Venezuela

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78 Asamblea General
27 - 30 de octubre de 2022
Madrid, España
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En este período se puede afirmar que dejó de existir el periodismo independiente en el país, desde que el gobierno incrementó la represión a la labor de los periodistas y aumentó la censura mediante el bloqueo y cierre de medios digitales y radioemisoras.

Desde hace tiempo prácticamente desapareció la prensa escrita.

Adquirir papel prensa es imposible. No hay imprenta que quiera o pueda producir una publicación con noticias contrarias a los intereses del régimen.

La radio y la televisión independientes están sometidas a la Ley Resorte (Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión), una norma discrecional y punitiva que da poderes ilimitados al órgano regulador para que imponga censura absoluta.

Los medios independientes que lograron migrar a internet son bloqueados por instrucciones del ente regulador, a través de compañías telefónicas.

En un país donde se producen más de nueve mil protestas al año, los periodistas asumen grandes riesgos para cubrir esos eventos, debido a la violencia de algún funcionario, la amenaza de cárcel o el decomiso de sus instrumentos de trabajo.

Continua encarcelado el periodista Roland Carreño, detenido desde el 26 de octubre de 2020, quien fue acusado por los delitos de "financiamiento al terrorismo", "conspiración contra la forma política", "tráfico ilícito de armas de guerra" y "asociación para delinquir". Carreño es miembro del partido opositor Voluntad Popular, dirigido por Leopoldo López. Su juicio se inició en mayo y solo faltaban las declaraciones de un experto y un testigo para dar por concluido el proceso. Sin embargo, el juez del caso solicitó una baja médica, lo cual anula todas las actuaciones hecha ante su tribunal y se deberá establecer una nueva fecha para reiniciar el juicio. Carreño fue periodista de El Nacional y colaborador de los canales de televisión Globovisión y Televén.

En los últimos seis meses el régimen determinó el cierre de 41 estaciones de radio en todo el país, no todas noticiosas. Cualquier tontería es una excusa para anular las concesiones, las cuales se traspasaron a personas vinculadas al gobierno.

El bloqueo de páginas noticiosas en internet es masivo. Según la organización VE sin Filtro, desde 2021 fueron bloqueados 59 sitios web de 68 dominios, entre ellos 45 medios de comunicación, ocho portales con contenido político, cuatro de contenido multimedia y tres de organizaciones de derechos humanos. Entre los medios internacionales bloqueados figuran CNN, Infobae y NTN24. Conatel, el órgano regulador, bloquea las páginas a través de las tres compañías telefónicas, proveedoras de internet: CANTV, telefónica del Estado; Digitel, empresa privada nacional, cuyos dueños son los herederos de Oswaldo Cisneros, y la multinacional española Telefónica.

Las compañías argumentan que cumplen con la legislación vigente, aunque la Ley Resorte es inconstitucional. En el caso de Telefónica es más grave, porque las compañías multinacionales europeas están sujetas a códigos de comportamiento de los que surge que una ley nacional no puede estar por encima de la legislación europea en materia de derechos humanos.

El diputado oficialista Jesús Faría admitió en Globovisión que el gobierno bloquea medios digitales, justificándose en que en Europa se utiliza el mismo método para combatir mensajes de odio.

El informe "Conexión desigual", emitido en abril por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), remarcó los retrocesos en el acceso a internet debido al deterioro de la infraestructura, la falta de mantenimiento, la congelación de tarifas y el desestimulo del gobierno a las inversiones. Según un informe de junio de Telefónica, casa matriz de Movistar, 20,50% de los accesos o líneas fueron interceptadas en el país durante 2021, mientras que solo el 1% lo fueron en otros países donde opera. El 67,9% fue a petición del gobierno. Siete veces más que en 2016.

Otro hecho relevante en este período es el cierre de radioemisoras que, bajo el pretexto de no contar con permiso de operaciones, son cerradas en represalia por su línea editorial.

