México

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En este período, la prensa ha sufrido una escalada de violencia. Siete periodistas fueron asesinados desde la reunión de Antigua y son 10 en lo que va del año.

Los medios de comunicación tradicionales y digitales tuvieron amplio despliegue informativo de los sucesos que siguieron a los terremotos que afectaron al país. El 7 de septiembre, un sismo de magnitud 8.2 se sintió en Oaxaca y Chiapas y causó 96 muertes y daños a la infraestructura. El 19 de septiembre un temblor 7.1 sacudió de nuevo al país, con un saldo de 369 víctimas fatales y cuantiosas pérdidas materiales en Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.

Sobre la violencia contra periodistas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estima que desde el 2000 hasta la fecha ocurrieron 130 homicidios; 38 de estos casos se dieron durante el actual gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Además, se vive un clima constante de agresiones, muchas de ellas cometidas y ordenadas por funcionarios públicos, por el crimen organizado y narcoterroristas.

Desde la reunión en Antigua fueron asesinados los periodistas Maximino Rodríguez, Javier Valdez, Jonathan Rodríguez, Salvador Adame Pardo, Cándido Ríos Vázquez, Juan Carlos Hernández y Édgar Daniel Esqueda.

Artículo 19 documentó 276 agresiones contra la prensa este año, un incremento del 23% comparado con el mismo período el año pasado. La CNDH asegura que solo en el 10 por ciento de los casos existe sentencia condenatoria. El resto no se investiga y queda en la impunidad.

En el marco de elecciones celebradas este año, se registró un aumento de agresiones a periodistas. En Coahuila hubo un incremento del 325% de agresiones contra la prensa. También aumentaron estos ataques en Ciudad de México y en Veracruz.

Por otra parte, se castiga y reprime a medios por sus críticas y denuncias, como en el caso del periodista Leonardo Curzio, quien durante 18 años habia conducido el noticiero radiofónico estelar en el grupo NRM, Ciudad de México y tras anunciar su renuncia reveló haber recibido órdenes de sus directivos para despedir a dos colaboradores, analistas independientes. El incidente generó indicios de presión de funcionarios del gobierno mexicano sobre grupos mediáticos con el amago de cancelar pautas comerciales, que siguen sujetas a la discrecionalidad de la autoridad tanto a nivel nacional como en los estados.

El 14 septiembre, se conoció que autoridades municipales de Nuevo Laredo, Tamaulipas, interpusieron demandas en contra del diario El Mañana de Nuevo Laredo por la publicación de investigaciones periodísticas sobre corrupción pública. El periódico publicó reportajes sobre presuntos actos ilícitos que involucrarían la existencia de empresas fantasmas que adquirieron contratos millonarios por publicidad, casos de nepotismo y supuesto enriquecimiento por parte del alcalde Enrique Rivas y otros funcionarios locales. Estos cuestionamientos a funcionarios locales y proveedores habrían motivado litigios contra el periódico.

A continuación, los hechos más sobresalientes del semestre:

El 14 abril fue asesinado en La Paz, Baja California Sur, Maximino Rodríguez Palacios, colaborador del Colectivo Pericú. Fue atacado a balazos desde un vehículo cuando el periodista descendía de su auto. A principios de junio fueron detenidos tres presuntos implicados en el homicidio.

El 15 mayo, Javier Valdez Cárdenas, cofundador de semanario Riodoce y corresponsal de La Jornada, fue ejecutado en Culiacán, Sinaloa. Quedó tendido en una calle a pocos metros de la publicación y en pleno mediodía. A la fecha, las autoridades no muestran avance en las investigaciones.

Ese mismo día fue asesinado Jonathan Rodríguez Córdova, reportero del semanario El Costeño, en Autlán, Jalisco. Un grupo de hombres armados disparó 25 tiros contra el vehículo en el que viajaba con su madre. Cuatro balas impactaron el cuerpo del periodista, y su madre resultó herida de gravedad. El semanario había recibido amenazas.

El 18 mayo fue secuestrado Salvador Adame Pardo, propietario del Canal 6TV, en Múgica, Michoacán. Su cuerpo calcinado fue hallado el 26 junio. Se presume que el líder de un grupo criminal de la zona, Feliciano Ledezma, apodado "El Chano Peña", sería el responsable del crimen.

El 22 agosto fue asesinado Cándido Ríos Vázquez en el municipio de Hueyapan de Ocampo en Veracruz. Era colaborador del Diario de Acayucan y fundador de La Voz de Hueyapan. Publicaba información sobre casos de corrupción y abusos de poder.

El 5 de septiembre fue asesinado Juan Carlos Hernández, colaborador fotógrafo y auxiliar de redacción del portal La Bandera Noticias, en Yuririra, Guanajuato. Fue atacado por sujetos que le dispararon cuando salía en la noche de su casa. Medios locales informaron que el sitio de internet había denunciado amenazas.

El 5 octubre fue asesinado Édgar Daniel Esqueda Castro en San Luis Potosí. Era colaborador de los medios Vox Populi y Metrópoli, de San Luis. Sujetos vestidos con uniformes de policía ingresaron a su domicilio y se lo llevaron. Apareció muerto al día siguiente, con huellas de tortura, semidesnudo y con las manos atadas a la espalda. Daba cobertura a temas policiales y meses antes de su asesinato había denunciado amenazas.

El caso de San Luis Potosí agregó un factor adicional que preocupa. Posterior al asesinato apareció, de manos de un expolicía, un video donde el reportero, amenazado, menciona por nombre y medio a todos los reporteros de la plaza dedicados a cubrir el sector policiaco. Esto prendió alertas y movió al gobierno estatal a dotar de vigilancia (patrullas) a los reporteros. Sin embargo, el resultado fue peor. La gente en las redacciones está temerosa por tanta presencia policiaca y ha empezado a renunciar.

El 16 octubre, la periodista locutora Cecilia Méndez sufrió un grave atentado en Zapopan, Jalisco. Méndez viajaba a bordo de su vehículo tras salir de la estación en el que transmite el programa "Yo siempre estoy bien", en Zapopan, Jalisco. Sujetos que se movilizaban en una motocicleta le dispararon en el rostro y en el tórax. Su estado de salud es delicado.

El alto índice de impunidad y de la inseguridad en la que trabajan los periodistas en el país, queda evidenciado en la falta de resultados de investigaciones que deriven en el castigo a los responsables de los asesinatos y agresiones.

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