PERÚ

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Durante este período, las acciones emprendidas por la Sociedad Interamericana de Prensa y el Consejo de la Prensa Peruana en torno a la campaña para esclarecer el asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, ocurrido en abril del 2004 en la ciudad de Pucallpa, tuvieron resultados auspiciosos en el ámbito policial pero aún no concluyentes en el judicial. Las reuniones sostenidas, tanto en Lima como en Pucallpa, entre los presidentes y representantes de ambas instituciones de prensa y las autoridades lograron llamar la atención alrededor del crimen, entre altas autoridades del Poder Judicial, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el gremio periodístico y, sobre todo, en la opinión pública. Dichas acciones fueron determinantes para que el juicio por el asesinato, que discurría con sin mayores avances en la Corte de Ucayali, adquiera un ritmo vertiginoso a favor del esclarecimiento del crimen. Así, durante la semana del 20 de septiembre, en la que se desarrolló intensamente la campaña Acabemos con la Impunidad a través de importantes medios de comunicación del país y que se realizó la misión conjunta de la SIP y el Consejo de la Prensa, en Pucallpa se llevaron a cabo hasta tres audiencias orales públicas en el juicio por el asesinato del periodista de radio Oriental. Fue precisamente durante una de estas audiencias cuando el periodista Roy Culqui, quien durante un año clamó su inocencia, sorprendió a todos al autoinculparse de la muerte de Rivera. La misión conjunta concluyó con la firma de la Declaración de Pucallpa, a la que se adhirió el Instituto Prensa y Sociedad así como un número creciente de instituciones y periodistas de diversos medios del país. Como consecuencia, en un acto sin precedentes, un grupo de editores y periodistas de investigación de diferentes medios de comunicación se unieron para compartir información sobre el caso Rivera, continuar con las investigaciones periodísticas que este desarrollaba y finalmente publicarla simultáneamente. El 1 de octubre, la Policía Nacional del Perú capturó, en Lima, al hasta entonces prófugo Ángel Mendoza Casanova, quien confesó su participación en el crimen e involucró como autor intelectual del mismo a Solio Ramírez Garay, el actual presidente de la Corte Civil de Ucayali, la máxima autoridad judicial civil de la región. Ramírez fue destituido del Poder Judicial y trabajó como gerente de la Municipalidad provincial bajo las órdenes del alcalde Luis Valdez Villacorta hasta su restitución en febrero último. El 5 de octubre, otro autor material del crimen, Lito Fasabi Pizango se entregó y confesó que fue él quién mató al periodista Rivera. En sus declaraciones sindicó directamente al Alcalde Valdez como el autor intelectual del crimen añadiendo que le ofrecieron pagar 300 mil dólares por hacerlo. También involucró al Presidente de la corte de Ucayali. El 7 de octubre, la fiscalía ordenó la detención preventiva del alcalde Valdez (quien se refugió en una clínica donde permanece bajo vigilancia) y también de Solio Ramírez quien se encuentra en condición de “no habido”. La campaña para que el asesinato del periodista Rivera no quede impune motivó a los familiares de la periodista Melissa Alfaro Méndez, quien falleció en octubre de 1991 como consecuencia de la explosión de un sobre bomba dirigido al, hoy desaparecido, semanario Cambio del que era jefa de informaciones. Dicho medio era entonces vinculado con el grupo terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA). Las investigaciones judiciales en torno a la muerte de la periodista de 23 años se truncaron luego del autogolpe del entonces presidente Alberto Fujimori en 1992 y el homicidio fue posteriormente incluido en la relación de crímenes cometidos por el escuadrón paramilitar conocido como Grupo Colina. En el 2004, los familiares de Alfaro presentaron una nueva denuncia por su muerte ante la Fiscalía Provincial Especializada del Ministerio Público sin resultados hasta