Las libertades de expresión y de prensa, la transparencia y el derecho al acceso de los ciudadanos a la información pública, siguieron siendo socavados en forma progresiva por el gobierno y sus entidades.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró 266 agresiones en contra del ejercicio periodístico dentro del marco del régimen de excepción que limita los derechos constitucionales y judiciales.
El mayor número de agresiones consiste en declaraciones estigmatizantes del presidente Nayib Bukele y funcionarios o aliados del oficialismo, así como casos de acoso judicial y restricciones a periodistas.
Uno de los hechos más significativos fue la reclusión por casi un año del periodista comunitario Víctor Horacio Echeverría Barahona, de 55 años, liberado el 19 de mayo, después de haber sido encarcelado el 7 de julio de 2022.
Barahona fue detenido tras entrevistar a un dirigente de vendedores informales. Denunció que sufrió tortura psicológica, no recibió atención médica oportuna para tratar su hipertensión, lo cual lo puso al borde de la muerte.
Periodistas de El Diario de Hoy y de otros medios fueron amenazados con ir a prisión, una práctica cotidiana del gobierno para intimidar a la prensa.
El 31 de marzo, un equipo de El Diario de Hoy fue retenido por un grupo de soldados en la colonia La Campanera, en San Salvador.
El 31 de mayo un grupo de policías intentó hacer lo mismo con otro periodista de ese medio frente al penal de Apanteos, en la zona occidental del país, cuando cubría la liberación de reos, y otro fue retenido por media hora después de fotografiar las obras de construcción del nuevo Hospital Rosales, en la capital.
En todos los casos los uniformados tomaron fotos de los documentos y credenciales de los periodistas sin explicar la razón.
El Diario de Hoy y uno de sus periodistas han sido demandados por un total de 10 millones de dólares en una acción promovida por un familiar de un alto funcionario del gobierno, por reproducir parcialmente un artículo de la revista de mexicana Proceso en el que se menciona al demandante. La demanda prosiguió pese a que el diario publicó en dos ocasiones una carta de aclaración, derecho que otorga la ley de rectificación y respuesta.
En las esferas periodísticas y organizaciones de libertad de prensa causó preocupación que se promueva este tipo de demandas que buscan intimidar a los medios en general mediante la indemnización millonarias que se persigue y porque los jueces las admitan sin tener en cuenta leyes que protegen la libertad de prensa y estándares interamericanos. En 2004 el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "Mauricio Herrera Ulloa Vs Costa Rica", exoneró al periodista de responsabilidad por publicar contenidos de otros medios, expresó que la condena en su contra fue desproporcionada y vulneraba el derecho a la libertad de expresión.
La APES también denunció en agosto una posible criminalización de periodistas por parte del presidente Bukele cuando señaló a Bryan Avelar, Héctor Silva Ávalos y Sergio Arauz, director de APES, dentro de una supuesta investigación del Organismo de Inteligencia del Estado contra su exasesor, Alejandro Muyshondt.
La APES reclamó que: "Este tipo de señalamientos contra las y los periodistas son un paso más a la consolidación de un Estado policial y dictatorial que, ante revelaciones de corrupción, utiliza todos los recursos a su disposición para perseguir a cualquier empleado o funcionario público sospechoso de compartir información que exponga el funcionamiento de la maquinaria de saqueo del erario público que funciona con total impunidad en este Gobierno".
La gremial denunció la salida de nueve periodistas que buscaron refugio en otros países desde que se aprobó en 2022 una ley que castiga con hasta 15 años de prisión "cualquier manifestación escrita" que aluda al "control territorial de las pandillas".
En julio la APES condenó la censura gubernamental contra la presentación del libro "Sustancia de hígado", de la periodista Michelle Recinos, en la Feria Internacional del Libro de Guatemala. El libro incluye temas sobre la violencia, los desaparecidos y la indiferencia.
El gobierno y sus entidades mantienen cerrado al público información sobre gastos, manejos y destinos de proyectos multimillonarios del Estado.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) es la institución de gobierno que más información mantiene en reserva desde su inicio de operación en noviembre 2021.
Organismos de transparencia han denunciado repetidamente que las entidades clasifican la información sin apegarse a los parámetros de la ley de acceso. Entre la información clasificada se encuentra el Plan Control Territorial, los expedientes administrativos de la Comisión del Servicio Civil y datos sobre armas y material de guerra. En cuanto a información ambiental, sobre las áreas naturales protegidas que están en proceso de transferencia y sus planos, no estarán liberadas de reserva hasta entre 2025 y 2028.
La Presidencia y los ministros mantienen en reserva sus gastos en publicidad y asesorías de marketing.
La opacidad también incluye la orden judicial de dejar en secreto el proceso por difamación y calumnia del diputado oficialista Christian Guevara contra el concejal Héctor Silva Hernández, quien ha solicitado que el proceso sea abierto a la ciudadanía.
En medio de tanta agresión, amenaza e incertidumbre fue alentadora una misión de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que se reunió en septiembre con líderes de la sociedad civil para saber sobre derechos humanos y retroceso a la libertad de prensa.
Como hecho positivo es importante destacar la derogación de una ley mordaza que regía sobre los periodistas salvadoreños y que amenazaba castigar con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes las autoridades consideraban que transmitían mensajes relacionados con pandillas.
La Asociación de Periodistas de El Salvador consideró que, aunque es importante que se hayan abolido, estas disposiciones nunca debieron aprobarse.
La amenaza que pendía a través de ellas obligó a la salida de 15 periodistas por temor a ser encarcelados porque se llegara a considerar que a través de sus informaciones "se estaban enviando mensajes de pandillas".
La derogatoria se produjo poco después de la visita del Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, quien se reunió con representantes de diferentes sectores, entre ellos del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (UCA).
