CONSIDERANDO que el país atraviesa una etapa crítica para la libertad de prensa, que se manifiesta en ataques contra periodistas y medios de comunicación
CONSIDERANDO que el país atraviesa una etapa crítica para la libertad de prensa, que se manifiesta en ataques contra periodistas y medios de comunicación
CONSIDERANDO que la combinación de leyes criminalizadoras, campañas de estigmatización, ataques violentos sin sanción y control creciente del discurso digital conforman un panorama hostil
CONSIDERANDO que la criminalización de la expresión mediante normas del Código Penal que facilitan la persecución y la autocensura; la regulación estatal del contenido digital mediante la Secretaría de Planificación Estratégica para “monitorear noticias falsas”, y otras propuestas de regulación estatal son algunos de los principales desafíos legales e institucionales que enfrenta la prensa
CONSIDERANDO que continúan la estigmatización institucional y las campañas de desprestigio a través de acciones del general de las Fuerzas Armadas Roosevelt Hernández contra periodistas y medios; así como publicaciones oficiales y campañas públicas con mensajes de odio
CONSIDERANDO que la violencia, las amenazas y la impunidad generalizada de los asesinatos y agresiones recientes contra periodistas, líderes religiosos y defensores de derechos humanos generan un clima de miedo e intimidación
CONSIDERANDO que, en el contexto electoral de noviembre de 2025, es imprescindible que el Estado actúe con urgencia
CONSIDERANDO que la Declaración de Chapultepec, en su primer principio, consigna: "No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de esta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo", y que en su cuarto artículo afirma que el asesinato, la intimidación y “la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores coartan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad”.
LA 81ª ASAMBLEA GENERAL DE LA SIP RESUELVE
Instar al Estado hondureño a eliminar la criminalización de la expresión, restablecer la protección del periodismo digital y cancelar iniciativas de vigilancia estatal; garantizar transparencia institucional y neutralidad del Estado; investigar y sancionar con diligencia todas las agresiones, y fortalecer los mecanismos de protección para periodistas y defensores, y asimismo a cumplir los compromisos internacionales y las recomendaciones de la ONU y la CIDH sobre la situación de libertad de prensa en el país.