la fecha. Se registra el aumento de agresiones, amenazas y amedrentamiento judicial a periodistas a causa de su labor informativa y de denuncia. Esta situación transcurre en momentos en que se inician las campañas políticas con miras a las elecciones generales del 2006, por lo que es previsible un clima hostil para el desarrollo de la libertad de prensa en el país en los próximos meses. Si bien varios incidentes sucedieron en el ámbito de situaciones de protesta y violencia social, que comienzan a recrudecer en diversas partes del país, y provinieron tanto de las fuerzas del orden como de ciudadanos y grupos organizados, también se registraron actitudes hostiles y agresiones a periodistas de parte de representantes o miembros de las altas esferas del gobierno, autoridades y funcionarios regionales. Esto incluye el caso de un magistrado del Poder Judicial quien impidió la presencia de cuatro medios de comunicación en una conferencia de prensa, alegando discrepancias con la cobertura que dan dichos medios de prensa a su sector; así como la violencia con la que Luis Toledo, hermano de presidente Alejandro Toledo, arremetió contra periodistas de Canal 4 que investigaban el irregular uso de vehículos oficiales por familiares del Presidente de la República. En el ámbito judicial, inquietan varios casos. En primer lugar, que el Tribunal Superior de Justicia de Madre de Dios rechazó una apelación y ratificó la sentencia de dos años de pena privativa de la libertad e impedimento a ejercer la profesión al periodista radial Luis Aguirre Pastor de La Voz de Madre de Dios, sustentando su decisión en que Aguirre no posee título universitario ni pertenece al Colegio de Periodistas. Los periodistas del diario El Comercio Fernando Ampuero y Pablo O'Brien denunciaron una campaña de amedrentamiento que incluye amenazas judiciales de hasta por $ 600 millones de dólares, resultado de denuncias presentadas por Fernando Zevallos, acusado por narcotráfico y Jorge Mufarech, congresista de la República. Asimismo se presentaron cinco denuncias penales en Panamá, Colombia y Perú; cuestionadas prácticas judiciales, así como una sistemática campaña de hostigamiento por parte de la empresa Bavaria a propósito de publicaciones relativas a supuestos sobornos en la adquisición de la cervecera Backus. Preocupa la millonaria demanda, por agravio contra el honor, presentada por el congresista Jorge Mufarech Nemy contra el periodista Pedro Salinas que ha motivado a la Defensoría del Pueblo a presentar un escrito amicus curiae al Vigésimo Juzgado Penal de Lima que estaría por resolver el caso. Después de tres años el Trigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima absolvió al diario El Comercio de un millonario juicio por calumnia y difamación entablado por el congresista oficialista Jorge Mufarech. La Quinta Sala Penal del Poder Judicial ha declarado nula la sentencia que el Undécimo Juzgado de Lima emitió en mayo condenando por delito de difamación a las periodistas Jane Holligan y Sally Bowen en respuesta a una demanda planteada por el cuestionado empresario Fernando Zevallos. La sentencia utilizaba la figura jurídica de la reserva del fallo, condicionando eventuales sanciones adicionales al futuro desempeño periodístico de Bowen. En materia legal existen peligrosas implicancias para el derecho ciudadano a la información contenidas en la autógrafa de la Ley del Servicio de Inteligencia Nacional y de la Dirección de Inteligencia aprobada por el Congreso de la República y pendiente de ser promulgada por el Ejecutivo. La autógrafa pretende modificar con una ley ordinaria una ley de derecho constitucional, como es la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde el 2003, un concepto en extremo amplio y ambiguo de seguridad nacional, cuya interpretación podría prestarse a restricciones al derecho a la información. Asimismo, establece reglas propias para el sector inteligencia, al presentar nuevas y mayores categorías y plazos para la clasificación y desclasificación de