La situación de la libertad de prensa en Panamá presenta un panorama de contrastes. Si bien no se han registrado agresiones físicas graves contra periodistas, persisten serios desafíos en los ámbitos judicial, político y económico que ejercen presión sobre los medios de comunicación.
El principal problema son las demandas judiciales, tanto civiles como penales, contra periodistas y medios. La legislación no ha sido reformada para impedir el secuestro de bienes de los medios, impresos y digitales, dentro de estos procesos. Dicho secuestro puede ordenarse al inicio del juicio, incluso antes de que se presenten pruebas, lo que pone en riesgo la viabilidad financiera de los medios o periodistas demandados.
El diario La Prensa (Corprensa) enfrenta costos legales exorbitantes y múltiples procesos pendientes ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Actualmente mantiene 15 demandas civiles: siete en primera instancia por USD 4,2 millones; cuatro con fallos a su favor por USD 33,5 millones, que resultaron en pagos por USD 817.000; y cuatro fallos en contra por USD 12 millones, en los que se le ordenó pagar USD 566.476. Además, enfrenta una demanda del diputado Benicio Robinson, quien reclama USD 1,5 millones por supuestas injurias.
En materia de calumnia e injuria, los procesos se tramitan como demandas civiles ordinarias, sin aplicar el principio de la “real malicia”. Esto deja las decisiones al libre criterio de los jueces. Por ejemplo, un tribunal revocó en segunda instancia un fallo favorable a Corprensa en un caso interpuesto por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien exigía USD 5 millones. El fallo inicial había aplicado el principio de “real malicia” para exonerar al medio. Este caso está pendiente ante la CSJ.
La Prensa publicó una investigación titulada “Presidencia destina $7.1 millones para restaurar y ampliar la villa diplomática” sobre la renovación de una casona abandonada, propiedad del Estado, que desató una avalancha de críticas al proyecto. Posteriormente, el diario difundió otra nota, basada en información recabada de las redes sociales de las hijas del presidente, según la cual ellas habían inspeccionado el inmueble tiempo atrás en compañía de un arquitecto cuestionado. El presidente José Raúl Mulino calificó esa publicación de “morbo y mala fe (…) Eso es maldad, distintivo de ese medio”. Tras ello, La Prensa fue notificada de la cancelación de varios contratos publicitarios de instituciones estatales. Algunos funcionarios expresaron que la suspensión de la publicidad estatal obedecía a las publicaciones relacionadas con las hijas del presidente y el proyecto de restauración de la villa diplomática, añadiendo que no iban a pautar por orden de la Presidencia de la República.
Varios medios han denunciado que la publicidad estatal se utiliza como mecanismo de presión. El Primer Informe sobre las Libertades de Expresión y de Prensa, impulsado por el Forum de Periodistas, reveló que la mayoría de los medios reciben presiones gubernamentales a través de la pauta. Asimismo, el periodista Álvaro Alvarado denunció el incumplimiento de un contrato de publicidad por dos meses en su emisora, alegando que el gobierno no estaba de acuerdo con su línea editorial.
El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) demandó al diario La Estrella de Panamá y a dos de sus periodistas por la publicación de una nota sobre el cierre de sus cuentas bancarias en la Caja de Ahorros, exigiendo USD 1 millón en compensación.
El medio digital Foco enfrenta dos causas penales y dos demandas civiles por un total de USD 746.000. En un proceso interpuesto por el expresidente Ricardo Martinelli, se mantiene un secuestro de USD 4.500. Además, sigue vigente una sanción (no ejecutada) del Tribunal Electoral por una denuncia de Martinelli.
A pesar de la condena judicial en el caso New Business, sobre la compra de Editora Panamá América, S.A. (EPASA), los diarios Panamá América, La Crítica y Día a Día continúan operando con libertad editorial. Su antiguo propietario, Martinelli, permanece asilado en Colombia.
El periodista Félix Tijerino, de InformatPanamá, fue demandado por presunto delito contra el honor. En contraste, el periodista Ronald Acosta obtuvo un fallo favorable cuando se revocó el secuestro judicial de USD 121.000 impuesto a raíz de una demanda del diputado Benicio Robinson.
El cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información sigue siendo deficiente, ya que algunos funcionarios evitan responder a los cuestionamientos de la prensa o se amparan en la Ley de Protección de Datos Personales para negar información pública. En la Asamblea Nacional, no se registraron avances en iniciativas de transparencia.
Además, en actos oficiales suele discriminarse en la invitación a los medios, y el presidente Mulino a menudo tiene “reacciones destempladas” frente a preguntas incómodas en sus conferencias semanales.
El acoso digital ha disminuido en general, aunque persisten campañas de desprestigio en redes sociales contra periodistas, impulsadas en algunos casos por Ricardo Martinelli, quien manipula información privada de comunicadores.
La difícil situación económica del sector ha provocado autocensura entre periodistas; varios han optado por ejercer de manera independiente o abandonar la profesión.
A pesar de las presiones y limitaciones, el Estado mantiene garantías para el ejercicio del periodismo. No se han registrado cierres de medios, bloqueos digitales, ni vigilancia contra periodistas. Tampoco se reportaron atentados o agresiones físicas graves. Sin embargo, durante las protestas por las reformas a la Caja de Seguro Social en Bocas del Toro, varios periodistas nacionales y corresponsales extranjeros denunciaron haber sido hostigados o agredidos por miembros de sindicatos y organizaciones sociales.
Finalmente, el gobierno publicó en el portal oficial de compras información sobre el gasto en publicidad estatal. Como parte de una política de contención, los medios tradicionales han visto reducidas de manera significativa las partidas asignadas, con denuncias de discrepancias en su distribución.