El 29 de abril Conatel sacó del aire y confiscó los equipos de la emisora Éxitos 90.5 FM, en San Juan de los Morros, en el estado Guárico. La comisión alegó la falta de concesión del medio y decomisó sus equipos de transmisión y de operación.

También decomisaron los equipos de la emisora Candela 92.9 FM en Cojedes, y el 15 de julio Conatel cerró otras tres estaciones de radio en San Carlos, Cojedes: Moda 105.1FM, Nex 100.1FM y Hits 92.5FM, porque no contaban con permiso. Días después cerraron las radios Candela 92.9FM, Impacto 91.7FM y Luna 95.5FM.

El 29 de agosto Pentagrama 107.3FM, de Ciudad Guayana, estado Bolívar, salió del aire luego de que delincuentes desvalijaron la caseta de la radio y robaron 100 metros de cable y dos transmisores.

El 7 de septiembre Conatel, en el estado Zulia, ordenó el cierre de nueve emisoras de radio de Maracaibo y San Francisco alegando una "orden del ministro". Las emisoras cerradas: Sensacional Estéreo 88.5 FM, Zulia Mía 91.3 FM, KP 92.9 FM, Refugio 94.3 FM, Palabra 97.3 FM, High Class 98.1 FM, Destino 98.3 FM, Radiolandia 103.3 FM y Río Stereo 107.7. Días después ordenó el cierre en Ciudad Ojeda, Zulia, de otras radios: Suave 102.7 FM y Candela 88.3 FM.

El 14 de septiembre una funcionaria cerró dos estaciones en Sucre, Café 100.4 FM y NVH Radio 102.1 FM. Otras radios recibieron advertencias de cierre, entre ellas Centeno 107.9 FM, Cool 101.3 FM, Mágica 95.1 FM y Boom 89.7 FM.

El 20 de septiembre Conatel ordenó el cierre de la emisora Suprema 93.5 FM y Exitosa 92.7 FM que operaban en Cabimas, Zulia, por falta de documentación.

El 3 de octubre, en Portuguesa, Conatel obligó a Sonora 107.7 FM, a sacar del aire el programa de opinión "Frente al Paredón", un espacio con 42 años de transmisión consecutiva, del periodista Moisés Reyes.

El 7 de octubre Conatel abrió un proceso de revisión de documentos a la emisora Súper 101.5 FM, con sede en Ocumare del Tuy, Miranda. La directiva de la emisora decidió apagar sus equipos para evitar sanciones y denunció que tramitaron hace siete años el permiso de operación a las autoridades.

El 13 de octubre Conatel cerró las emisoras de corte cristiano Renuevo 89.5 FM, Celestial 96.9 FM, Jerusalén Estéreo 98.5 FM y Gilgal Estéreo 102.7 FM, en Cabimas, Zulia. Los permisos fueron tramitados en 2004.

Otros hechos sobresalientes en este periodo:

El 2 de mayo el Tribunal 3 de primera instancia con competencia en terrorismo ordenó el diferimiento de la primera audiencia de juicio en el caso contra el periodista Roland Carreño para esta fecha, tras 18 meses de detención.

El 30 de mayo trabajadores de la alcaldía de El Tigre iniciaron una campaña de desprestigio con información falsa en contra del portal informativo diario El Vistazo de Anzoátegui.

El 27 de junio, Día del Periodista, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), reveló que los principales obstáculos a la labor periodística son el escaso acceso a la información, la falta de fuentes de empleo por la desaparición de los medios y los bajos salarios. También señaló a la censura y que los periodistas son amedrentados, amenazados, agredidos y detenidos en medio de sus coberturas.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció el 29 de junio la estigmatización y criminalización de activistas y el uso de leyes "antiterrorista" en contra de los periodistas. En el Consejo de Derechos Humanos, Bachelet alertó sobre las restricciones al espacio cívico y sobre el uso de medios estatales para desacreditar a las voces disidentes. En su informe, se documentaron 84 casos de hostigamiento, censura y decomiso de equipos de trabajo de periodistas y medios en el último año.

