ESTADOS UNIDOS

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La reportera del New York Times, Judith Miller, salió en libertad el 29 de septiembre luego de pasar más de 12 semanas en prisión por haberse rehusado a revelar una fuente confidencial. Su liberación se dio después de que sus abogados obtuvieran la renuncia voluntaria y personal de un funcionario de la administración Bush, I. Lewis “Scooter” Libby, jefe del despacho del vicepresidente Dick Cheney, eximiéndola de su compromiso de confidencialidad. Al día siguiente, Miller se presentó ante un gran jurado que examina quién filtró la identidad de Valerie Plame, agente secreto de la CIA. Los abogados de Miller dijeron que ella cambió de opinión después de que le dieron garantías de que la autorización firmada por Lobby y entregada al fiscal ad hoc Patrick Fitzgerald había sido obtenida sin coerción. Su testimonio se limitó a conversaciones que ella había sostenido con Libby en julio del 2003. Su liberación se produjo diez días después de que hablara telefónicamente con él desde la cárcel. Durante dicha conversación, Libby le reiteró que la había eximido del compromiso de confidencialidad hecho hacía más de un año, según versión del abogado de Libby, Joseph A. Tate, de Philadelphia. Libby había firmado una renuncia general, pero a Miller le preocupaba la posibilidad que algún funcionario de la administración Bush lo hubiese obligado a hacerlo. “Ella quería oírselo decir directamente al Sr. Libby”, señaló Tate “y él le aseguró que la renuncia la hizo en forma voluntaria”. El caso de Miller ha sido un tema candente en los círculos mediáticos de los Estados Unidos. Algunos la consideran una adalid de la libertad de prensa mientras que otros han cuestionado la forma en que el New York Times ha manejado su caso. Por ejemplo, todavía no resulta claro por qué Miller no aceptó antes la renuncia de Libby, especialmente cuando ambos han manifestado que existe entre ellos una relación de respeto mutuo. Su arresto también ha provocado pedidos para fortalecer las leyes “escudo” que protegen a los periodistas de la obligación legal a revelar sus fuentes. En algunos casos, los ejecutivos de prensa están emitiendo pautas para educar y reentrenar a su personal en el uso de medidas para proteger sus notas periodísticas y demás fuentes y así evitar que éstas sean usadas como prueba en un juicio. Una delegación de la SIP, encabezada por su presidente Alejandro Miró Quesada, visitó a Miller el 10 de agosto, cuando estuvo en prisión, luego de lo cual emitió una declaración de apoyo, alabándola por su coraje y defendiendo el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes. Más de dos docenas de reporteros han sido citados o interrogados en Estados Unidos en los últimos 18 meses en relación con sus fuentes confidenciales. Al reportero de WJAR-TV, un canal de televisión de Rhode Island, Jim Taricani, se le levantó el arresto domiciliario el 9 de abril, luego de cumplir cuatro de los seis meses de la sentencia. Esta le fue impuesta por un juez el pasado mes de diciembre, luego de que se negara a revelar el nombre de la persona que le proporcionó una cinta que fue usada como prueba en un juicio por corrupción de un funcionario municipal. Mientras estuvo bajo arresto domiciliario, a Taricani se le prohibió el acceso a Internet, a trabajar o a hablar con los medios. En octubre, la Corte Suprema desestimó una apelación de The Boston Globe a raíz de que el diario se rehusara a revelar una fuente confidencial. El Globe apeló cuando se le condenó al pago de $2 millones luego de que perdiera el juicio por difamación en el que también estaba implicado su reportero Richard Knox. El Globe había sido demandado por la doctora Lois Ayash, por haber publicado una nota en primera plana acusándolo de haber causado la muerte de Betsy Lehman, una columnista que escribía sobre temas de salud en el Globe, que murió en 1994 debido a una sobredosis de drogas experimentales contra el cáncer. El diario informó que Ayash dirigía la junta de médicos a cargo de la salud de Lehman y que había refrendado una orden médica que provocó su muerte. Posteriormente, el Globe publicó una nota aclaratoria en la que explicaba que Ayash no refrendó la orden pero se reafirmó en el hecho que ella encabezaba el equipo de médicos. Ayash querelló y exigió que el diario revelara su fuente confidencial. El diario se rehusó a hacerlo y automáticamente perdió el juicio. Un jurado decidió que el diario debía pagar una multa de $1.68 millones por daños y perjuicios, mientras que el reportero Richard Knox debía pagar $420,000. Cuando apeló ante la Corte Suprema, el Globe recibió el apoyo de la Associated Press y de más de media decena de empresas y asociaciones periodísticas. La abogada del grupo, Laura Handman, dijo a los magistrados que el dictamen contra el Globe era “doblemente inconstitucional porque permite que una figura pública que presenta una demanda reciba una reparación civil por libelo sin demostrar la falsedad de lo publicado o que la prensa actuó con real malicia”. Un juez federal de la ciudad de Nueva York ordenó la publicación de unas fotos controvertidas que mostraban los abusos cometidos contra los detenidos en la prisión de Abu Ghraib. En su dictamen, el juez opinó que el derecho del público a ver las fotos prima sobre el deseo del gobierno de ocultar la información. El gobierno sostuvo que la publicación de dichas imágenes podría incitar a la violencia contra tropas norteamericanas