales, sólo merecieron descalificaciones de parte de López Obrador.

El presidente sigue con sus estigmatizaciones y burlas a periodistas y medios. Parece desconocer que los ataques contra la prensa aumentaron 85 por ciento desde que él asumió la Presidencia, según un informe de la organización Artículo 19. El mismo reporte estimó que en 2021, el presidente y sus funcionarios difamaron a la prensa al menos 71 veces.

Por ello, desde esta tribuna le decimos una vez más: presidente López Obrador, afronte la gravedad de la hora. Suspenda ya todo discurso estigmatizante contra medios y reporteros. Si no puede frenar la violencia, al menos no la aliente.

Las agresiones y ataques a periodistas y medios se han multiplicado en los últimos tiempos en países de las tres Américas. Y en ello tienen en general mucho que ver discursos políticos descalificantes y confrontativos hacia la prensa.

Jefes de Estado de la región o dirigentes cercanos a ellos apelan con frecuencia a esta práctica, en un intento por desacreditar de antemano investigaciones o denuncias que publiquen los medios. Y ello va acompañado de acosos judiciales o administrativos, amenazas de cancelar publicidad oficial a medios críticos y restricciones de acceso a información pública y para coberturas informativas.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha pasado ya a una instancia superior de la escalada contra la prensa independiente. Su gobierno aprobó varias leyes para restringir el trabajo periodístico y arrecian abusos, atropellos, amenazas y expresiones hostiles contra medios y comunicadores.

¿Y qué decir del régimen venezolano que encabeza Nicolás Maduro? Los ataques sistemáticos y las persecuciones contra el periodismo independiente culminaron con la toma de las instalaciones del diario El Nacional por parte de las Fuerzas Armadas. Lo hicieron sobre la base de una absurda e ilegal sentencia por presunta difamación, en un juicio iniciado por Diosdado Cabello, uno de los exponentes del chavismo.

Venezuela logra así un triste récord de más 120 medios que desaparecieron o debieron quedar sólo con versiones digitales bajo el régimen de Maduro, por el ahogo que se les impuso.

Pero sin duda que la persecución administrativa y judicial más grave en estos últimos seis meses tuvo lugar en Nicaragua.

Ya no hay espacio para actitudes tibias, especulativas o confusiones de falsos progresistas: el matrimonio Ortega-Murillo busca la extinción del periodismo independiente.

Sus ansias de poder no admiten críticas. En su concepción, no hay lugar para la libertad de pensamiento. Quien piensa distinto y se atreve a expresarlo, debe ir preso o exiliarse.

El colega Emilio García-Ruiz, director del San Francisco Chronicle, decía en estos días en una entrevista que lo primero que hace un fascista es atacar a la prensa. Esto lo sabemos muy bien en Latinoamérica. Y no nos sorprende.

Lo que sigue sorprendiendo es que intelectuales y políticos presuntamente progresistas sigan apoyando a dictadores como Ortega. O no sorprende, porque los extremos ideológicos siempre se asemejan. Cada vez cuesta más diferenciar a populistas de derecha y de izquierda.

Se estima que, desde junio de 2021, 75 periodistas y dueños de medios fueron forzados al exilio. Y después de la burda parodia electoral del pasado 7 de noviembre, la Justicia del régimen montó simulacros de juicios para condenar de manera irregular con varios años de cárcel a dirigentes, a activistas y a seis periodistas, tres de ellos directivos de La Prensa. Entre estos, nuestro vicepresidente regional Juan Lorenzo Holmann Chamorro, gerente general de ese emblema del periodismo nicaragüense.

Este ataque a la libertad de prensa completa la embestida iniciada el año pasado con el asalto a las instalaciones de La Prensa, de Confidencial y de 100 por ciento Noticias.

Elevamos por ello nuestra voz para decir: Daniel Ortega, no siga traicionando el ideal de libertad del pueblo nicaragüense que alguna vez usted enarboló y hoy reprime con salvajismo.

Nicaragua se asemeja hoy, cada vez más, a la Cuba castrista, donde dos colegas debieron exiliarse recientemente y otros dos fueron encarcelados.

En la isla se reiteran las persecuciones y ataques a periodistas, las condenas a prisión por reclamar más libertad y las restricciones para el ejercicio del periodismo. También la vigilancia digital, como en El Salvador y Venezuela.

Alarma, asimismo, el acelerado deterioro de la libertad de prensa en Perú, bs la administración de Pedro Castillo.