información, conducentes a un retorno a la cultura del secreto en el país. A continuación una relación de los casos sucedidos durante este período: El 19 de septiembre del 2003, Luis Aguirre Pastor, periodista de radio regional "Voz Amazónica" de Madre de Dios; fue condenado en primera instancia a dos años de cárcel por difamación e injurias. Asimismo, la Corte Superior de la región Madre de Dios lo inhabilitó de ejercer la profesión durante un año por no contar con un título universitario ni estar colegiado. Aguirre denunciaba constantemente a las autoridades regionales por diversos actos de corrupción. A principios de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Madre de Dios confirmó la condena apelada el 4 de febrero del 2005. El 2 de marzo, José Antonio Simons Cappa, director de la revista El Huinsho, de Yurimaguas, Alto Amazonas, fue golpeado, amenazado y despojado de sus equipos de trabajo por funcionarios ediles del distrito. Estos hechos ocurrieron después de que Simons realizara la filmación de una conversación en plena vía pública entre el alcalde de ese distrito, Leonardo Inga Vásquez, el gerente del municipio Rolando Pinedo, el regidor Fernando Fernández Rengifo, y el fiscal provincial mixto, Jorge Guzmán Sánchez, quien investiga una serie de denuncias judiciales en contra de la administración del burgomaestre. El 8 de marzo, Pedro Andrade, reportero de Radio Programas del Perú, Marco Herrera, reportero de la municipalidad de Huaraz y Arturo Escobar, Javier Poma Sotelo, Fredy Valenzuela, Joel Gómez Arquiño y Hernando Vega, periodistas de ATV Noticias en Huaraz, fueron agredidos por efectivos de la Policía Nacional mientras cubrían incidentes del paro nacional de protesta contra la empresa Minera Barrick, encabezada por Leonardo Mautino, alcalde de esa provincia. Asimismo, los periodistas Edgar Robles Rush, Iván Trejos de la Cruz, William Cervantes Alvarado y Oscar Rosas Albornoz, del programa “El Equipo de la Noticia” de radio Fuego de Huaraz, fueron detenidos y puestos en libertad luego de varias horas. El 17 de marzo en la madrugada, desconocidos ingresaron a las instalaciones de la radio La Inolvidable en el distrito de Sicuani, región Cuzco, robando equipos electrónicos y el archivo periodístico. El 17 de marzo, el periodista Magno Sosa, director del quincenario Rebelión de la ciudad de Huamanga, región Ayacucho, fue agredido violentamente y amenazado de muerte por las dirigentes del Frente de Despedidas de la región, Gloria Álvarez de la Cruz y Basiliza Dololier Quispe. Ambas fueron denunciadas por el cobro de cupos a trabajadores despedidos con el fin de incluirlos en la lista de reincorporados a sus puestos de trabajo. El 22 de marzo, Jesús Acevedo Herrera, corresponsal de Frecuencia Latina, en la ciudad de Pisco, región Ica, y Richard Villagaray Hernández de Cadena Peruana de Noticias, fueron agredidos y despojados de su equipo de grabación por una turba de pobladores, durante una protesta de agricultores algodoneros, que bloquearon con piedras y llantas la Carretera Panamericana Sur. El 26 de marzo, el periodista Víctor Abel del Castillo Saavedra, de TV Sur Canal 9, fue agredido violentamente por policías municipales que se encontraban en la Plaza Nazarenas de la ciudad del Cuzco. Al parecer, las agresiones se dieron a raíz de las denuncias del periodista contra la Municipalidad Provincial del Cusco sobre supuestos pagos irregulares a periodistas para que promocionen las obras del alcalde de la ciudad. El 28 de marzo, dos desconocidos entraron a la casa de la periodista Marilú Gambini Lostanau, en la ciudad de Chimbote, Ancash. Mientras uno de ellos la agredió y amenazó, el otro rebuscó sus materiales de trabajo aparentemente en pos de información sobre un caso de narcotráfico, que la periodista investiga desde 2004 y que involucraría a varias autoridades de esta ciudad portuaria. El 5 de abril, Miguel Ángel Carpio Tananta, reportero del programa “El Informe” que se transmite a través del canal municipal en la región San Martín, debió