Cuba

La Ley 149 de Protección de Datos Personales amenaza el trabajo de la prensa independiente, al imponer limitaciones al manejo de datos personales de figuras relevantes del país, y exigir requisitos costosos para los medios que manejan datos. También permite al gobierno sancionar a los periodistas que hacen uso “inadecuado” de datos personales.

El gobierno no se ampara en ninguna ley para su práctica de arrestos domiciliarios por horas o días, contra periodistas independientes en fechas especiales. La periodista Camila Acosta, de Cubanet, contabilizó al menos ocho arrestos domiciliarios en este periodo, totalmente injustificados según la ley. El Ministerio del Interior es el responsable de esas omisiones y acciones ilegales. También lo es el Ministerio de Justicia por su habitual negativa de ofrecer amparo a los denunciantes.

El discurso estigmatizador contra la prensa independiente tuvo varios casos en este periodo, aunque su impacto en la población fue reducido debido al desgaste ideológico del régimen. El medio El Toque fue víctima de estos ataques por su sección dedicada a calcular los precios diarios promedios de una serie de monedas y que es usada como fuente y guía principal para establecer el precio de compraventa de esas monedas, y como referencia popular para calcular la inflación cotidiana.

Cientos de empleados públicos, especialmente funcionarios del Partido y el Gobierno y directivos de instituciones estatales, son conminados por sus superiores a comentar y compartir contenido generado por cuentas y medios del régimen, usando perfiles falsos o anónimos.

El acceso a información pública, fuentes oficiales y eventos gubernamentales se mantiene prohibido para la prensa independiente. En eventos públicos (inclusive no gubernamentales como procesiones religiosas), visitas oficiales y otros actos masivos de interés político para el régimen, los periodistas independientes son detenidos apenas la Seguridad del Estado los detecta o los sitia en sus casas bajo amenaza de arresto. Esto le ocurrió en varias ocasiones a Camila Acosta y a su esposo Ángel Santiesteban, quien fue detenido por salir de su vivienda para cubrir una procesión católica.

La vigilancia, el seguimiento y la intimidación física o digital son recurrentes contra la prensa independiente. Prácticamente todos los reporteros y directivos de medios en la isla tienen asignados vecinos o trabajadores de locales estatales cercanos para la vigilancia de sus viviendas y de sus visitas. El esposo de Iris Mariño –vicedirectora y redactora de La Hora de Cuba- al segundo día de mudarse a una nueva vivienda, fue filmado con celular y su casa continúa vigilada. Familias que viven cerca de Henry Constantín, le informaron en julio que habían sido visitadas por agentes de la Seguridad del Estado en busca de información sobre los movimientos del periodista. Un excolaborador del mismo medio fue presionado para dar información sobre el funcionamiento interno de la organización, como condición para poder salir del país.

El estado no ha dado un solo paso visible orientado a prevenir amenazas, ataques o agresiones a periodistas y medios. Habitualmente las denuncias que estos hacen a las oficinas de queja de los gobiernos locales y el Ministerio del Interior, así como las acusaciones que intentan levantar en los tribunales y unidades policiales, son desechadas o denegadas de inmediato cuando los funcionarios perciben que se trata de acusaciones en contra de instituciones públicas o de sus agentes.

Se registró un aumento de demandas judiciales contra periodistas. José Gabriel Barrenechea, de 14ymedio, fue acusado por el delito de desórdenes públicos, con seis años de petición fiscal, a pesar de que en la protesta en que participó fue la principal voz para pedir calma a los manifestantes. Osmel Ramírez, quien ha colaborado con Diario de Cuba, fue acusado por una inspectora económica de “atentado”, solo por tomarle una foto y publicarla en su perfil de Facebook con críticas a su trabajo. Jorge Bello sigue en prisión tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Constantin fue acusado de “desacato” por haber republicado en el medio que dirige la foto e identidad de un agente de la Seguridad del Estado.

Tanto la Ley de Protección de Datos Personales como las regulaciones sobre delitos informáticos contienen limitaciones a la libertad de expresión en redes de los periodistas, especialmente de aquellos que critican la realidad, cuestionan a las autoridades o investigan.

La Ley de Asociación y la que regula las actividades comerciales a desempeñar por los ciudadanos, imposibilitan a periodistas y medios alcanzar reconocimiento jurídico o crear empresas. Los periodistas tampoco tienen derecho a percibir sueldo, prestaciones por maternidad o enfermedad, y pensiones de jubilación.

Los medios públicos siguen siendo usados como la principal herramienta de propaganda gubernamental, sin que se detecte disminución o ampliación de esa tendencia.

Siguen bloqueados al acceso por el régimen cubano las webs de decenas de medios, organizaciones y servicios digitales, como por ejemplo la SIP, Reporteros sin Fronteras, Human Rights Watch, Cubanet, Diario de Cuba, El Toque, Cibercuba, el ICLEP, Cuba Decide y UNPACU.

El estado presiona a los funcionarios de intermediarios tecnológicos y, además, posee el monopolio de ese sector económico. ETECSA, única empresa que maneja todos los temas de telecomunicaciones es parte del conglomerado GAESA de propiedad estatal. Desde ETECSA, el gobierno censura páginas y contenidos, monitorea las comunicaciones de los ciudadanos, reduce o corta el acceso de estos a Internet o telefonía por periodos largos o de manera definitiva. También los sanciona con multas o les decomisa bienes en represalia por contenidos críticos.

Por otro lado, los medios independientes nativos enfrentan el daño colateral involuntario que generan las sanciones del gobierno de Estados Unidos. La prensa independiente no discute sobre la efectividad y la pertinencia de estas sanciones, pero señala que estas perjudican a los escasos promotores de libertad de expresión en el país. Por su falta de reconocimiento legal, tampoco la prensa independiente puede obtener fondos de desarrollo de la Unión Europea.

Sin embargo, se han registrado distintas medidas de apoyo que permiten que los periodistas independientes sigan cumpliendo con su papel, pese a que muchos han elegido emigrar debido a la represión y a la precariedad de la profesión. Entre esas medidas, se cuenta el apoyo de diplomáticos extranjeros; el aporte económico a medios que tienen cerradas todas las fuentes de financiamiento; la asistencia a familiares y colegas cercanos durante arrestos; el acceso a oportunidades de aprendizaje; el apoyo psicológico en asesoría y recursos; la posibilidad de acceder a tecnología que ayude a comunicaciones seguras y estables; y el apoyo material para paliar las condiciones de vida de ellos y sus familias.