A partir de octubre se produjo una marcada radicalización de los partidarios de la extrema derecha que, en protesta por los resultados de las elecciones de ese mes, acamparon frente a las unidades militares para pedir la intervención e impedir así la investidura del entonces presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.
Muchos periodistas fueron acosados y agredidos en esos días. Las agresiones se radicalizaron el 8 de enero, cuando miles de personas invadieron y depredaron la sede de los tres poderes públicos, en Brasilia.
El nuevo gobierno tomó posesión con promesas de apaciguamiento y respeto a la prensa. Se normalizó el acceso de los reporteros a las áreas gubernamentales. Sin embargo, el Ejecutivo ha dado muestras de intentar intervenir en los contenidos potencialmente delictivos que circulan por las redes sociales. Tras el 8 de enero, la Corte Suprema, el Ejecutivo y el Congreso brasileño están discutiendo modelos y leyes para reducir la polarización y el extremismo, con la intención de controlar el discurso de odio y los contenidos que amenacen a la democracia.
La posición de la Asociación Nacional de Periódicos (ANJ) ha sido responsabilizar a las plataformas sólo después de que haya una notificación de contenido criminal o cuando se trata de contenido patrocinado. La ANJ también ha defendido que se ponga fin a las cuentas anónimas o falsas en las redes y, sobre todo, que las plataformas digitales revaloricen los contenidos periodísticos y remuneren a los medios.
El 2 de noviembre, un camarógrafo y un conductor de TV Band fueron agredidos a golpes por parte de un manifestante durante una protesta en Porto Alegre (RS). Ese día, a un equipo de TV Record se le impidió trabajar cuando llegó al Comando Militar Sur, en la capital de Rio Grande do Sul, para cubrir una protesta que pedía la intervención de las fuerzas militares en el proceso electoral.
El 1 de noviembre, un reportero y un camarógrafo de Candidés TV, que forma parte del Sistema de Comunicación del MPA, fueron amenazados y agredidos por manifestantes bolsonaristas en Minas Gerais. Reporteros de Radio Gaúcha y RBS TV fueron intimidados por manifestantes que bloquearon la carretera RS-040, en Rio Grande do Sul, en protesta por los resultados de los comicios.
El 12 de diciembre, los bolsonaristas realizaron su primer gran acto colectivo de depredación en Brasilia, con una manifestación frente a la sede de la Policía Federal y la quema de coches y autobuses. En aquella ocasión, según la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (Abraji), los equipos periodísticos fueron amenazados y acosados mientras cubrían los actos vandálicos, en protesta por la detención de un bolsonarista indígena investigado por actos antidemocráticos.
La repercusión negativa de los actos vandálicos registrados en Brasilia no inhibió las acciones de los bolsonaristas. El 3 de enero, atacaron a periodistas en al menos cinco lugares. En Rio Grande do Sul, un camarógrafo de la emisora RDC TV fue agredido por un concejal mientras tomaba imágenes de la limpieza de las carreteras, frente al Comando Militar. En Fortaleza, un equipo de reporteros de TV Jangadeiro fue acosado por manifestantes. En Espírito Santo, en un campamento en Vila Velha, dos equipos de profesionales de TV Tribuna y del sitio ES 360 fueron acosados. En Londrina (PR), un equipo de TV Tarobá, afiliada a Band, fue agredido físicamente y expulsado del lugar. Y en Ribeirão Preto (SP), un fotógrafo del periódico Tribuna Ribeirão fue acosado en una instalación militar de la ciudad.
Una nueva ola de violencia se produjo entre el 8 y el 11 de enero. Abraji y otras organizaciones registraron 45 casos de agresiones físicas, amenazas, confiscación de material de trabajo, robos y ofensas en un intento de impedir que los hechos fueran grabados y difundidos por la prensa.
El día del ataque al Palácio do Planalto, al Congreso Nacional y al Supremo Tribunal Federal se registraron varias agresiones. Un reportero del diario O Tempo fue agredido por delincuentes que le apuntaron con dos pistolas dentro del Congreso. El reportero fue resguardado por un técnico de la Empresa Brasil de Comunicação (EBC), después de que los policías militares que seguían las manifestaciones le negaran ayuda.
Una reportera gráfica del diario Metrópoles también fue derribada y golpeada por un grupo de hombres durante la misma cobertura. Cerca del Ministerio de Defensa, una corresponsal de The Washington Post fue pateada y tirada al suelo. Le robaron su material de trabajo. En el Palácio do Planalto, un reportero de la agencia turca Anadolu recibió una bofetada mientras cubría la acción de unos vándalos. Un reportero de la Agencia France Press fue agredido y le robaron el material y el teléfono móvil.
También el 8 de enero, un reportero de la Agência Brasil sufrió heridas en el cuello cuando le arrancaron la placa mientras grababa los destrozos. Un fotoperiodista del portal Poder360° fue agredido cuando intentaban llevarse su equipo de trabajo. A un reportero de TV Band le arrancaron el móvil de las manos y se lo destrozaron mientras grababa el acto. Un reportero de Rádio Jovem Pan fue insultado y perseguido por manifestantes. A un fotoperiodista del diario Folha de S.Paulo le robaron el equipo los manifestantes que participaban en los actos vandálicos. A un reportero de la agencia Reuters le robaron su equipo de trabajo y su teléfono móvil durante la misma cobertura.
El 21 de febrero, un grupo de habitantes de São Sebastião (SP) agredió físicamente al reportero del diario O Estado de S.Paulo que cubría la tragedia en el litoral norte de San Pablo. Uno de ellos obligó al reportero gráfico Tiago Queiroz a borrar las fotos que había tomado de las calles del condominio inundado, con coches dañados.
En este período también se produjeron casos de acoso y censura judicial.
El periódico Folha de S.Paulo y el reportero Fabiano Maisonnave, que ahora trabaja para una agencia de noticias internacional, fueron condenados por el Tribunal de Apelación de Mato Grosso (TJMT) por daños morales, a pesar de que transmitían información veraz. El juez Claudio Roberto Zeni Guimarães, de la Sala de Apelaciones del TJMT, consideró que el artículo titulado "El 41% de la tala en Mato Grosso es ilegal, según un estudio" pretendía difamar al demandante, Mauren Lazzaretti, abogado y exsubsecretario de Licencias Ambientales y Recursos Hídricos de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). Los demandados recurrieron.
El 5 de octubre, la ANJ protestó contra la censura impuesta por el ministro Paulo de Tarso Sanseverino, del Tribunal Superior Electoral (TSE), a un reportaje - "Relación entre Lula y dictador nicaragüense está bien documentada"- del periódico A Gazeta do Povo. El magistrado ordenó la retirada de una publicación en el perfil de Twitter del periódico. El posteo informaba de que el régimen del dictador nicaragüense Daniel Ortega había cortado la señal del canal de noticias CNN en ese país y mencionaba el apoyo de Lula a Ortega.
