URUGUAY

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Después de un año y medio de dictámenes fiscales y sentencias judiciales contra medios y periodistas, los tribunales superiores de justicia han dispuesto la revocación de casi todos los fallos de primera instancia contrarios a la libertad de expresión. Tanto o más importante que las revocaciones en sí fueron los argumentos de los tribunales, que apelaron a jurisprudencia de avanzada en materia de protección a la libertad de prensa. El nuevo gobierno del presidente Tabaré Vázquez, que se instaló el 1 de marzo, no ha provocado hechos concretos contra la libertad de prensa, más allá del hostigamiento verbal que algunos de los miembros de su administración realizaron, respecto a informaciones y críticas de medios y periodistas. El presidente Vázquez declaró el 8 de junio que su gobierno carece de todo interés por influenciar a la prensa y se comprometió a asegurar “la más amplia libertad de expresión y de comunicación”. A su vez, el vicepresidente de la República, Rodolfo Nin Novoa, afirmó el 26 de mayo en el Congreso que el gobierno está dispuesto a revisar los llamados “delitos de prensa” y a diseñar “criterios más transparentes” para la asignación de publicidad oficial. Entre los delitos cuya revisión prometió, el vicepresidente mencionó a las figuras de “difamación”, “injurias” y “desacato”, hoy vigentes en el Código Penal uruguayo. Entre las sentencias más destacables de los magistrados de segunda instancia, el 16 de marzo, el Tribunal de Apelaciones en lo penal dispuso la absolución definitiva del periodista Alberto Rodríguez Díaz, para quien un fiscal de la ciudad de Salto (500 km. al noroeste de Montevideo) había pedido 10 meses de prisión por el delito de “difamación” en contra de un funcionario, luego de que el reportero criticara en el diario local El Pueblo la gestión del director del zoológico municipal, por la fuga y posterior muerte de un jaguar, ocurridas el 6 de agosto del 2004. El Tribunal desechó la condena pedida para el periodista con argumentos largamente pregonados por la SIP. En su sentencia, determinó que la función que ejercen los jerarcas del Estado “permite colocar a la libertad de expresión en materia de crítica a funcionarios públicos en una situación de privilegio frente a otros bienes jurídicos en juego” y que los funcionarios públicos, como encargado de la cosa pública que son, actúan “por las personas y, consecuentemente, sus actos deben estar abiertos al control más amplio”. Más importante aún, el Tribunal agregó que “en una sociedad democrática, la persecución judicial por crítica a los gobernantes resulta inadmisible”. La sentencia quedó firme. Otra sentencia importante fue adoptada el 21 de julio por el mismo Tribunal de Apelaciones, sobre el caso del periodista Carlos Dogliani, quien había sido condenado a cinco meses de prisión por el delito de “difamación”, luego de publicar informaciones y opiniones críticas sobre decisiones del gobierno municipal de Paysandú (400 Km. al noroeste de Montevideo). Al revocar el fallo de primera instancia, el tribunal insistió con el argumento de que la crítica a los funcionarios públicos “no sólo es posible sino lícita”, por lo que quien la realiza no tiene “ninguna responsabilidad penal”, aun cuando utilice “términos exacerbadamente duros”. El 11 de marzo una sentencia de segunda instancia amparó al periodista José Balbis del diario El Telégrafo de Paysandú (400 Km. al noroeste de Montevideo), liberándolo de responsabilidad en un juicio por “injurias” que le habían iniciado ex dirigentes de la liga de fútbol local. El 17 de marzo otra sentencia de segunda instancia, dictada por un tribunal de apelaciones en materia civil, absolvió a los periodistas Susana Tomás y Raúl Laguna, del programa de televisión “Agendiario”, que se emite en un canal de Villa Rodríguez, departamento de San José (100 Km. al oeste de Montevideo), quienes habían sido condenados por un juez de primera instancia a pagar una indemnización a personas ofendidas por declaraciones de una mujer, emitidas por el programa. El juez de primera instancia había establecido la tesis de que, antes de difundir una entrevista, los periodistas tienen la obligación de averiguar si es verdad lo que va a decir el entrevistado. Además, el 30 de setiembre, un juez de Durazno (200 km al norte de Montevideo) absolvió a los periodistas Dino Capelli y Carlos Román Fernández, del diario local El Acontecer, luego de haber sido demandados penalmente como presuntos responsables de los delitos de “difamación” e “injurias” por los directivos de la principal cooperativa de viviendas de la ciudad. La sentencia absolutoria del juez Gonzalo Silva Marquisio estableció que en el sistema democrático republicano es “de vital necesidad la existencia de una prensa libre de mordazas y cortapisas, alejada de censores públicos o privados que le indiquen de qué y cómo informar”. Agregó que “corresponde a la ciudadanía en general”, y no a los jueces, determinar si la tarea de la prensa “es cumplida de acuerdo a cánones éticos y morales aceptados en la sociedad que el medio integra, y será ella misma, eventualmente, la que en su caso