En este período, en el que asumió el nuevo presidente Santiago Peña el 15 de agosto, continuaron las agresiones y ataques contra medios y periodistas en el interior el país, al tiempo que se siguen utilizando las demandas judiciales como vía de amedrentamiento para acallar las críticas del periodismo independiente.
En la lucha contra la violencia que afecta al periodismo, en abril se presentó ante el Senado un proyecto de ley de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, que busca crear un mecanismo de protección para ambos grupos.
Se registraron varios hechos sobre crímenes contra periodistas e impunidad.
En junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó la sentencia del caso del periodista Santiago Leguizamón, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de diciembre de 2022.
En julio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de la defensa de Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorrão, que permite abrir un nuevo juicio. Pereira Rivas fue detenido como presunto autor material del asesinato del periodista Leo Veras, ocurrido en febrero de 2020 en Pedro Juan Caballero. Actualmente está prófugo y con orden de captura nacional e internacional.
En agosto, agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles detuvieron a Roberto David Cardozo Rojas, quien tenía orden de captura como sospechoso del asesinato del periodista Humberto Andrés Coronel Godoy, asesinado en septiembre de 2022 al salir de su trabajo en la emisora Radio Amambay. Coronel solía cubrir temas de sobre corrupción y crimen organizado en Pedro Juan Caballero.
En materia judicial, varios hechos se registraron dentro de un clima de acoso y hostigamiento.
En agosto, la Fiscalía solicitó a los diarios ABC Color y Última Hora copias certificadas de artículos y sus autores, como parte de una investigación del Ministerio Público promovida por una denuncia de supuesta persecución política presentada por el expresidente Horacio Cartes. Esto generó protestas y rechazo porque se consideró un intento de amedrentamiento judicial para acallar críticas e incentivar autocensura. El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) expresó que "esta acción es sumamente grave para el ejercicio libre del periodismo y el acceso a la información". Los periodistas afectados organizaron protestas públicas bajo el lema "Señor Fiscal, yo redacté el informe" y "No nos van a callar".
En mayo, Juan Vera, presidente de la Asociación de Usuarios y Consumidores del Paraguay (Asucop), querellado por Menchi Barriocanal por lesión a la intimidad, fue condenado y penado con una multa. Barriocanal fue afectada en 2022 por una campaña de hostigamiento virtual impulsada por Vera, quien expuso en sus redes sociales y grupos de WhatsApp el número de teléfono privado de la periodista, debido a su postura a favor de una donación de la Unión Europea (UE) para la educación.
En junio, la jueza Zunilda Martínez Noguera encontró culpable del delito de injuria al intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto, querellado por Héctor Guerín, director de Radio Concierto de la localidad Presidente Franco.
En agosto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emplazó a Itaipú a responder el pedido de la Sociedad de Comunicadores del Paraguay (SCP). En mayo de 2022 la SCP presentó ante la CIDH el caso contra la entidad binacional por ocultar información relacionada con el uso de los fondos sociales.
En octubre, Vicente Godoy, periodista de Horqueta Digital, solicitó asilo en otro país tras recibir amenazas de muerte, según la SCP. Las amenazas contra Godoy estarían relacionadas con sus investigaciones periodísticas sobre posibles actos de corrupción que involucran al exintendente de Horqueta, Jorge Emiliano Urbieta y a su hermano, el diputado Arturo Urbieta, ambos del Partido Colorado. La SCP repudió la "ineficacia" de la Fiscalía y exigió que se esclarezca el caso y le brinde protección al periodista.
La directora del diario ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano se encuentran afrontando dos causas por supuesta difamación con fines de amedrentamiento y censura, entabladas por una exfuncionaria del gobierno de Cartes.
Es la primera querella autónoma (acción privada) promovida por Marta González, exviceministra de Tributación durante el anterior gobierno, por publicaciones realizadas en ABC Color en 2019 sobre datos y críticas a un proceso de contratación por vía de la excepción para actualizar el sistema tributario, "Marangatú 2.0".
González Ayala requiere pena privativa de libertad y una indemnización de U$S 1.400.000 como sanción para Zuccolillo y Lezcano.
Al término del juicio, el juez penal de Sentencia Wilfrido Peralta, antes de acogerse a la jubilación voluntaria, dictó la sentencia en contra de Zuccolillo y Lezcano, aplicando pena de multa para los dos y a Zucolillo una pena adicional. Zuccolillo y Lezcano apelaron y el caso sigue ante la Corte Suprema de Justicia.
González Ayala y su esposo también demandaron a Zuccolillo y a Lezcano en otro caso por difamación por publicaciones en marzo de 2021. Los acusados fueron absueltos.