abandonar la región luego de ser alertado sobre una amenaza contra su vida. Las amenazas contra el periodista se iniciaron a raíz de la transmisión de un fragmento de un reportaje suyo durante una conferencia de prensa organizada por la Oficina del Primer Ministro Carlos Ferrero. El 11 de abril, la juez María Gutarra Morote del Décimo Tercer Juzgado Penal de Lima, abrió instrucción contra el periodista Mauricio Aguirre Corvalán por el delito de “revelar secretos de interés nacional en agravio del Estado”, a través del programa político que transmite “Cuarto Poder” de América Televisión, cuando Aguirre ocupaba el cargo de director periodístico del referido programa. La acusación se sustentó por la transmisión de una sesión del Consejo de Defensa Nacional durante el que se habla del conflicto limítrofe entre Perú y Ecuador, filmada por el hijo del entonces presidente Alberto Fujimori. El 12 de abril, César Hildebrandt Chávez, periodista del programa “La Ventana Indiscreta” que transmite Frecuencia Latina, fue agredido físicamente por los familiares de la Teniente PNP Lady Bardales, integrante del cuerpo de seguridad del Palacio de Gobierno y sujeta al escrutinio de la prensa por su supuesta cercanía al presidente Alejandro Toledo. El 15 de abril, Laura Mirella Valero Paredes, directora del programa “En el Punto de la Información” de Machu Picchu Televisión de la región Cuzco, fue agredida física y verbalmente por una turba de pobladores afuera del Palacio de Justicia del Cuzco, mientras cubría una marcha de protesta. El 18 de abril, Raúl Vela Carhuas, periodista del diario El Pregonero de Huánuco, fue amenazado de muerte con un revólver por el Jefe Zonal del programa gubernamental “A Trabajar Urbano”, José Antonio Cárdenas, a raíz de su denuncia periodística denunciando irregularidades en su sector. El 1 de mayo, el propietario de radio Sechura en Piura, Rudecindo Jullca Ramírez, denunció que Manuel Pazos Nunura, su hermano Augusto Pazos Nunura, y dos desconocidos ingresaron violentamente, a su emisora y agredieron al conductor Casimiro Pazo Periche, quien en semanas pasadas había defendido públicamente a los pescadores comunales de la zona. El 6 de mayo, Luis Alberto Peña Vergaray de radio Nieva de Santa María de Nieva y su traductor Eduardo Arrobo Samaniego fueron secuestrados por nativos aguarunas, en la comunidad de Pampa Entsa, en la región Amazonas; con el objetivo de presionar al gobierno central para que envíe una comisión que atienda sus reclamos. Dicha comisión, inició el diálogo el 9 de mayo, fecha en que el periodista fue liberado. El 11 de mayo, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), inició una investigación al juez Alfredo Catacora por presunta inconducta funcional en el trámite de la querella que por difamación interpuso el empresario Fernando Zevallos contra las periodistas Sally Bowen y Jane Holligan. El 20 de mayo, el congresista Víctor Valdez Meléndez, agredió al periodista Rufino Zambrano Pinto, del diario Ahora de Pucallpa. El hecho ocurrió después que Valdez declaró ante el Tercer Juzgado Penal de la provincia de Coronel Portillo, en la demanda que le sigue al diario por difamación debido a la publicación de artículos que responsabilizan a legislador de instigar una protesta popular que devino en un incendio que afectó la municipalidad provincial de Coronel Portillo. El 25 de mayo, los periodistas Jerónimo Centurión y Paola Bazán, del programa "La Ventana Indiscreta" de Frecuencia Latina, fueron detenidos, durante varias horas, por efectivos de la Policía Nacional cuando se retiraban de uno de los edificios del Congreso de la República. La detención, sin autorización en una comisaría local, se produjo debido a que los periodistas grabaron, el contenido de una caja en la oficina del Congresista Fausto Alvarado. El 26 y 27 de mayo, Mario Espinoza Ruiz, Ronald Ripa Casafranca y Nilo Gonzáles Domínguez, periodistas de Radio Panorama de Andahuaylas fueron amenazados de muerte a través de llamadas telefónicas a la radio, después