El 1 de julio el canal NTN24 redujo sus operaciones en el país a solo dos reporteros, después de estar bajo constante asedio por el gobierno.

El 2 de julio comenzó una campaña de hostigamiento y desprestigio por redes sociales contra el medio nativo digital Portuguesa Reporta y el portal Vamos Acarigua.

El 28 de julio la Policía de Portuguesa, en Araure, obligó a la periodista Nayari González, de Portuguesa Televisión, que borrara material sobre el desalojo de comerciantes informales en las afueras del Hospital "Casal Ramos".

El 1 de agosto el alcalde del municipio Campo Elías, en Mérida, Simón Figueroa, llamó al programa "Buenos Días", transmitido por Ritmo Stereo 93.5FM, para acusar al periodista Pablo Villa de pagar a personas para que denuncien los problemas sociales reportados en el espacio. Asimismo, lo acusó de mantener una campaña de descrédito en su contra y para perjudicar a los alcaldes, también chavistas, Jesús Araque, del municipio Libertador, y Aron Varela, de Sucre.

El 9 de agosto la periodista Yelitza Figueroa, corresponsal de Crónica Uno en Lara, fue amedrentada cuando cubría una protesta de comerciantes en el CC de la Economía Popular, en Barquisimeto. Administradoras de la Junta de Condominio fotografiaron sus credenciales.

El 12 de agosto el Colegio Nacional de Periodistas, un gremio educativo y la ciudadanía, protestaron púbicamente en San Carlos en contra del cierre de medios de comunicación y presentaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo.

El 22 de agosto, militares y funcionarios de Corpoelec en Barquisimeto, estado Lara, fotografiaron e intentaron impedir el trabajo a periodistas y reporteros de Crónica Uno, La Prensa de Lara y El Impulso que cubrían una asamblea de jubilados.

El 31 de agosto el corresponsal de Globovision en Mérida, Elvis Rivas, fue atacado en redes sociales por el presidente de Teleféricos de Venezuela, Víctor Cruz, quien lo acusó de "palangrista" por una publicación sobre la reapertura del teleférico.

El 8 de septiembre fue archivado el caso del periodista Elides Rojas. Se suspendió la investigación por supuesta instigación al odio desde hace tres años, por lo que estuvo sometido a un juicio penal y con prohibición de salida del país. El archivo del expediente sigue siendo una violación al debido proceso y representa un riesgo, toda vez que la ley establece la posibilidad de reabrirlo para investigación.

El 25 de septiembre, en el marco de la reapertura de la frontera entre Venezuela y Colombia, al periodista Freddy Ramírez le fue impedido grabar en el puente Simón Bolívar, del lado venezolano, así como a una corresponsal de un medio estadounidense.

El 29 de septiembre, el medio digital de noticias AlbertoNews denunció que su portal web estaba siendo objeto de un ataque DDos, o ataque de denegación de servicio, una acción usual que sufren otros medios críticos e independientes.

Tal Cual fue víctima de un ataque similar y detectó un tráfico inusual proveniente de direcciones IP controladas por la empresa estatal de telecomunicaciones, Cantv. Las restricciones en 2022 se suman a los bloqueos que desde febrero impiden acceder al diario El Nacional y a los medios nativos digitales Efecto Cocuyo, Crónica Uno, EVTV Miami y TV Venezuela Noticias. La cifra de medios bloqueados pasa de 50 e incluye medios internacionales como CNN, Infobae y NTN24.

El 8 de octubre Conatel abrió un procedimiento administrativo a la televisora regional del estado Lara, Promar TV, por identificar a Nicolás Maduro como "presidente interino de Venezuela".

El 10 de octubre el ministro de Interior y Justicia, A/J Remigio Ceballos, dijo que no se permitió acceso a ningún periodista de ninguna empresa privada en una zona donde ocurrió un desastre natural porque "el canal del Estado está informando sobre la situación".

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