México

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MEXICO El ejercicio de la libertad de prensa en México enfrenta constantes dificultades y supone incluso riesgos. Así lo demuestran las agresiones sufridas por reporteros, comentaristas e instalaciones de periódicos; la promulgación de leyes que restringen la libre expresión y los episodios de censura ocurridos, especialmente en la radio. Entretanto, el gobierno federal siguió adelante con el proceso de privatización de medios de información oficiales y vendió sus canales de televisión y estudios y salas de cine. Adicionalmente, anunció la "desincorporación" de tres fábricas productoras de papel propiedad de PIPSA, una empresa estatal cuya función ha sido cuestionada por la SIP. Siete informadores murieron asesinados en México durante el último año: Ignacio Mendoza Castillo, periodista de Quintana Roo, muerto en el Distrito Federal. Jesús Núñez Sánchez, reportero y columnista en el estado de México. Roberto Mancilla en Chiapas. José Herrara Cañas, fotógrafo, en el Distrito Federal. Jessica Elizalde de León, reportera en Ciudad Juárez, Chihuahua. Araceli Caballero Hernández, reportera en Ecatepec, estado de México. Gregorio Sánchez Mora, fotógrafo en Córdoba, Veracruz. Sólo en dos de los casos fueron arrestados los presuntos responsables y están actualmente sometidos a juicio. La falta de resultados de las investigaciones policíacas en el resto de los episodios impide saber si su muerte está relacionada con su trabajo profesional. En el caso de Mendoza Castillo, ultimado el 13 de noviembre de 1992, pudo establecerse que su homicidio no tuvo nada que ver con sus tareas, aunque a causa de éstas la víctima había denunciado que corría peligro. Su presunto asesino fue detenido el 28 de noviembre. Los responsables del asesinato del periodista Roberto Mancilla, de Chiapas, ocurrido el 2 de febrero de 1993, fueron detenidos en mayo. Las investigaciones de las autoridades revelaron que los hechos no habían tenido relación con el trabajo publicado por la víctima. Una misión de la SIP se trasladó en junio a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde condenó los homicidios de Jessica Elizalde de León, Víctor Manuel Oropeza y Hermelinda Bejarano -estos dos últimos cometidos en años anteriores- y pidió la intervención de las autoridades para esclarecer los hechos. En marzo, los familiares de Oropeza habían solicitado la intervención del Congreso del estado para resolver el caso. Al cumplirse dos años del homicidio, la viuda del doctor y periodista denunció que las pruebas que permitirían investigar lo ocurrido habían desaparecido. Acusados del homicidio del periodista Manuel Buendía Tellezgirón, el16 de febrero de 1993 fueron condenados a 3S años de prisión José Antonio Zorrilla Pérez, ex-titular de la Dirección Federal de Seguridad y Juan Rafael Moro Avila, ex agente de la misma fuerza. Otros tres ex policías fueron sentenciados a 2S años como copartícipes en los hechos; sin embargo, nunca se han aclarado los móviles del homicidio ni la identidad de los autores intelectuales. El 30 de mayo, al conmemorarse el noveno aniversario del asesinato del columnista, diversos grupos exigieron continuar las investigaciones sobre el crimen. El 16 de agosto fueron ratificadas las sentencias impuestas a los homicidas de Buendía. También un presunto cómplice de la muerte de Gabriel Venegas, reportero del noticiero de televisión "24 horas", fue detenido y consignado en el mes de agosto. Sin embargo, los autores materiales del homicidio -que se produjo "por una venganza" según la policía- continúan prófugos. Por su parte, la Procuraduría General de la República designó el 21 de febrero de 1993 a dos funcionarios en el estado de Sinaloa para investigar los homicidios de los periodistas Jesús Michel Jacobo y Manuel Burgueño Orduño, ocurridos en 1987 y 1988. Las instalaciones de tres periódicos sufrieron agresiones: Primera Plana de Hermosillo fue tiroteada; Presente, de Villahermosa, fue allanado dos veces, mientras que