de entrevistar al director de la Unidad de Gestión Educativa Local de la ciudad, Liceo Truyenque Aréstegui, sobre el reclamo de un sector de los maestros de la localidad. El 28 de mayo, la Quinta Sala Penal para Reos Libres acordó declarar, nula por irregularidades en el proceso, la sentencia del 11º Juzgado Penal de Lima, del 4 de mayo pasado que condenó a las periodistas Sally Bowen y Jane Holligan, de difamación contra el empresario Fernando Zevallos. El 6 de junio, Juan Sánchez Calderón, conductor del programa “Minuto a Minuto” y el director de radio Visión de Tacna, denunciaron que la Jefa de la Oficina de Cortes y Rehabilitación del Servicio de Agua de Tacna, los agredió en el local de la radio. Atribuyen las agresiones a las denuncias periodísticas sobre presuntas irregularidades. El 8 de junio, Silvana Moz Mendoza, periodista de Amazónica Televisión – Canal 2, fue agredida por manifestantes activistas del l Frente Patriótico de Loreto, mientras cubrían las incidencias del paro que realizaba esta agrupación en la ciudad de Iquitos. El 13 de junio, la Secretaria General de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras del Perú, Elsa Malpartida, señaló que no se responsabilizaba por la seguridad del periodista Máximo Silva Chávez, de radio Inca Sat, durante la protesta de cocaleros del 27 de junio; ya que el periodista la viene desprestigiando desde el 2003. El 16 de junio, Luis Mego Díaz, corresponsal de América Televisión, Jaime Herrera Atalaya, de Televisión Nacional del Perú (TNP) y Percy Ramírez, enviado del diario Correo, fueron golpeados por un grupo de pobladores de San Cirilo, en el departamento de Cajamarca mientras cubrían una protesta contra la minera Yanacocha. El 23 de junio, los periodistas Carlos Buendía Aguilar del diario Correo y radio Huanta 2000, Alejandro Coronado Reyes, de radio Cosmos y Feliciano Tello Orejón de radio Cultural Amauta en Ayacucho, fueron agredidos física y verbalmente por una turba de manifestantes pertenecientes a la Federación de Clubes de Madres de la zona. El 24 de junio, Fabiola Noriega, periodista del diario La República, fue agredida por los miembros de seguridad del presidente Alejandro Toledo, en la ciudad de Cajamarca. Cuando Noriega le increpó la actitud de los guardaespaldas a la primera dama Eliane Karp, ésta se burló de la reportera y le dijo: “Qué pena, ¿vas a llorar?, llora pues, te va a hacer bien”. Posteriormente el presidente Toledo pidió disculpas por el incidente. El 29 de junio, la Subcomisión de Defensa del Congreso de la República acordó citar a la Primera Dama Eliane Karp de Toledo para esclarecer el supuesto seguimiento del que sería víctima Baruch Ivcher el propietario de Frecuencia Latina. Meses atrás, ambos fueron protagonistas de un fuerte altercado durante una ceremonia en la Embajada de Israel. El 5 de julio, el ministro del Interior, Félix Murazzo, anunció que había denunciado por difamación agravada a cuatro periodistas del programa “La Ventana Indiscreta” de Frecuencia Latina, Cecilia Valenzuela (directora), José Luis Flores (productor), Jerónimo Centurión y Alexa Vélez (reporteros), a raíz de la difusión de un video que lo vinculaba con el ex asesor Vladimiro Montesinos. El 8 de julio, un grupo de habitantes de la región de la comuna de Combayo, en la región de Cajamarca, agredieron física y verbalmente a los periodistas Eduardo Liñán Castañeda del Canal 25, Álvaro Briones de Telenorte y al camarógrafo Daniel Urday, mientras cubrían una reunión entre los pobladores y autoridades locales, relacionada a la construcción de una empresa minera. El 8 de julio, los hermanos Moisés y Alex Wolfenson, propietarios del diario La Razón, fueron liberados del penal de Reos Primarios San Jorge acogiéndose a los beneficios de la ley de arresto domiciliario. Ese mismo día el Congreso derogó la ley con 49 votos a favor, ninguno en contra y 20 abstenciones. El 25 de julio, los hermanos Alex y Moisés Wolfenson regresan al penal San Jorge luego de la derogatoria de la ley de arresto