Perú

El Poder Ejecutivo fue la institución que más asedió y limitó el trabajo de la prensa. Estas restricciones incluyeron el silencio de la presidenta Boluarte frente a los medios, el rechazo a pedidos de información pública y el retorno del ministro Juan José Santiváñez, quien constantemente hostigó a los periodistas.

En junio el gobierno anunció que la presidenta Boluarte tendría un programa de televisión dominical en la estación estatal, momento en el que cumplía 250 días sin responder preguntas de la prensa desde octubre de 2024. La presidenta solía presentarse en actos públicos a los cuales no invitaba a la prensa.

En otro hecho, el Palacio de Gobierno rechazó entregar información pública al programa Punto Final, del canal Latina, sobre los gastos de alimentación asignados a la presidenta Boluarte y su familia a través de una tarjeta recargable. Se argumentó que la información ponía en riesgo la seguridad de la presidenta, quien podría ser blanco de “posibles atentados terroristas y/o criminales”.

El Congreso continúa su intento de imponer mordazas mediante nuevas leyes y cambios legislativos y, junto al Ejecutivo, trató de controlar los contenidos de los medios con “franjas informativas” en casos de violencia contra la mujer y familiares. La ley impone un espacio informativo gratuito de hasta el 10 por ciento de la programación sobre el que le medio no tiene control editorial.

Ambos poderes aprobaron una ley de amnistía para favorecer a quienes perpetraron abusos contra los derechos humanos durante el período 1980 a 2000, que incluyó a Daniel Urresti, quien en 1988 asesinó al corresponsal de Caretas, Hugo Bustíos. Otros asesinos de los periodistas Jaime Ayala, Melissa Alfaro y Pedro Yauri, pueden ser amnistiados.

En junio, el Congreso modificó el Decreto Legislativo 702 sobre promoción de la inversión privada en telecomunicaciones. Estableció que los proveedores de televisión por cable en regiones del país están obligados a incluir señales de canales de televisión de forma gratuita, práctica que hasta entonces era compensada. Y en julio, la Comisión Permanente del Congreso agendó debatir la ‘Ley Mordaza’, que busca ampliar las penas de cárcel y difamación contra periodistas. También demanda que los medios publiquen una rectificación en tres días consecutivos.

En otra acción del Congreso, se prohibió a sus trabajadores declarar a la prensa sin autorización previa sobre asuntos de los congresistas.

En ese mismo sentido, la Policía Nacional del Perú resolvió clasificar como información reservada “toda información de denuncias contenida en la base de datos del Sistema de Denuncias Policiales y del Sistema de Registro de Denuncias de Investigación Criminal, por un plazo de cinco años”.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, por iniciativa del congresista José Luis Elías Ávalos, del partido Podemos Perú, evaluó modificar el Código Penal para sancionar a quien publique “indebidamente” mensajes de texto o correo electrónico “sin que medie interés público”. El cambio se refiere al delito de publicación indebida de las comunicaciones, que incluye a otros tipos de correspondencia. Se discute la sanción a aplicarse.

El Ministerio Público continuó con su política de pedir a los periodistas que revelen sus fuentes de información y abrió investigaciones contra ellos y los medios por asociación criminal.

En mayo, El Comercio, Panorama y La Encerrona denunciaron que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) rechazó un pedido de acceso a la información pública sobre un potencial aumento de sueldo a la presidenta Boluarte. La PCM justificó que la información era confidencial y se amparó en disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro hecho, la PCM calificó de reservada la información sobre los vehículos de uso oficial “por el riesgo que puede generar a sus usuarios la difusión pública de dicho dato”.

En junio, Panorama denunció el direccionamiento de publicidad estatal a favor del medio La Noticia, que dirige Martin Valdivia, vinculado al escándalo de los “diarios chicha” durante el gobierno de Alberto Fujimori. Valdivia dirige la empresa Fama y Asociados, encargada de distribuir el presupuesto publicitario de la Presidencia del Consejo de Ministros. La Noticia dista del alcance de otros medios de mayor trayectoria y alcance en Lima y en otras regiones del país.

En julio, el asesor presidencial y exministro del Interior, Juan José Santiváñez, denunció a los periodistas del canal Latina Mónica Delta, Juan Subauste, Carlos Hidalgo y Jorge Ramírez por el delito de reglaje o seguimiento ilícito. En un reportaje de ese canal, se muestra a Santiváñez a las afueras de su casa, donde están estacionados vehículos del Estado, y se revela que se reunió con funcionarios públicos de alto nivel, lo que excedería sus responsabilidades. La segunda fiscalía provincial penal de La Molina y Cieneguilla abrió una investigación preliminar contra los periodistas por el presunto delito contra la tranquilidad pública y contra la paz pública “en modalidad de reglaje”.