aplicará el máximo castigo: la ignorancia general y el desprecio públicos”. Las notas negativas del período han provenido de algunos miembros del gobierno, quienes han hostigado con virulencia a la prensa y a los periodistas. El senador oficialista José Korzeniak del gobernante Partido Socialista, consiguió que el Senado se reuniera para denostar a medios y periodistas, en un acto que fue considerado por senadores de la oposición como un ataque a la libertad de prensa. También hubo situaciones negativas provenientes del sector privado. El 13 de mayo, el Canal 12 de televisión —una de las tres emisoras privadas que hay en Montevideo— decidió levantar del aire el programa semanal “Lanata.uy” que conducía el periodista argentino Jorge Lanata, luego de recibir presiones a raíz de la emisión de un ciclo llamado “Intocables”, en el que se denunciaban casos de presunta corrupción. Lanata denunció que la decisión del canal afecta la posibilidad de “hacer periodismo independiente” en la televisión uruguaya. La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) denunció el caso como “uno de los hechos más groseros de censura contra periodistas ocurridos desde el retorno a la democracia en 1985”. Según Lanata, las presiones llegaron al canal desde el principal contratista del fútbol uruguayo Francisco Casal (a quien se dedicó un programa) y desde la ex presidenta de la paraestatal Corporación Nacional para el Desarrollo y ex vicepresidenta del estatal Banco de la República Oriental del Uruguay, Milka Barbato (a quien se dedicó otro programa). Las autoridades del canal llegaron incluso a tachar nombres de una lista tentativa que Lanata y los periodistas que con él trabajaban pretendían investigar. El canal señaló, por su parte, que el cese del programa “fue dispuesto de común acuerdo entre el señor Jorge Lanata, su producción y las autoridades de este canal y sus motivos fueron de carácter exclusivamente económico”. Milka Barbato entabló el 3 de agosto una demanda civil por 700.000 dólares contra Lanata, otros tres periodistas que colaboraban con él, la empresa que producía el programa y el propio Canal 12. El 14 de setiembre el sindicato de periodistas denunció que el reportero Marcelo Borrat, coconductor del programa “Juramento Hipocrático” que se emite por la emisora radial AM Libre, del grupo mediático dirigido por el empresario argentino Federico Fasano, fue víctima de “la más grosera y directa censura” cuando “fue cortado” por su empleador mientras leía un comunicado del sindicato de los periodistas de TV Libre, que estaban en conflicto con Fasano por razones salariales. La APU expresó que “es muy importante visualizar este tipo de comportamientos contrarios a la libertad de expresión en momentos en que el gobierno estudia la concesión de una frecuencia por aire (canal 8 de televisión) a Fasano” y reclamó que las señales de radio y televisión sean asignadas a través de procesos licitatorios y no directamente. Y el 4 de octubre, el diario El País de Montevideo denunció que la empresa naviera Buquebus, que conecta a través de un puente fluvial a las ciudades uruguayas de Montevideo y Colonia con Buenos Aires (Argentina), decidió aplicar “un gravamen absolutamente discriminatorio” para transportar la publicación a bordo de sus barcos, lo que obligó al periódico a cesar la relación contractual con esa compañía. Buquebus, propiedad del empresario naviero argentino Juan Carlos López Mena, resolvió retirar además la publicidad de El País. La empresa naviera, cuyo propietario cofinanció la campaña electoral del presidente Tabaré Vázquez, ha sido denunciada en El País y en otros medios de comunicación como deudora del Estado uruguayo. Los directivos de El País creen que tanto el “gravamen discriminatorio” para el transporte de los diarios a Buenos Aires como el retiro de la publicidad, obedecen a una actitud de represalia de López Mena a raíz de los artículos críticos publicados en el diario, que denunciaron las vinculaciones del empresario con el gobierno. La nota preocupante del período es la asociación de Uruguay a Telesur, el canal multiestatal creado por el gobierno del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Uruguay tiene sólo el 10 por ciento de las acciones de Telesur, pero el hecho de estar asociado en ese emprendimiento con dos gobiernos enemigos de la libertad de expresión, como son los de Venezuela y Cuba que reúnen la mayoría accionaria, es lo que genera inquietud en el país. El opositor Partido Nacional planteó formalmente el 2 de setiembre en el Congreso que Uruguay se retire de Telesur, pero el gobierno del presidente Vázquez rechazó esa posibilidad, aunque anunció que someterá el tema a la consideración del Parlamento. El 24 de marzo, el juez penal Ronaldo Vomero procesa con prisión a un joven neonazi, luego de que éste amenazara a periodistas por criticar con dureza al nazismo. El juez dispuso enviar a la cárcel a Robert de los Santos, de 19 años de edad, luego de hallarlo culpable de dos delitos de “violencia privada”. De los Santos había amenazado mediante correos electrónicos y en una carta manuscrita a los responsables del mensuario montevideano Propuesta y al conductor