domiciliario. La Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, revocó su orden de liberación a raíz de un fallo del Tribunal Constitucional. El 11 de julio, el presidente de la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, Robinson Gonzáles Campos, impidió el ingreso de varios medios de comunicación a una conferencia de prensa, en la que informaría el fallo que determinó la liberación de los hermanos Wolfenson, propietarios del diario La Razón. El 15 de julio, Mabel Cáceres Calderón, directora del semanario El Búho de Arequipa, fue condenada por el delito de difamación contra Miguel Sierra López, abogado del rector de la Universidad San Agustín (UNSA) de Arequipa. La revista es conocida por sus denuncias de corrupción, el tráfico de influencias y malversación de fondos en la mencionada Universidad. El 17 de Julio, Cecilia Valenzuela, directora del programa “La Ventana Indiscreta”, transmitió la grabación de una amenaza telefónica recibida el día 9 de julio, en la que una mujer le exige dejar de investigar la labor de la Policía Nacional del Perú y del Ministro del Interior, Félix Murazzo. El 23 de julio, Mario Ccama Chacón, gerente municipal del distrito de Santa Teresa, Provincia de la Convención en Cusco, ingresó violentamente a la cabina de la Radio La Voz del Pueblo, mientras Luis Alberto Ochoa Muñoz, difundía denuncias sobre los malos manejos administrativos en dicha comuna. Ccama disparó contra el periodista sin causarle daño, debido al defectuoso estado de las balas. El agresor fue detenido y trasladado al centro Penitenciario San Joaquín de la provincia de Quillabamba. El 28 de julio, Roncin Davis Romero, alcalde de la provincia de Zarumilla, región Tumbes, agredió con una botella, al periodista Christian Aguayo Infante, director del quincenario Trinchera. El comunicador, atribuye la agresión a las denuncias que su medio de Información ha realizado de actos ilícitos cometidos por Davis Romero durante su gestión. El 2 de agosto, el general Ricardo Benavides Ramírez, jefe de la división militar de Piura, confirmó la detención del periodista Julio Cesar Vásquez Calle, corresponsal de radio Cutivalú. El periodista fue detenido el 1 de agosto en la provincia de Huancabamba, en la región norteña de Piura, mientras cubría una manifestación violenta contra la explotación minera. Posteriormente el periodista fue liberado. El 4 de agosto, el periodista Félix Calva Guerrero, corresponsal de Radio Santa Rosa Chirinos, fue liberado por la Policía Nacional tras haber sido detenido por tres días en el Cerro de Corazón de Jesús, en la provincia de Huancabamba, en la región norteña de Piura. El 17 de agosto, el magistrado César González Aguirre, vocal de la primera sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, amenazó al periodista Celio Alva Calderón, corresponsal del diario El Pregonero. El magistrado ha denunciado por difamación a Raúl Vela Carhuas, editor del mismo diario y a Alva Calderón. A raíz de las denuncias periodísticas sobre abuso de autoridad y prevaricato contra González Aguirre quien habría emitido contradictorias en un mismo proceso judicial. El 19 de agosto, el periodista Gino Márquez y el camarógrafo Germán Huaroto, del programa periodístico “Cuarto Poder” de América Televisión, fueron agredidos por Luis Toledo Manrique, hermano del Presidente de la República, su hijo y un miembro de su seguridad, mientras investigaban el uso irregular de vehículos oficiales por parte de familiares del presidente Toledo. El 22 de agosto, los periodistas Juan José Payé, Gloria Armendáriz y Ruth Avendaño de radio Libertad de Arequipa, denunciaron ser víctimas de un seguimiento sistemático durante el mes de julio. El reglaje habría sido ordenado por el Ministerio del Interior. El 12 de septiembre, Jenner Sermaqué Cieza, del diario Correo de Tumbes, denunció haber sido detenido por un grupo de oficiales de la Marina de Guerra del Perú mientras cumplía su labor periodística en el distrito La Cruz.

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