En setiembre, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo en un evento público que “hay que cargarse a Gorriti”, que en jerga popular implica matar. En varias ocasiones López Aliaga ha amedrentado al periodista, director de IDL Reporteros. Gorriti señaló que denunciará al alcalde por incitación al asesinato y denunció que López Aliaga ha prometido sacarlo del país en caso de ser elegido presidente. El político lidera con 11% las encuestas de preferencias para las elecciones presidenciales de 2026.

El alcalde es conocido por sus constantes ataques a la prensa. En un discurso durante la inauguración de un bypass en Lima, mostró un envase de mermelada en referencia a Canal N y señaló que “siempre friegan, friegan”. En otro discurso, durante la inauguración de un parque en el distrito de San Martín de Porres, López Aliaga volvió a presentar un frasco de mermelada para referirse a la revista Caretas. No es la primera vez que el alcalde se refiere a la prensa como “mermelera”, un insulto que infiere que los medios cobran dinero como parte de su trabajo informativo.

Otros hechos relevantes en este período:

La Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción solicitó levantar el secreto de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz Arana y César Prado Malca, en referencia a una investigación que sigue el Ministerio Público por el presunto delito de cohecho contra los periodistas y la fiscal Marita Barreto. Según Miguel Girao, exasesor de la exfiscal de la nación Patricia Benavides, Barreto habría pedido a los periodistas publicar informaciones negativas sobre la fiscal superior Delia Espinoza, hoy fiscal de la nación. Ambos periodistas negaron la acusación.

El periodista Marco Sifuentes, del programa digital La Encerrona, fue denunciado por la congresista Patricia Chirinos por el delito de difamación agravada. Sifuentes mencionó, en diciembre del año pasado en el programa de streaming Pitucos Marrones, antecedentes de Chirinos –de manera general– en un contexto de conversación sobre delincuencia. Según la denuncia, el periodista señaló que la congresista sería una “jefa de sicarios”. Cuando fue presentada, en mayo, el Poder Judicial declaró improcedente la querella pues Sifuentes realizó “una crítica amparada en la libertad de expresión”. Chirinos apeló.

El Ministerio Público exigió, en mayo, al medio digital de la provincia limeña de Huaral, Central de Noticias, revelar la fuente que le entregó información sobre presuntos actos de corrupción en la Municipalidad de Aucallama. De no revelar la identidad de la fuente, el medio incurriría en “el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad”.

En julio, el fiscal Robinson Ramírez, de una fiscalía especializada en violencia contra la mujer, abrió investigación a los periodistas de Willax Carlos Paredes, Augusto Thorndike, Marycielo del Castillo y Milagros Leiva por acoso, violación de domicilio y “banda criminal” tras diversas coberturas críticas del canal de televisión sobre la fiscal Marita Barreto, quien previamente abrió una denuncia.

La periodista Carolina Arredondo Villar, del portal informativo Polémica Loreto, denunció haber sido víctima de hostigamiento e insultos luego de que intentara obtener información oficial sobre la situación de un juez condenado por casos de corrupción en la región selvática de Loreto. La Oficina de Imagen Institucional, Prensa y Protocolo de la Corte Superior de Justicia de Loreto acusó a la periodista de hacer “prensa amarilla”. Luego, fue expulsada del grupo oficial de WhatsApp integrado por periodistas que cubren asuntos de dicha corte.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales arremetió contra El Comercio por noticias con “medias verdades” e información “que no dice la verdad”. Señaló que es un diario de “mermeleros” y que responde a “intereses de las constructoras”.

La periodista de la Unidad de Investigación de La República, Rosmery Tapara viene siendo hostigada tras publicar sobre una empresa de limpieza pública que habría cometido fraude en la compra de un terreno. El periódico ha recibido cartas notariales de las empresas Industrias Argüelles y Servicios Generales, así como de Marianella Pasco Flores y Elvis Aniceto Argüelles, todos ellos vinculados a la investigación publicada. Tapara ha sido víctima de suplantación de identidad, bloqueo de líneas telefónicas y envío de mensajes intimidatorios.

