VENEZUELA

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Este período se caracterizó por la profundización de las reformas políticas en el país, con las que el presidente Hugo Chávez está cada vez más al acecho de la libertad de expresión y de prensa y de las demás garantías de la vida democrática. Procesos electorales signados por el fraude y la dependencia del Consejo Electoral al Poder Ejecutivo; el aumento de magistrados de 20 a 32 del Tribunal Supremo de Justicia; la vigencia de la reforma al Código Penal que exacerba los delitos por desacato; la aplicación de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión que restringe la opinión y los contenidos periodísticos, son alguno de los elementos que se suman a la estrategia para maniatar a la prensa. Respecto de esta ley, denominada comúnmente Ley de Contenidos, el 11 de agosto, el presidente de Radio Caracas TV, Marcel Granier, presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia una demanda de nulidad por inconstitucional. Se acrecienta día tras día la violencia contra aquellos periodistas y medios de comunicación que mantienen una actitud crítica contra el gobierno, arriesgándose a ser intervenidos y desaparecer. La Asociación Internacional de Radiodifusión denunció que el 14 de septiembre la Comisión Nacional de Telecomunicación (CONATEL) inició la apertura de procedimientos administrativos contra siete estaciones de televisión privadas, entre ellos Globovisión, por supuesta falta de uso de frecuencias asignadas en el espectro radioeléctrico. El 20 de septiembre el mismo procedimiento se efectuó contra veintidós emisoras de radio privadas por presuntas faltas o disposiciones previstas en la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. Esta situación está agravada por el hecho de que el presidente Chávez se arrogó todos los poderes, después de poner bajo su tutela la Asamblea Nacional, el Poder Judicial y el sistema electoral, con lo que consiguió imponer leyes y regulaciones que le permiten arremeter contra quienes se atreven a disentir. Antes este panorama, es utópico que pueda existir libertad de expresión y de prensa. Existe de hecho una autocensura provocada por el miedo y por el acecho estatal a través de sus órganos ejecutores. El gobierno ahora utiliza también como recurso de coacción la publicidad oficial y se ha convertido en el “primer comunicador” del país. Para eso alinea hoy cuatro televisoras nacionales, con respaldo de 25 televisoras para-públicas y ha copado la mitad del dial nacional con 146 emisoras de radio para-públicas y comunitarias alternativas. También ha creado un enjambre de medios impresos, con 72 periódicos para-públicos comunitarios. Entre los hechos más sobresalientes contra la libertad de prensa en este período, se citan los siguientes: Al diario El Universal se le abrió una investigación penal por vilipendio en perjuicio del Fiscal General de la República, por publicar un editorial en el cual denunciaba la cuestionable actuación de la justicia y en el desempeño del despacho a su cargo. El Bloque de Prensa Venezolano se pronunció de manera inmediata, con un comunicado, donde destacaba que las acusaciones del Ministerio Público contra el diario en cuestión, simplemente conformaban una medida para amedrentar al resto de los medios de comunicación privados. Al diario El Impulso, le fue abierta una causa civil, con el objeto de intimidarlo y hacerle cambiar su línea editorial opuesta al oficialismo. Fue el caso que en mayo del 2002 a un Mayor del Ejército de apellido Certain, le fueron comprobados delitos en la aduana aérea de Maiquetía, por lo que la Contraloría General de la República le abrió un expediente con resolución condenatoria, que le impide desempeñar cargo oficial alguno por tres años. Pero esa medida administrativa publicada en la Gaceta Oficial, fue desconocida por el Gobernador del Estado Lara, quien lo designó para ocupar un alto cargo regional. Este nombramiento provocó una reacción en medios de comunicación, entre ellos El Impulso, lo cual determinó una violenta represión de un grupo que incendió el vehículo y atacó la residencia del periodista, autor de la nota, José Ocanto. Human Rights Watch ordenó medidas cautelares a favor del periodista. Posteriormente el mayor inició una causa penal contra Ocanto pero prescribió. Luego intentó reabrirlo, demandado civilmente al periodista y a El Impulso. El Correo de Caroní ha sufrido embates oficiales por no plegarse a la línea oficial. Fue agredido uno de sus asiduos columnistas. Igualmente TV Guayana, que pertenece al mismo grupo editorial, fue allanada militarmente sin orden judicial alguna para rescatar por la fuerza una cinta grabada. También fue allanada la sede del diario Últimas Noticias por la Policía Militar, con el objeto de requerir le fueran entregadas tomas fotográficas hechas cuando cuerpos de seguridad de la Presidencia arremetieron y golpearon a mujeres a las puertas del Panteón Nacional. Otro allanamiento lo sufrió el 3 de octubre el diario La Razón a manos de fuerzas policiales. El Bloque de Prensa Venezolano denunció que la medida fue una represalia por las denuncias del diario sobre la corrupción administrativa. El editor del periódico Pablo López Ulacio permanece en el exilio en Costa Rica desde hace varios años. Varios periodistas fueron objeto de demandas durante este período como Ibeyise Pacheco, Iván Martínez, Marianella Salazar y Patricia Poleo, quien fue condenada a seis meses de cárcel en suspenso. Persiste la colegiación obligatoria para ejercer el periodismo.

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