Regeneración de Oaxaca lo fue en una ocasión. Durante el período que contempla este informe, cuando menos otros 37 profesionales del periodismo sufrieron agresiones o recibieron amenazas, a causa de su tarea. La relación se presenta aparte. Cuatro publicaciones denunciaron que su circuladón había sido entorpecida a causa de su contenido editorial: las revistas Proceso, Quehacer Político y Epoca (29 de enero de 1993) y el periódico Unomasuno (25 de febrero de 1993). En otra oportunidad, Proceso denunció (noviembre de 1992) que había sido presionado por el gobierno federal para no publicar información relativa al encuentro del coordinador del gabinete presidencial, José Córdoba Montoya, con un representante del entonces presidente electo Bill Clinton. Hubo también denuncias en el sentido de que el gobierno federal no fue ajeno a algunos intentos de censura surgidos con motivo de un plebiscito organizado en marzo y de un discurso particularmente crítico del Presidente de la República, en una reunión con diputados, en agosto. El semanario Opción, del estado de Campeche, denunció presiones de parte de la administración del gobernador Jorge Salomón Azar García, que culminaron con la invasión de sus instalaciones yel decomiso de su maquinaria. Sin embargo, la acción se realizó en cumplimiento de la orden de una jueza y a causa de una deuda que los directivos de la publicación reconocieron. Una investigación de la SIP documentó posteriormente que Opción trabaja con maquinaria propiedad del gobierno de Campeche y dependía de la publicidad oficial para subsistir. A raíz del homicidio de Ignado Mendoza Castillo, la denuncia de Opción y las presuntas violaciones a la libertad de expresión en el estado de Chiapas, la SIP envió una misión investigadora que concluyó que los códigos penales de los estados de la región pueden ser utilizados unilateralmente por las autoridades para acallar la crítica. Pero la misión estableció también que numerosos periodistas del sur del país han expresado la necesidad de contar con apoyos gubernamentales para sostener sus publicaciones y otros han variado sus políticas editoriales de acuerdo a la presencia o ausencia de publicidad y apoyos oficiales. Directivos y trabaj adores de Vanguardia de Chihuahua se apoderaron del periódico el 6 de enero de 1993 y editaron, con todos los elementos del antiguo diario, uno nuevo, al que llamaron El Observador y trataron de justificar su ilícito porque la empresa les adeudaba sus salarios. Luego de una denunda del dueño, Armando Castilla, la Procuraduría de Justicia del estado ordenó el desalojo del inmueble. Sin embargo, un tribunal estatal determinó en marzo privar a los propietarios de la posesión de sus instalaciones y las entregó "en resguardo" al grupo que las había ocupado ilegalmente. Una comisión de la SIP investigó los hechos en enero. Posteriormente, una segunda misión -junio de 1993- condenó la "ilegalidad y despojo" de Vanguardia e instó al gobierno a devolver la empresa a sus legítimos dueños. Hasta hoy las instalaciones siguen en manos de los trabajadores y no se ha dictado sentencia en el juicio que promovió su propietario quien, además, acusa al gobernador Francisco Barrio de interferir en el proceso judicial. A pesar del ilícito, los principales autores del despojo siguen libres. E! reportero Zachary Margulis fue despedido del diario The News por publicar informaciones que supuestamente involucraban al ex-secretario de Gobernación, Manuel Bartelet - hoy gobernador de Puebla- en los homicidios de los periodistas Manuel Buendía y Javier Juárez cometidos en 1984. La directora de El Mañana de Nuevo Laredo, Ninfa Deándar y Noé Cuéllar, propietario de estaciones de radio, enfrentaron presiones a causa de la información publicada durante los motines ocurridos en el área aduanal de Nuevo Laredo el 29 de noviembre de 1992. Armando Flores, director de El Correo del Pacífico, encarcelado por repeler una agresión causada por información que había publicado. Fue liberado un día después. Finalmente, Armando