NICARAGUA

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El conflicto político en el que están sumergidos los poderes del Estado en este período gravitó negativamente sobre el clima de libertad de prensa y expresión. El Colegio de Periodistas ─cuya ley creadora es inconstitucional y hay varios recursos interpuestos en su contra─ anunció que los periodistas se tienen que inscribir en dicho Colegio antes del 15 de julio del 2005 para poder ejercer el periodismo legalmente. De acuerdo con ello, el ejercicio ilegal del periodismo es penado con la cárcel según una "ley contra la vagancia" de finales del siglo XIX. En lo positivo, el miembro de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, Wálmaro Gutiérrez, declaró que antes de finalizar el año se discutirá la Ley de Acceso a la Información en el plenario de la Asamblea Nacional para su aprobación. El 14 de agosto, el periodista Rony Adolfo Olivas Olivas, fue asesinado de dos balazos en la espalda por el taxista Santos Oseguera Palacios. El hecho ocurrió cerca de la casa de Olivas, quien iba como pasajero en el taxi que conducía el asesino. Olivas era corresponsal de La Prensa y del diario Hoy en la ciudad de Estelí, ubicada 150 kilómetros al norte de Managua. El periodista Adolfo Olivas Olivas había sido amenazado de muerte reiteradamente vía telefónica en las últimas semanas, después de hacer denuncias sobre el narcotráfico internacional y local, aunque no se descartó que el móvil del crimen haya sido una discusión por el precio del pasaje. El taxista Santos Oseguera, de 33 años, huyó del lugar del hecho, pero se entregó a la Policía días después y posteriormente indicó dónde había escondido la pistola homicida. El juicio comenzará a finales de octubre. Una reforma del artículo 68 de la Constitución y, como consecuencia, la posterior aprobación de una enmienda a la Ley de Equidad Fiscal que incluye la reducción sustancial de las exoneraciones tributarias para los medios de comunicación, ha sido considerada por éstos como una violación al Principio 7 de la Declaración de Chapultepec. La reforma se ha percibido como un castigo a los principales medios por su oposición al pacto de los dos principales partidos que dominan los votos en la Asamblea Nacional. El presidente Bolaños vetó el artículo correspondiente a la reducción de las exoneraciones de los medios, en la ley de Equidad Fiscal, pero después de dos meses durante los cuales la Asamblea Nacional no rechazó ni aprobó el veto, el mismo Presidente promulgó y publicó la ley, includio el artículo vetado. Una comisión de la SIP que visitó Nicaragua mostró su preocupación por que "en el continente americano es usual que los políticos intenten castigar o controlar a la prensa por medio de aprobación de leyes, manipulación de la publicidad oficial y limitaciones a la información en poder del Estado, todo lo cual constituye un peligro y limitación a la libertad de prensa". El 25 de abril, al cubrir enfrentamientos violentos entre universitarios y policías, fue lesionado en la cabeza el camarógrafo de Canal 12 de Televisión, Gerardo Mercado. El 9 de mayo el reportero gráfico del periódico La Trinchera, Mario José Espinoza Chamorro, fue retenido e interrogado arbitrariamente por escoltas de la Primera dama de la República, después de que éste la fotografió cuando entraba a un casino. El 16 de junio la Dirección General de Impuestos (DGI) cerró por tres días y multó al periódico Trinchera de la Noticia, alegando que desde julio del 2002 debe impuestos al fisco. El cierre de este periódico se percibió como una represalia política por parte del Ejecutivo. Aunque Trinchera es una pequeña publicación de escasa circulación, tiene mucho peso en los círculos políticos por ser vocero de Arnoldo Alemán, quien se encuentra en prisión domiciliaria después de haber sido condenado a 20 años de presidio por corrupción. El caricaturista de La Prensa, Manuel Guillén, fue amenazado de muerte a través de un correo electrónico que le hicieron llegar diez veces el 20 de junio. "Estás muerto", reza en una de sus partes el mensaje. Guillén caricaturizó las palabras de Daniel Ortega cuando dijo que el Presidente de la República podía ordenar a la Policía matar a los dueños de La Prensa y del Canal 2. Ortega señaló esto para refutar una orden del Presidente a la Policía, de sólo acatar sus órdenes y no las de los tribunales en el desarrollo del conflicto institucional entre los poderes del Estado. Después de que Guillén denunció la amenaza, la Policía determinó ponerle una escolta. El 1 de julio la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo a favor de la clausurada Radio 560, La Poderosa, ordenó la restitución de sus derechos y mandó que se le regresen los equipos que fueron retirados por funcionarios gubernamentales que la cerraron en octubre del 2002. La Trinchera también interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Heberto Jarquín Manzanares, corresponsal de La Prensa en la Región Autónoma del Atlántico Norte, denunció el 1 de julio que fue amenazado de muerte por el ex comandante del extinto Frente Único Andrés Castro (FUAC), Evaristo Rivas Sánchez (una agrupación armada irregular que estaba integrada por ex militares sandinistas), luego de publicar notas en las que señala a Rivas como promotor de la toma de tierras. Los dirigentes de FUAC demandaron al periodista.

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