El régimen intensificó sus ataques contra las libertades de prensa, expresión y religión. Más de 200 periodistas han salido al exilio y ya no existen medios independientes, por la draconiana Ley Especial de Ciberdelitos. La ciudadanía usa cada vez menos las redes sociales para denunciar casos de corrupción, abusos de poder o agresiones, por temor a las represalias. Los periodistas independientes en el país informan desde la clandestinidad.
En este período se registraron 36 ataques contra periodistas, dos destierros y dos ataques contra medios. Veintinueve periodistas se exiliaron, y ya suman 223 quienes salieron del país desde abril de 2018.
En el contexto de la Semana Santa, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió las procesiones. Arrestó a tres periodistas, intensificó sus ataques contra la Iglesia Católica y detuvo a varios sacerdotes. Al igual que con los 222 presos políticos desterrados a EE.UU. en febrero, el régimen desterró el 18 de octubre hacia el Vaticano a 12 sacerdotes que mantenía presos, pero dejó en sus celdas a monseñor Rolando Álvarez.
El periodismo independiente continúa informando desde el exilio, pero en condiciones precarias. Muchos periodistas abandonaron la profesión por necesidad o para evitar represalia a sus familiares en el país. Existen cuatro tipos de periodistas en el exilio: quienes huyeron buscando protección y se dedican a otras actividades económicas; quienes lograron empleo en medios en otros países; quienes siguen ejerciendo e informando sobre Nicaragua de forma independiente; y periodistas y medios que hacen periodismo desde el exilio, como La Prensa, entre otros.
Los medios nicaragüenses en el exilio también tienen severos problemas de sustentabilidad.
Una de las estrategias del régimen para acallar las voces de periodistas es negarle el reingreso al país. Ocurrió el 24 de julio con Marcos Medina, director del medio digital Fuentes Confiables, a quien la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) le impidió su reingreso al país. A finales de agosto también impidieron el reingreso a la periodista Kimberly León, hija del fallecido fundador de Radio La Costeñísima, Sergio León Corea.
El régimen también suele negarle la entrada a los familiares de los periodistas que ya están en el exilio, con lo que cual se convierten no solo en exiliados, sino también en apátridas de facto.
La periodista hondureña Kenya Volkanoe denunció en su cuenta de Facebook que fue expulsada de Nicaragua "por haber defendido a los sacerdotes católicos".
El 6 de abril la Policía de la ciudad de Nandaime, al sur de Managua, detuvo al periodista Víctor Ticay, corresponsal de Canal 10 y director de la página La Portada. En agosto fue condenado a ocho años de prisión por propagación de noticias falsas y conspiración contra la integridad nacional.
En octubre el periodista católico Manuel Antonio Obando Cortedano informó desde su exilio que dos de sus colegas fueron secuestrados.
El columnista de La Prensa Guillermo Miranda desapareció el 19 de octubre. Fue liberado el 26 de octubre. Durante siete días, ni su familia ni La Prensa pudieron obtener información sobre su paradero o condición. Miranda fueinterrogado por la Policía sobre sus columnas en el diario y por su pasado en la desaparecida Resistencia Nicaragüense.
En agosto, la dictadura inauguró un Centro Cultural en las instalaciones robadas a La Prensa. Las instalaciones incluyen cuatro edificios, una rotativa, una imprenta comercial con maquinaria con un valor superior a U$S10 millones, la sala de Redacción y la hemeroteca, un patrimonio de 96 años de historia. La dictadura está ofreciendo o vendiendo las maquinarias a precios por debajo del valor y se supo que empresas de la región han mostrado interés en comprarlas, aun sabiendo que fueron robadas por el gobierno.
Los ataques contra La Prensa y su personal, con allanamientos a las casas de familia, lleva más de cinco años. Inició con el embargo aduanero a los insumos para impresión, la toma de las instalaciones, la detención de dos miembros de su Junta de Directores, del gerente general y dos conductores, quienes fueron desterrados a EE.UU. y despojados de su nacionalidad y de sus propiedades, y borrados de todo registro público.
Ninguna empresa privada local o transnacional se atreve a publicar en los medios independientes, dentro o fuera del territorio nacional por miedo a las represalias de la dictadura.
La Asamblea Nacional, bajo control del Ejecutivo, dictó estatutos que permiten dar un barniz de legalidad a la represión, tales como la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, Ley Especial de Ciberdelitos, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y una reforma constitucional sobre pérdida de nacionalidad bajo la excusa de traición a la patria.
En agosto el régimen canceló las personerías jurídicas de la Compañía de Jesús y de la Universidad Centroamericana (UCA), rebautizada por el régimen como Universidad Casimiro Sotelo. Además de las aulas y la libertad de cátedra en la UCA, la dictadura también se apropió de la Biblioteca José Coronel Urtecho, su hemeroteca y del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. También canceló la personería jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) y robaron sus instalaciones y activos.
La investigadora Martha Patricia Molina en su informe "Una iglesia perseguida" denunció que, de abril de 2018 a agosto de 2023, el régimen recrudeció sus ataques contra la Iglesia Católica y contra la Iglesia cristiana evangélica. A esta última le cerró 23 organizaciones sin fines de lucro, en su mayoría templos.
