Costa Rica

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COSTA RICA Como ha sido tradicional, la prensa costarricense desarrolla sus funciones en un ambiente de garantías y libertad. Sin embargo, persisten una serie de regulaciones que afectan el pleno ejercicio de esas libertades, a pesar de las gestiones realizadas para eliminarlas por algunas organizaciones de prensa, medios y periodistas individuales. Estas limitaciones legales han conducido a resoluciones judiciales adversas a la prensa y a que la Cámara de Diarios Nacionales (CADINA) presentara una acción de inconstitucionalidad contra el Código Electoral, por establecer la censura previa y las limitaciones a la expresión ciudadana y la emisión de mensajes publicitarios. Aparte de lo anterior, los principales hechos vinculados al ejercicio del periodismo en el país han sido la separación de sus funciones del director del diario La República, Humberto Arce, y la reinstalación en su cargo en el Canal 13, emisora estatal, de la periodista Patricia Sánchez. Arce atribuyó su separación de La República a presiones de una tendencia política, versión que fue rechazada por directivos del diario. Sánchez fue reinstalada luego de que la Sala Constitucional falló en su favor un recurso de amparo, que obligó a que se mantuviera la transmisión de su programa Bosque Adentro, suspendido por la dirección del canal. A continuación, un recuento cronológico de los hechos: Principios de enero.- El abogado José Manuel Gutiérrez presentó una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 2 y 10 de la ley que regula la propiedad de los medios de comunicación. Estos artículos prohiben que extranjeros posean intereses en los medios costarricenses. Gutiérrez es abogado del grupo canadiense Hollinger, el cual, mediante un fideicomiso, controla el 51 por ciento de las acciones del diario La República. Aún la Sala Constitucional no ha fallado el recurso. 17 de enero.- El juzgado penal de Pérez Zeledón condenó al director del periódico Estrella del Sur, Efraín Sánchez, por el delito de calumnia contra el ex diputado Alberto Esquivel Volio. El periódico, en su edición de la segunda quincena de 1990, había divulgado versiones según las cuales, durante la madrugada, se producían misteriosos movimientos de avioneta en la finca de Esquivel. La defensa de Sánchez apeló el fallo ante la Sala Tercera de la CorteSuprema de Justicia. 9 de junio.- El periodista Humberto Arce dejó de fungir como director del diario La República, luego de que denunciara presuntas presiones de funcionarios vinculados al entonces precandidato presidencial José María Figueres, para impedir o manipular la publicación de unos reportajes que vinculaban a Figueres en unos negocios fraudulentos de minas. Arce dijo que había sido destituido por la directiva del diario; sin embargo, ésta negó la versión del periodista y aseguró que Arce no había sido despedido, sino que había renunciado a su cargo. Para fundamentar su afirmación, la directiva de La República publicó copia de una carta de renuncia que el periodista les había dirigido el 24 de mayo y alegó que se habían limitado a aceptarla. Arce, sin embargo, argumentó que su carta había quedado sin efecto luego de que, días después de presentarla, el comité ejecutivo de la empresa le brindó apoyo público en su trabajo de director; calificó como una simple justificación lo dicho por la directiva e insistió en que realmente había sido despedido por presiones políticas. La República, en su edición del 15 de junio, dijo que el presidente y vicepresidente de su junta directiva habían pedido a la SIP que investigara las circunstancias que habían rodeado la salida de Arce de su cargo, y que la SIP separara de su cargo al presidente de su Comisión de Libertad de Prensa e Información, Eduardo Ulibarri, mientras se realizaba dicha investigación. La recusación de Ulibarri la basaron en que éste había publicado un artículo en el diario La Nación, del cual es director, en el que, entre otras cosas, se solidarizaba con Arce por considerar que había sido destituído por presiones políticas. La SIP, en un comunicado que dio a conocer a raíz de esa publicación, reiteró su respaldo a Ulibarri y aclaró que no es política de la Sociedad intervenir en asuntos de índole labora!. Arce presentó un recurso de amparo contra la decisión de La República ante la Sala Constitucional pero ésta lo rechazó. También presentó un juicio laboral, que está aún pendiente en los tribunales. 16 de junio.- El Juzgado Primero Penal de San José condenó al columnista Julio Rodríguez, de La Nación, por el delito de injurias contra el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Isaac Sasso. Rodríguez había criticado la manera en que el señor Sasso había conducido la organización, sobre todo un fideicomiso dedicado a financiar programas de mejoramiento deportivo. Aunque el juez reconoció muchos de los hechos señalados por Rodríguez en sus publicaciones, consideró que el lenguaje empleado para denunciarlos era inconveniente. La defensa apeló el fallo ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. 29 de junio.- Tras estar fuera del aire por casi seis meses, reapareció en la emisora estatal de televisión, Canal 13, el programa Bosque Adentro. Dicho espacio no se transmitía desde que el director del canal impidió la difusión de una edición del programa en que participaban personas opuestas a un proyecto de relleno sanitario para el área metropolitana que impulsaba el gobierno. Ante esto, su conductora, Patricia Sánchez, presentó un recurso de amparo, tanto contra la eliminación del programa como contra su separación como periodista de Canal 13. El 2 de abril la Sala Constitucional ordenó que se le reincorporara a su cargo y que el programa volviera al aire. El texto de la sentencia, sin embargo, no fue notificado hasta el 9 de junio, y 20 días después el Bosque Adentro reapareció. 25 de agosto.- El presidente de la Cámara de Diarios Nacionales (CADINA) y director de La Prensa Libre, Andrés Borrasé, presentó ante la Sala Constitucional, a nombre de la Cámara, una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 85 del Código Electoral. Basó su reclamo en las serias violaciones y limitaciones que establece ese texto, entre las cuales están las siguientes: a) Durante el desarrollo de la campaña electoral sólo permite la publicación o transmisión de mensajes políticos pagados a los partidos políticos debidamente inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Además, esa publicidad sólo puede insertarse en medios que también se hayan inscrito en ese Tribunal. Los ciudadanos u organizaciones de otra índole, por ello, quedan imposibilitados de realizar publicidad que tenga características políticas. b) Otorga al Tribunal la capacidad de ejercer censura para impedir la publicación de anuncios que considere inconvenientes. c) Establece limitaciones sobre el tiempo y número de páginas que pueden utilizar los partidos para su propaganda. La Sala Constitucional aún no ha fallado la acción. A pesar de ésta, durante la presente campaña el TSE ha aplicado una interpretación sumamente extendida de sus facultades al amparo del artículo 85 del Código Electoral, y ha prohibido una gran cantidad de anuncios a los partidos.

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