A casi dos años del gobierno de la primera mujer en ocupar la Presidencia, Xiomara Castro Sarmiento, prevalece un ambiente de confrontación en contra de la libertad de expresión.
El discurso gubernamental se centra en ocasiones en criticar y descalificar a quienes no están de acuerdo con la actual gestión, lo que genera una atmósfera de polarización.
No ha cambiado el ambiente de inseguridad y peligro para los periodistas y continúan impunes más de 100 asesinatos de periodistas y comunicadores ocurridos en los últimos años.
"Se atendieron 21 quejas en los primeros meses de 2023, de periodistas y comunicadores sociales denunciando estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado del país", expresa un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de este año.
El Heraldo reveló que entre 2022 y 2023 hubo atentados físicos, agresiones, denuncias en los tribunales, amenazas, hostigamiento, intimidaciones y asesinatos de seis personas relacionadas con los medios, y que 96 asesinatos de periodistas y comunicadores continúan impunes.
La presidenta Castro se reunió en septiembre con el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, y le entregó el convenio de instalación de la Comisión Internacional contra Impunidad y Corrupción (Cicih). El gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y después de haber sido expulsado, la administración aspira a ser reincorporada a la Cuenta del Milenio, un programa de beneficios del gobierno de Estados Unidos.
Se derogó la Ley de Secretos, que mientras estaba en vigencia favoreció la impunidad y la opacidad en el manejo de la administración pública, fomentó la corrupción y escondió a funcionarios que cometieron irregularidades en el ejercicio del poder.
Los directivos de la SIP resaltaron la importancia de fortalecer y destinar los recursos necesarios para que el Sistema de Protección y Seguridad para Periodistas pueda garantizar la vida de los periodistas. El sistema acoge actualmente a 14 operadores de justicia, 12 periodistas, 119 defensores de derechos humanos y 13 comunicadores sociales.