o perpetuar las acciones terroristas. Citando la Ley de Libertad de Información, el juez de distrito Alvin K. Hellerstein calificó a las fotos como la “mejor evidencia” de lo que ocurrió en una prisión manejada por las tropas norteamericanas cerca de Bagdad. En septiembre, un estudio realizado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) sostuvo que el ejército norteamericano “falla sistemáticamente” en sus intentos por aclarar la matanza de periodistas en Irak. La CPJ también llegó a la conclusión que el Pentágono no había podido poner en práctica sus propias recomendaciones para mejorar la seguridad de los medios. Según la CPJ, desde que empezó la guerra en Irak 13 periodistas han resultado muertos. Por lo menos otros 40 periodistas han resultado muertos mientras cubrían el conflicto, además de otras 21 personas que trabajaban como personal de apoyo. La SIP ya había informado sobre varios de estos incidentes. El más reciente tiene que ver con el asesinato de un técnico de sonido de Reuters, Waleed Khaled. En un primer comunicado, el ejército norteamericano sostuvo que se habían seguido los procedimientos “apropiados”. El senador norteamericano Arlen Specter (Republicano por Pensylvania) ha presentado un proyecto de ley que permitiría cobertura televisiva en vivo durante las audiencias en la Corte Suprema de Estados Unidos. Este proyecto negaría el acceso de las cámaras de televisión solamente, si es que en algún caso específico la mayoría decidiese que la presencia de las cámaras viola el debido proceso. El 16 de septiembre, la Corte Suprema de Ontario decidió que un tribunal canadiense no tenía jurisdicción sobre The Washington Post en un caso de difamación basado principalmente en la publicación de dos notas en la página web del diario. Al momento de la publicación de dichas notas, en 1997, en Ontario solamente habían siete suscriptores que recibían el periódico diariamente, el querellante no residía en Ontario y la única persona que accesó a los artículos aparecidos en los archivos electrónicos del Post fue el abogado del querellante. “En realidad se trata de una gran decisión”, apuntó Kurt Wimmer, de Covington & Burling, el estudio de abogados que también representó en el caso a una coalición de medios norteamericanos (incluida la SIP). “Reconoce la realidad de las publicaciones en Internet y que no es justo obligar a los editores a someterse a una jurisdicción que puede estar en cualquier parte del mundo sólo porque alguien bajó un artículo en ese lugar”. Las empresas mediáticas norteamericanas e internacionales se quejan de los ataques a su personal y de la confiscación de material fílmico de los tiroteos entre la policía y los saqueadores durante los primeros días después de que el huracán Katrina devastó la región del Golfo de México. Asimismo, han citado un intento de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) por restringir la cobertura. La agencia pidió públicamente a las organizaciones noticiosas abstenerse de fotografiar los cuerpos que se estaban recuperando en Louisiana y Mississippi. Según los informes presentados por el CPJ, la policía de Nueva Orleáns le arrebató la cámara que llevaba colgada al cuello Lucas Oleniuk del Toronto Star, por haber fotografiado los choques entre la policía y los saqueadores. Le extrajeron las tarjetas de memoria, robándole más de 350 imágenes que incluían fotos de “oficiales golpeando violentamente a dos sospechosos; un ataque tan fuerte que hizo defecar a uno de los sospechosos”, informó The Toronto Star. Ese mismo día, Gordon Russell del Times-Picayune de New Orleans escribió que tanto él como un fotógrafo del New York Times, cuyo nombre no mencionó, fueron obligados a abandonar el lugar donde se produjo un tiroteo entre la policía y los residentes, cerca del centro de convenciones donde las víctimas del huracán esperaban ser evacuadas después de que la policía empujara a los periodistas contra una pared y arrojara sus equipos al suelo. Brian Williams, relator principal de noticias de la cadena NBC de Estados Unidos, manifestó que él y su equipo recibieron órdenes en las que les prohibían filmar a una unidad de la Guardia Nacional que protegía una tienda en el centro de Nueva Orleáns, el 7 de septiembre. Un proyecto de ley anti-paparazzi presentado ante la Asamblea Legislativa de California mediante la cual se castigaría seriamente la persecución de celebridades por parte de fotógrafos exageradamente agresivos ha recibido el apoyo de la Comisión de Justicia del Senado. La propuesta fue añadida a otro proyecto de ley que no tenía nada que ver con éste, sino que se refería a la contratación de menores de edad para realizar trabajos artísticos y que fue desmenuzado y sustituido por un proyecto de ley que triplica el monto de la indemnización por daños resultantes de una agresión y que va incluido en una sección del código Civil de California. El presidente de la Corporation of Public Broadcasting, que cuenta con un presupuesto de $400 millones para servicios públicos de radiodifusión parcialmente financiado por el gobierno federal, contrató secretamente a un consultor para que monitoreara los noticieros y programas de entrevistas de las estaciones públicas de radio. El informe halló que habían muchas opiniones “liberales” y en contra del gobierno. Sin embargo, los críticos aducen que el informe en sí era inadecuado, políticamente tendencioso y plagado de errores.

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