Vuelvo entonces a aquellos textos de Harari con los que comencé esta síntesis del período. Al igual que en Ucrania, en materia de libertades públicas y derechos ciudadanos la región va encendiendo señales de alarma que desde la SIP buscamos detectar a tiempo.

Porque sólo con una fuerte y oportuna reacción internacional se puede intentar contener a tiempo que escalen los conflictos, como ocurre en Europa, o que se produzcan degradaciones institucionales como las que hoy viven Cuba, Nicaragua y Venezuela. O climas de violencia extrema como el que padecen México y varios países centroamericanos.

En todos esos casos suele estar presente la posverdad, la manipulación informativa, la difusión de "relatos" que se repiten como verdades consagradas. Se apela a "causas justas", a "verdades superiores", para justificar una descalificación, una persecución administrativa, una causa judicial amañada, la privación ilegal de un derecho, una expropiación, un encarcelamiento...

Quienes dicen representar al pueblo entienden que toda crítica contra ellos es atentar contra un principio superior. Desconocen así el legítimo e inalienable derecho ciudadano a controlar los actos de gobierno.

Hasta en democracias consolidadas, como las de Canadá y Estados Unidos, se denuncian trabas recurrentes para el acceso a información pública. Y en el caso de Estados Unidos persisten además los casos de acoso judicial contra medios de prensa, así como las agresiones contra periodistas que cubren protestas sociales.

Valoramos y agradecemos los esfuerzos de visibilización de esta realidad realizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en particular por la relatoría especial sobre Libertad de Expresión.

Pero debemos continuar trabajando. Y lo haremos junto a entidades hermanas de la región y del resto del mundo; junto a organismos multilaterales; junto a medios y agencias de noticias internacionales.

Para que el tema no salga de agenda.

Para que no se normalice el despotismo y la censura.

Para que no tropecemos una y otra vez con la misma piedra.

En las próximas horas vamos a dar voz en este encuentro a familiares de perseguidos y detenidos por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y junto a casi tres decenas de entidades hermanas a nivel global o del continente, presentaremos un plan de acción para que Nicaragua recupere un marco de libertad y debate ciudadano.

Desde la SIP, desde esta Comisión de Libertad de Prensa, seguiremos desplegando acciones y generando alianzas en tal sentido.

Este año presentaremos una nueva edición del Índice Chapultepec, nuestro diagnóstico anual sobre el grado de libertad de prensa en las Américas. También editaremos un libro que refleja el proceso de elaboración del relevamiento y los análisis que este permite hacer sobre el marco que rodea el ejercicio de la actividad periodística en cada país.

Y el próximo jueves lanzaremos formalmente el SIPBot, una nueva herramienta que utiliza inteligencia artificial para medir en tiempo real el clima de libertad que vive el periodismo.

Pero además, y esto es lo más importante, nos posibilita recoger y procesar con mayor agilidad denuncias por violaciones a ese derecho humano esencial a difundir y recibir información y opiniones.

Para el final, algunos hechos positivos que ocurrieron en estos meses.

El más reciente es la presentación del proyecto de ley de negociación entre medios y plataformas, en Canadá, que tiende a garantizar una prensa libre e independiente.

También destacamos en su momento la condena judicial en Brasil a los autores del asesinato de Pablo Medina y de su asistente, ocurrido en Paraguay en octubre de 2014; la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos favorable a El Universo, su columnista político y sus directores que habían sido querellados por el entonces presidente Rafael Correa; la derogación de la Ley de Secretos, en Honduras; el proyecto de ley sobre protección para los periodistas, en Paraguay, e iniciativas legislativas sobre protección de fuentes confidenciales, en Puerto Rico.

Estas buenas noticias no equiparan el oscuro panorama que hemos descripto antes.

Pero nos permiten redoblar la esperanza y la voluntad de lucha por las libertades de prensa y de expresión en todo el continente.

No bajemos los brazos ante la barbarie.

Hagamos oir nuestra voz.

Exijamos a gobernantes de todo el continente -nacionales, estaduales y locales- que brinden plenas garantías para el ejercicio de la labor periodística.

Que respeten y hagan respetar el derecho ciudadano a recibir y difundir información sin censuras ni presiones.

A los discursos de autócratas que quieren un mundo libre de periodistas, respondamos que "no hay personas ni sociedades libres sin libertades de expresión y de prensa".

Porque, como bien dicen las palabras iniciales de nuestra Declaración de Chapultepec, "una prensa libre es condición fundamental para que las sociedades resuelvan sus conflictos, promuevan el bienestar y protejan su libertad".