Varios periodistas de la ciudad de Andahuaylas fueron denunciados por el presunto delito de lavado de activos y por integrar una red de testaferros. Ellos son el gerente de Radio Titanka, Guy Velazque Arias, su esposa, María Olarte Lima, así como los periodistas Analí Andrade Pareja (Fuerza Informativa Apurímac), Paul Pilco Dorregaray (Radio Titanka), Carlos Peña Costillo (La Gaceta del Aire), Edwin Ramírez (Portada.pe) y Rolando Alcarráz Naveros (Comentarista Radio Titanka). La denuncia apareció tras la publicación de varias notas periodísticas que cuestionan la gestión del alcalde de Andahuaylas, Abel Serna Herrera.

El Sexto Juzgado Constitucional de Lima admitió una acción de amparo presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) contra la ley que otorga nuevas facultades a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional en relación con las ONG. Según el IDL, una modificatoria del Congreso al funcionamiento de la APCI vulneraría derechos fundamentales, como la libertad de asociación y de participación de la sociedad. Desde la promulgación, la APCI puede vetar actividades financiadas, impedir la actuación de privados hasta obtener autorización del Estado, limitar la litigación de asociaciones contra el Estado y hasta cancelar registros de organizaciones que financian actividades que puedan afectar el “orden público”.

El periodista Carlos Alarcón denunció que sujetos desconocidos dispararon una ráfaga de 13 balas a su casa, en Yurimaguas, ciudad ubicada en la región Loreto. Alarcón conduce un programa en el canal Amazonía TV Yurimaguas. Menos de una semana antes, el periodista recibió amenazas vía WhatsApp: “plomo pediste y plomo vas a recibir”.

La Municipalidad de Lima utilizó sus canales de comunicación para hostigar al diario La República. En un post, señaló que trabajadores del medio habrían cortado el tapiz de los asientos de uno de los coches del tren Lima-Chosica tras ingresar a este “sin autorización”. Ello como respuesta a una nota en la que La República mostraba trenes deteriorados. Los trenes tienen 40 años de antigüedad. Tras los comunicados, la periodista Grecia Infante fue amenazada de muerte y sujetos extraños contactaron a su familia para que se abstenga de informar sobre el caso. Asimismo, un grupo de simpatizantes del alcalde de Lima gritó insultos e hizo pintas en la fachada del edificio del diario.

La periodista Gudy Gálvez Tafur, directora del medio Huaraz Noticias, de la región Áncash, recibió amenazas de muerte. Huaraz Noticias venía denunciando manejos ilícitos y actos de corrupción en obras públicas en la ciudad de Huaraz.

El fotógrafo de Wayka, Juan Zapata, y su colega independiente Juan Mandamiento fueron agredidos por policías mientras cubrían las manifestaciones de deudos de los asesinados durante las protestas de 2022 y 2023. Asimismo, periodistas del programa Panorama, de Panamericana Televisión, fueron agredidos por familiares de una empresaria que ganó grandes licitaciones del gobierno regional de La Libertad.

El periodista Manuel Calloquispe fue amenazado de muerte por un integrante de la organización criminal ‘Los Guardianes de La Trocha’. Calloquispe ha publicado en medios como Inforegión, El Comercio y Latina informaciones sobre el operar de las mafias de la minería ilegal en La Pampa, una zona de la región Madre de Dios, entre ellas de ‘Los Guardianes de La Trocha’. El periodista pidió ayuda inicialmente al Gobierno Regional de Madre de Dios, pero no obtuvo respuesta. Finalmente, fue evacuado de emergencia a Lima. No es la primera vez que él o su familia son amenazados.

El juez y expresidente de la Corte Superior de Justicia de Puno, Juan Francisco Ticona Ura, querelló por difamación y presentó una demanda de habeas data contra el periodista Óscar Pareja Castro, director del diario Los Andes, para que su medio retire una publicación que cuestiona la designación de una funcionaria de dicha corte por pesar una sanción sobre ella. Ticona también exige que se revele la identidad de la fuente que proporcionó la información al periodista. Un juzgado de Puno resolvió que se elimine la nota, pero no se hizo eco del pedido de revelación de la fuente.

Dieciséis periodistas resultaron heridos u hostigados durante la cobertura de protestas contra el gobierno y el Congreso en septiembre, según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Los periodistas afectados cubrían los hechos para los medios La República, Ojo Público, Hildebrandt en sus Trece, Exitosa, El Foco, ATV, Wayka, Reuters y Vía TV. La Policía Nacional disparó perdigones contra algunos de ellos, como Jahaira Pacheco y Percy Grados. Algunos manifestantes se mostraron agresivos. Varios periodistas sufrieron el robo de equipos e intimidación.