MÉXICO

Aa
$.-
En este semestre se agravó un lamentable ciclo de atentados contra la vida de periodistas mexicanos. Tres de ellos fueron asesinados y uno fue secuestrado en abril y permanece desaparecido, por lo que hay fundadas razones para temer por su vida. A esta cifra se le suman otros cinco asesinatos cometidos entre marzo del 2004 y el 2005. En suma, el último año y medio representa el período más grave que el país haya conocido. De estos nueve casos, en cinco existen evidencias, avaladas por las indagatorias oficiales, para ligar estos crímenes con la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico. En los otros cuatro, la autoridad ha argumentado que los móviles de los atentados caen en el ámbito privado de las víctimas, no en asuntos ligados con la libertad de expresión. Sin embargo, ni las familias, ni el gremio periodístico al que pertenecieron, ni la opinión pública han recibido información fehaciente que permita por ahora descartar en definitiva la hipótesis de que el móvil de los ataques fue el ejercicio de su profesión. La lista es la siguiente: - Jesús Reyes Brambila, muerto el 18 de septiembre en Guadalajara, Jalisco. - Raúl Gibb Guerrero, director del periódico La Opinión en Poza Rica, Veracruz, asesinado el 8 de abril. - Guadalupe García Escamilla, acribillada frente a su trabajo el 5 de abril último, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. - Alfredo Jiménez Mota, reportero de El Imparcial de Hermosillo, Sonora, desapareció desde el 2 de abril. Se había destacado por sus coberturas sobre narcotráfico. Al momento de desaparecer contaba con 25 años de edad. Los casos que hemos reportado en informes anteriores, son los siguientes: - Gregorio Rodríguez Hernández, de Sinaloa, victimado el pasado 28 de noviembre del 2004. - Leodegario Aguilera Lucas, reportado como desaparecido en el puerto de Acapulco el 9 de septiembre del 2004. - Francisco Arratia Saldierna, asesinado en Tamaulipas el 1º de septiembre del 2004. - Francisco Ortiz Franco, muerto en Tijuana en junio del 2004. - Roberto Mora García, asesinado en marzo del 2004 en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El reiterado reclamo expresado por la SIP y otros sectores sobre estos casos ha dado lugar a que la Procuraduría General de la República haya atraído bajo control federal las investigaciones sobre cuatro de estos casos, los correspondientes a Francisco Ortiz Franco, Guadalupe García Escamilla, Raúl Gibb Guerrero y Alfredo Jiménez Mota. A la par de estos ejemplos brutales contra la libertad, la violencia ha impuesto un clima de terror y desaliento en diversas regiones del país, especialmente en la zona norte limítrofe con Estados Unidos. Un conteo independiente iniciado este año por el diario El Universal con casos de ejecuciones atribuidas al narcotráfico superó la cifra de mil muertes de este tipo en menos de nueve meses. Amenazas y presiones contra editores y reporteros han derivado en que diversos medios eludan publicar información relativa al narcotráfico, incluso aquella surgida de fuentes oficiales. El estado con mayor número de ejecuciones es Sinaloa, en la costa oeste del país. Ahí, como en la frontera, han surgido múltiples reportes de periodistas que abandonan su oficio e incluso se mudan de ciudad, temiendo por ellos mismos y por sus familias. La SIP ha mostrado una gran actividad y ha sumado su valioso aporte a la tarea de organizar una respuesta consistente por parte de los editores y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Reporteros sin Fronteras. El 30 de agosto fue convocado en la ciudad de Hermosillo, Sonora, un Encuentro de Editores de la Frontera Norte. Editores de 40 periódicos, provenientes de ocho estados del país, se congregaron para asumir diversos compromisos. La Declaración de Hermosillo solicita a las autoridades nacionales la necesidad de que existan normas para que los crímenes contra la libertad de expresión puedan ser de jurisdicción federal, que no prescriban y que se aumenten las penas y castigos para quienes los cometan. El periódico Noticias de Oaxaca continúa ocupado desde noviembre pasado y sufre el acoso del gobierno estatal, al que se le atribuye alentar un conflicto laboral del diario con un sindicato. El 18 de julio pasado este sindicato cercó las instalaciones del periódico e