del programa “Poder Ciudadano” del canal estatal, Miguel Nogueira, luego de que los periodistas formularan duras críticas a las actividades de grupos neonazis en el país. El 30 de marzo, el ministro del Interior, José Díaz, responde en carta a la SIP sobre la preocupación manifestada por la organización ante la designación en un alto cargo de un oficial de la Policía que había sido destituido por el anterior gobierno, acusado de practicar el “terrorismo de Estado”. El ministro Díaz dice en su nota que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez trabajará “con transparencia, convicción y compromiso por los altos valores democrático-republicanos” y manifiesta el “compromiso” de la administración para asegurar “la plena vigencia de la libertad de prensa” y el “libre y efectivo ejercicio del periodismo, conducta a la que se ceñirán con rigor profesional todos los funcionarios y funcionarias de este Ministerio”. La SIP había expresado su inquietud por la designación del inspector Roberto Rivero al frente de la Junta Asesora de Oficiales Generales de la Policía. En el 2000, Rivero fue destituido como director nacional de Policía durante el gobierno del presidente Jorge Batlle por amenazar telefónicamente a Danilo Arbilla, ex presidente de la SIP y entonces director del semanario Búsqueda. El gobierno inculpó a Rivero de practicar el “terrorismo de Estado”, luego de haber inventado un delito contra Arbilla para vincularlo con narcotraficantes y dar pie a una campaña a través de medios denunciados por la SIP de haber sido favorecidos con publicidad oficial. El 6 de abril, la Justicia condena al programa de televisión “Zona Urbana” a emitir, contra su voluntad, un “derecho de respuesta” presentado por un médico del estatal Banco de Previsión Social, cuya praxis profesional había sido cuestionada en ese espacio. La condena supuso la lectura durante seis minutos del programa de un texto de “respuesta” del médico, Ricardo Alberti. Una semana antes, el periodista Ignacio Alvarez, conductor del programa, había informado acerca de las críticas del médico a las apreciaciones que se habían hecho sobre él. Pero un Tribunal de Apelaciones penal entendió que la respuesta “no fue leída en su totalidad, sino los párrafos que el periodista, la producción o el canal establecieron”, por lo que ordenó difundir completamente la contestación del médico aludido. Otros hechos preocupantes en este período, fueron: El 24 de abril, la jerarquía de la Iglesia Católica amenaza con entablar una demanda judicial contra el semanario izquierdista Voces del Frente, luego de que éste criticara duramente al nuevo Papa, Joseph Ratzinger, al recordar su pasado como integrante de las juventudes nazis. La Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), en un comunicado, dice que “repudia” y “lamenta que expresiones usadas por algunos periodistas transgredan elementales códigos éticos, recurriendo a la mentira, la burla y la difamación”. El 5 de marzo, un edil del opositor Partido Nacional es procesado sin prisión en la ciudad de Rivera (500 Km al norte de Montevideo), luego de agredir a golpes en su lugar de trabajo al periodista Freddy Fernández Carranza, corresponsal del diario El País en esa ciudad. El 21 de marzo, el periódico Centenario, del departamento de Colonia (177 Km al oeste de Montevideo), informa de que después de 21 meses de idas y venidas, el gobierno departamental finalmente decidió negar a la publicación el acceso a las actas de las sesiones de la Junta Local de Florencio Sánchez, con el argumento de que se trata de “documentación de contralor interno” por lo que “no corresponde que esos documentos sean entregados al periodismo”. El 5 de junio, el director de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Tabaré González, amenaza con iniciar “acciones legales” contra el diario El Observador por haber publicado noticias sobre problemas en el funcionamiento del principal hospital público de Uruguay, calificándolas como “patrañas”. El funcionario alega que “una cosa es libertad de prensa y otra libertinaje”. Las noticias se confirmaron después y el funcionario nunca hizo la denuncia judicial. El 11 de agosto, el senador José Korzeniak, anuncia en un juzgado civil que hará una “contrademanda” contra el semanario Búsqueda, su director Claudio Paolillo, su consejero delegado Danilo Arbilla, su columnista Tomás Linn y una decena de periodistas de la publicación “por grave daño moral” a raíz de un editorial y “algunas notas”. El senador declara que reclamará 150.000 dólares de indemnización. La “contrademanda” del senador oficialista se produce el mismo día en que los periodistas de Búsqueda, atacados antes por el jerarca gubernamental como meros “instrumentos” de los partidos de la oposición, confirman en el juzgado una demanda civil contra Korzeniak de “responsabilidad extracontractual por abuso en el ejercicio de la libertad de expresión, hecho ilícito y daño al honor en varias de sus dimensiones (reputación, dignidad personal, trayectoria profesional y vida de relación”. Los demandantes reclaman, cada uno, 10.000 dólares de indemnización.

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