Las libertades de expresión y de prensa atraviesan un momento de elevada vulnerabilidad, debido a iniciativas del partido gobernante en el Congreso orientadas a controlar y limitar los mensajes de la ciudadanía y de periodistas.
El partido gobernante propone incrementar de cinco a siete años la pena de cárcel para periodistas y propietarios de medios por la supuesta difusión de mensajes racistas. La propuesta desconoce las protecciones que ofrece la Constitución Política del Estado (CPE) y la Ley de Imprenta, que prevén la vigencia de tribunales especiales para dilucidar demandas contra medios y periodistas, mientras que descartan la aplicación de penas privativas de libertad.
El 12 de abril un legislador oficial retiró una propuesta de regulación de las redes sociales. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) advirtió que el proyecto contenía una abierta censura previa, contraria a tratados internacionales y a la Constitución. La ANP considera que las restricciones de derechos ciudadanos y el trabajo de la prensa coinciden con un momento en que diferentes sectores cuestionan políticas gubernamentales en temas de educación pública y la administración de los fondos de jubilación.
Los diarios independientes continúan bajo persecución tributaria a través de controles y fiscalizaciones que se les realizan luego de que publican contenidos críticos a políticas gubernamentales u opiniones de sectores de oposición contra disposiciones gubernamentales en materia económica, judicial y social.
Persiste la impunidad en casos de agresión a periodistas. Hasta el momento, ninguna denuncia terminó en sanción contra los responsables. El caso más emblemático es la liberación de tres autores materiales e intelectuales del secuestro de seis periodistas, un hecho registrado el 28 de octubre de 2021 y que hasta hoy se mantiene en fase de investigación.