Martínez de la Rosa, director de El Independiente de Colima, denunció en diciembre de 1992 que el gobierno del Estado le había suspendido la publicidad oficial a causa del malestar causado por las críticas publicadas en su medio. En la última semana de octubre del 93 el director del Diario del Itzmo, José Robles Martinez, acusó a funcionarios de PEMEX con amenazar de muerte, al tiempo que el asesor fiscal externo del periódico era asesinado. Actualmente, Robles Martínez se encuentra fuera del país. Investigaciones relacionadas con el narcotráfico amenazaron también la libertad de expresión en México. En abril, la Procuraduría General de la República manifestó su preocupación por el hecho de que el narcotráfico "está penetrando" algunos medios de comunicación y anunció que había emprendido investigaciones sobre el caso. El pronunciamiento originó un apasionado debate entre la prensa y las autoridades. produjo, además, nutridas especulaciones que lastimaron la reputación de muchos periodistas. En julio, la Procuraduría consignó penalmente a dos periodistas -Mario Rivas y Mario Munguía- y a un diputado federal del PRI, Cesáreo Morales, quien ocasionalmente publicaba textos de análisis y fue acusado por un presunto intento de lavado de dinero, ocurrido en 1988. En los casos de Rivas y Morales, los jueces que conocieron de los casos se negaron a librar la orden de captura. Munguía, en cambio, sí fue a prisión, pero acusado de contrabando y encubrimiento: salió libre dos meses más tarde, por falta de pruebas. El único involucrado en las pesquisas que fue a dar a la cárcel por acusaciones relacionadas con el comercio de narcóticos fue el comandante policíaco que inicialmente encabezó las investigaciones, Fulvio Jiménez Turengano, a quien se le descubrieron nexos con narcotraficantes. En otro caso, el diario El Mañana de Reynosa, fue objeto de hostigamiento por investigaciones relacionadas al parecer con el tráfico de drogas. A la denuncia del periódico de que se trataba de limitar sus derechos, la Procuraduría General de la República respondió que pretendía" aclarar hechos concretos posiblemente delictuosos completamente ajenos a la libertad de expresión". En noviembre, a cinco trabajadores del periódico se le presentaron cargos y quedaron libres bajo fianza. La promulgación de nuevas leyes o la aplicación de otras ya existentes supuso también establecer límites a la libertad de expresión. La Legislatura de Campeche promulgó en junio reformas penales que establecieron el delito de "daño moral". Cuatro jóvenes autores de un panfleto fueron arrestados al poco tiempo, víctimas de la nueva legislación. La propia emisora de televisión oficial de la entidad fue acusada de "daño moral" por dos partidos opositores. La aplicación de una ley similar en el estado de Tabasco -promulgada el año anterior- originó protestas que culminaron en la creación de un Comité de Defensa de la Libertad de Expresión. Algunos de sus integrantes fueron despedidos de sus trabajos en represalia. Dos periodistas, también en Tabasco, fueron encarcelados luego de acusaciones del Ejército por violaciones a la Ley de Imprenta. Roberto Cuitláhuac Villar de La Extra y Víctor Chablé fueron sentenciados a nueve meses de presión, pero un tribunal anuló la pena posteriormente. La Legislatura del estado de Puebla" actualizó" el funcionamiento de una comisión que vigilará que "las publicaciones impresas se mantengan dentro de los límites de respeto a la vida privada, a la paz y a la moral pública y a la dignidad personal". El gobierno de la República vendió en julio a un grupo de particulares -Radio Televisora del Centroonce empresas de televisión, la Compañía Operadora de Teatros y los Estudios América, como parte de su estrategia de desincorporación de empresas públicas. El periódico gubernamental El Nacional estaba incluido en el paquete, pero las ofertas por él fueron muy pobres. Sin embargo, se prepara ya de nueva cuenta su venta. El gobierno conservó las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio y la agencia de noticias oficial Notimex y no ha manifestado su intención de desprenderse de ellas. En septiembre el gobierno anunció la venta de tres empresas productoras de papel periódico, del aparato industrial de Productora e Importadora de Papel S.A. PIPSA. Sin embargo, el gobierno anunció que PIPSA continuará como empresa pública "para seguir brindando plena garantía de abasto y coadyuvando a regular el mercado de papel". En otro orden, la Presidencia de la República puso en vigor -octubre de 1992- disposiciones en virtud de las cuales los medios de información tienen que asumir los gastos de sus enviados a las giras internaciones del jefe del Ejecutivo. Una disposición similar para los viajes al interior del país entró en vigor en marzo de 1993. El 23 de diciembre de 1992 el gobierno, mediante un decreto publicado en el Diario Oficial, reglamentó tanto las" ayudas" que se prestaban a los periodistas como el manejo discrecional de recursos públicos para tareas de difusión y promoción que llevaban a cabo las dependencias públicas. Por primera vez en 32 años, durante 1993 no se celebró la comida del "Día de la Libertad de Prensa", que fue sustituida por un desayuno de trabajo entre el Presidente y un grupo de editores. Finalmente, diversos señalamientos permiten comprobar que en varios estados de la República subsiste la práctica de brindar gratificaciones o "embustes" a los periodistas. La radio fue el medio donde se produjo mayor número de casos que pusieron en entredicho la libertad de expresión. El más difundido de todos fue el del periodista Miguel Angel Granados Chapa, quien abandonó su programa a finales de septiembre. De acuerdo con su denuncia, había sido obligado a renunciar a causa de una entrevista con el líder opositor Cuauhtémoc Cárdenas y culpó de la represión al director de Radio, Televisión y Cinematografía -de la Secretaría de Gobernación- Manuel Villa. El propietario de la radiodifusora en la que trabajaba Granados Chapa aseguró que se había tratado de un conflicto laboral y diversas autoridades aseguraron que no se limitaba el derecho de expresión. Después de la intervención del propio presidente de la República, quien ofreció al periodista la seguridad de que su administración no había tenido nada que ver en el conflicto, Manuel Villa fue desplazado de su cargo. De acuerdo con diversas denuncias, varios otros periodistas y comentaristas habían tenido que salir de la radio a causa de las presiones de RTC. Entre ellos, René Delgado, Adolfo Aguilar Zinser, Catalina Noriega y Jorge Castañeda. Por su parte, el director del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, denunció por esos días que un programa que patrocinaba su diario, "Fórmula Universal", había sido retirado de la radio a causa de la censura. Problemas similares se presentaron con el programa radiofónico "Voces y Criterios", en Chihuahua, -removido a causa de una expresión altisonante- y "En este momento", de ViIlahermosa, Tabasco, cuya directora fue despedida por no acatar el consejo de no hablar del gobierno ni de la gobernación. La Asociación de Editores de Periódicos Diarios demandó que termine el monopolio que ejerce la Unión de Voceadores y Expendedores de Periódicos del Distrito Federal. El periódico El Excelsior dio amplia difusión a la exigencia y denunció posteriormente que la Unión se había vengado entorpeciendo la circulación del diario. En julio, Enrique Gómez Corchado, líder de la Unión desde hace 18 años, anunció que dejará la organización en 1994. La SIP expresó el 3 de agosto su preocupación por las cargas impositivas aplicadas en las aduanas de la frontera éntre México y los Estados Unidos, que restringen el libre flujo de la información. Por último, en la cuarta semana de octubre, el periódico El Mexicano, de Baja California, reclamó y protestó contra el gobierno por la suspensión de la publicidad oficial y adujo presiones del gobierno estatal a empresarios para que no publicitaran en el diario.

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