CONSIDERANDO que, debido a la renuncia del abogado defensor del acusado Maurício Borges Sampaio tres días antes del Tribunal del Jurado, fue aplazado nuevamente el juicio de los imputados por el crimen contra el periodista deportivo Valério Luiz de Oliveira, asesinado el 5 de julio de 2012, en Goiânia, Estado de Goiás; que el Tribunal, que debía celebrarse el 14 de marzo de 2022, se trasladó para el 2 de mayo de 2022; y que son acusados Ademá Figuerêdo Aguiar Filho, Djalma Gomes da Silva, Urbano de Carvalho Malta, Marcus Vinícius Pereira Xavier y Maurício Borges Sampaio
CONSIDERANDO que, en marzo, el Tribunal de Justicia de Goiás rechazó la solicitud de hábeas corpus del director del club Atlético de Goiás, Maurício Sampaio, uno de los acusados por el asesinato de Valério Luiz de Oliveira; que Sampaio también interpuso un recurso de sospecha de parcialidad contra el juez de la causa, la Policía Civil y el Ministerio Público, alegando parcialidad; que no es la primera vez que intenta aplazar su juicio por el crimen contra el periodista
CONSIDERANDO que permanecen impunes los autores intelectuales de los crímenes contra Aristeu Guida da Silva, asesinado el 12 de mayo de 1995 en el municipio de São Fidélis, en el Estado de Rio de Janeiro; Manoel Leal de Oliveira, asesinado en enero de 1998 en Itabuna, Bahia; Ivan Rocha, desaparecido en abril de 1991 en Teixeira de Freitas, Bahia; Reinaldo Coutinho da Silva, asesinado el 29 de agosto de 1995 en São Gonçalo, Rio de Janeiro; Edgar Lopes de Faria, asesinado el 29 de octubre de 1997 en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, y José Carlos Mesquita, asesinado el 10 de marzo de 1998 en Ouro Preto do Oeste, Rondônia
CONSIDERANDO que el 31 de marzo, el Comité Brasileño de Defensores de Derechos Humanos (CBDDH) denunció la falta de transparencia y publicidad del gobierno federal en la composición de los miembros de la sociedad civil dentro del Consejo Deliberativo del Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas
CONSIDERANDO que el principio 4 de la Declaración de Chapultepec establece que "el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".
LA REUNIÓN DE MEDIO AÑO DE LA SIP RESUELVE
Solicitar que se hagan esfuerzos para evitar que el juicio de los acusados por el asesinato del periodista Valério Luiz de Oliveira sea postergado nuevamente, a fin de que los responsables del crimen sean castigados de manera ejemplar
Solicitar al gobierno de Brasil que se comprometa a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante situaciones de amenazas, ataques y asesinatos de comunicadores
Exigir que la investigación de los casos de amenazas, agresiones y asesinatos a profesionales de la comunicación conduzca a la identificación y sanción no sólo de los intermediarios, sino también, y en especial, de los autores intelectuales, a fin de acabar con la impunidad y evitar que se repitan otros delitos de esta índole
Requerir el debate y aprobación de proyectos de ley en la Cámara de Diputados y el Senado Federal para ampliar las penas por delitos contra los comunicadores en el ejercicio de la profesión, así como el apoyo de la Policía Federal para las investigaciones en los casos donde hay involucramiento local de los políticos y otras autoridades
Solicitar al gobierno federal que adopte medidas para garantizar la presencia equitativa y adecuada de la sociedad civil en el proceso de selección y en la participación del Consejo Deliberante del Programa para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas
Apoyar las recomendaciones hechas por la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji) en el Informe 2021 sobre Monitoreo de Ataques a Periodistas en Brasil, la cual sugiere: que el poder público elabore nuevas políticas para proteger a los periodistas y fortalecer el Programa de Protección para Defensores de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH), así como proteger el trabajo de profesionales locales que sufren amenazas y fuertes presiones de agentes en posiciones de poder