impuso una huelga. El diario sigue circulando con sumas dificultades, pues es impreso en una ciudad cercana. En abril pasado, por impulso de diversos actores sociales en México, el Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal que le impide al Ministerio Público exigir a los practicantes de diversas profesiones revelar la identidad de sus fuentes de información. Ello representará el establecimiento a nivel federal, del secreto profesional del periodista. Esta ley debe ser aprobada aún en la Cámara de Diputados. Otros hechos que afectaron la libertad de prensa fueron: El 2 de abril se reporta la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, del diario El Imparcial de Hermosillo, Sonora. Jiménez Mota, se especializaba en temas sobre seguridad pública, específicamente relacionados con el narcotráfico. Su caso ha sido atraído al ámbito federal. El 5 de abril, la periodista Guadalupe García Escamilla, de Radio Estéreo 91, fue atacada a balazos por un sujeto solitario que le disparó nueve tiros. Luego de permanecer once días en terapia intensiva, falleció el 16 de abril. La periodista había denunciado amenazas de muerte vía telefónica. Antes fue incendiado su vehículo. Este caso ha sido atraído al ámbito federal. El 8 de abril, el periodista Raúl Gibb Guerrero, director general del diario La Opinión en Poza Rica, Veracruz, fue victimado por cuatro hombres que le dispararon 15 veces desde dos automóviles, cuando conducía su camioneta. Este caso fue atraído al ámbito federal. El 28 de abril, directivos y personal del diario vespertino Primera Hora, de Mazatlán, Sinaloa, denunciaron penalmente que tres de sus reporteros que cubren la fuente de policía, José Luis Rodríguez, Juan Escutia y otro no identificado, fueron amenazados de muerte vía telefónica por publicar un reportaje sobre el robo de gasolina en Petróleos Mexicanos y el asesinato de un agente ministerial. El 11 de mayo, un grupo de desconocidos arrojó una bomba molotov contra la camioneta del director editorial del periódico Primera Hora, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, Pedro Pérez Natividad. El 18 de julio, grupos de choque y policías sin uniforme tomaron por la noche las instalaciones del periódico Noticias, desalojando con violencia a 31 empleados del diario que durante 30 días habían sido impedidos de abandonar el lugar por problemas sindicales. Los empleados fueron golpeados y despojados de celulares y carteras por los agresores, encabezados por Ulises Bravo, uno de los dirigentes de la CROC, y por Carlos Monjarraz, integrante de un grupo de choque del líder de esa organización sindical, David Aguilar Robles. El 22 de julio en Cananea, Sonora, el delegado del comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, Juan José Gutiérrez Ballesteros y dos de sus guardaespaldas, fueron detenidos y liberados tras el pago de una fianza por los delitos de amenazas y agresión en contra del reportero Orlando Valencia Estrada, del programa de noticias “Noticentro”, de la estación de radio local La Consentida. El 29 de julio, en Escuinapa, Sinaloa, la reportera Sugey Estrada, corresponsal del periódico Noroeste, denunció que fue amenazada por el jefe de la Policía Municipal Filiberto Bribiesca Sandoval cuando trató de entrevistarlo. Directivos y periodistas del diario Noroeste presentan el “Informe Escuinapa”, que da cuenta de un clima de hostigamiento en contra de diversos periodistas de la región, los que han debido dejar sus trabajos e incluso mudarse con sus familias a otras ciudades, ante el temor de atentados. El 18 de septiembre, Jesús Reyes Brambilia, reportero de la sección de sociales del periódico Vallarta Milenio, fue encontrado muerto en la cajuela de un automóvil propiedad de la empresa que edita el rotativo. El cuerpo del comunicador se encontraba dentro de una bolsa negra, desnudo, con las manos atadas, los ojos vendados, presentaba tres heridas por arma blanca en el cuello y en el tórax, además de tres golpes contundentes en la cabeza. El vehículo fue abandonado cerca del centro de Guadalajara. De acuerdo con el Servicio Médico Forense, el asesinato de Reyes Brambilia se produjo días antes de que fuera hallado. El reportero era hermano del director general del diario, Luis Reyes Brambilia, y fue identificado por sus familiares.

Compartí

0