En este período aumentaron las tensiones en contra de periodistas y medios que realizaron denuncias por nepotismo, tráfico de influencias e impunidad.
Las agresiones provinieron mayormente de autoridades pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana, con la intención de silenciar investigaciones de interés público sobre presuntas irregularidades en la gestión del gobierno.
Parte de la estrategia es la persecución a periodistas que cubren o investigan presuntos casos de corrupción, crimen organizado, tráfico de influencias y narcotráfico, entre otros delitos.
En septiembre, abogados, activistas y legisladores de la oposición denunciaron que la Comisión Bicameral de Investigación, más conocida como comisión "garrote", está siendo utilizada por el cartismo para perseguir a rivales políticos, organizaciones sociales y medios de prensa críticos del oficialismo. El senador Rafael Filizzola (PDP) anunció en la Cámara de Senadores que, con colegas opositores, presentará un proyecto de resolución para que las sesiones de la comisión "garrote" sean públicas y no secretas, como han sido hasta ahora. La Comisión Bicameral fue creada en agosto por el Congreso, con el senador liberocartista Dionisio Amarilla como presidente y el diputado cartista Rodrigo Gamarra como vicepresidente.
En junio, el Senado vetó la ley N° 7.257, ampliación de la Ley N° 5.282/2014 "De libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental". Esta norma obligaba al Estado a mantener la información pública actualizada y a disposición de la ciudadanía en formato de datos abiertos y procesables.
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado paraguayo violó los derechos de libertad de pensamiento y expresión del director del diario ABC Color, Aldo Zuccolillo, al condenarlo en 2005 por supuesta "difamación" contra el entonces senador Juan Carlos "Calé" Galaverna (ANR). El organismo solicitó además en su dictamen dejar sin efecto la sanción penal impuesta a Zuccolillo, fallecido en 2018, como homenaje a su memoria.
Entre las solicitudes que envió la CIDH a la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, figura que el Estado tiene que actualizar su normativa penal interna, despenalizando los delitos de difamación, injurias o calumnias cuando se trate de casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública, o un particular que se haya involucrado en asuntos de interés público.
En julio, por resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quedó confirmada la absolución de la directora del grupo ABC Color, Natalia Zuccolillo, y el periodista Juan Carlos Lezcano, en una de las querellas promovidas por la exministra de Tributación Marta González, por supuesta difamación en publicaciones.
En una segunda acción promovida por la exministra contra Zuccolillo y Lezcano Flecha, estos fueron condenados por el presunto delito de difamación. A Zuccolillo, además de la multa, se le impuso una sanción patrimonial adicional.
En agosto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación planteado por la defensa de Juan Vera, titular de Asucop, y ratificó la condena del querellado por lesionar la intimidad de la periodista Mercedes "Menchi" Barriocanal. Vera debe pagar cerca de G. 53 millones por publicar en redes sociales el número de celular particular de la comunicadora para que la hostigaran.
En julio, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) archivó la investigación de la jueza Rosa Alderete, quien ordenó medidas restrictivas contra la periodista Mabel Portillo, denunciada por "violencia de género" por la intendenta de Yataity, Gloria Duarte, a raíz de publicaciones sobre irregularidades en el municipio. El Sindicato de Periodistas del Paraguay exigió el cese de la persecución contra la periodista, considerando las acciones legales como una estrategia de acoso y censura.
En abril, la Cámara de Diputados rechazó un pedido de sanción al diputado cartista Yamil Esgaib, quien agredió a la periodista Sara Moreno, de ABC Color. También agredió a las periodistas Fiona Aquino, de ABC Color, y Rocío Pereira, de Telefuturo, quienes le consultaron sobre acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias por la contratación de su hija en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En abril, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) enjuició a las juezas Carmen Elizabeth Silva Bóveda, Ana Graciela Aguirre Núñez y Mirna Carolina Soto González, miembros del tribunal de sentencia de Pedro Juan Caballero, por excluir pruebas de la Fiscalía y absolver a Waldemar Pereira Rivas, alias "Cachorrão", acusado por el homicidio del periodista Leo Vera, ocurrido en 2020 en Pedro Juan Caballero.