Venezuela

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VENEZUELA En el ámbito político, el país vive una pausa de excepción, después de la salida del Presidente de la República, antes de concluir su mandato constitucional, por una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Durante este breve período presidencial que culminará después de las elecciones presidenciales del próximo 5 de diciembre, se han logrado indultos que permitieron el regreso a Venezuela de las personas vinculadas a medios de comunicación con juicios pendientes de origen político. Por otra parte, una última versión del proyecto de reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo, fue presentada a la consideración de las Cámaras Legislativas de Venezuela, después de haber estado pendiente de discusión desde 1984. Los aspectos más importantes del proyecto se refieren a la pretensión de dar un carácter legislativo extraordinario al Colegio Nacional de Periodistas, el cual podría modificar la Ley a su antojo con la simple modificación de sus propios reglamentos internos, según el Art. 1. El proyecto tiene una serie de vicios que ponen en duda su constitucionalidad, al imponer una definición extremadamente amplia de la profesión de periodista, lo cual perjudica a una gran cantidad de trabajadores que desempeñan esos oficios. El Art, 3 constituye una violación de las diversas garantías constitucionales, pero en especial, la libertad de industria y comercio, y la libertad de expresión. Más aún, el referido proyecto limita las posibilidades que tienen los directores y demás empleados en las operaciones diarias, toda vez que se pretende limitar esa posibilidad sólo a los periodistas colegiados. En este proyecto se profundiza el poder discrecional del periodista por encima de la voluntad de los medios para los cuales trabajan. También se incluyen modificaciones en relación con el secreto profesional (Art. 6) y la réplica (Art. 33). Se pretende, asimismo, imponer un tributo parafiscal para la creación de un fondo nacional de jubilaciones para todos los periodistas (Art. 42). Por último, el proyecto interferiría de manera definitiva en la política comunicacional del Estado. La Cámara del Senado creó una comisión especial presidida por el senador Luis Vera Gómez, quien luego de haber oído a todos los sectores involucrados, decidió el diferimiento definitivo del proyecto. Con las elecciones del próximo 5 de diciembre, existe la posibilidad que varios gremialistas del Colegio Nacional de Periodistas resulten electos diputados y podría presentarse de nuevo la discusión en el Congreso Nacional renovado. El proyecto de ley quedó consignado en la Secretaría de la SIP. Al igual que el 4 de febrero de 1992, cuando ocurrió el primer levantamiento militar en contra del gobierno, el 27 de noviembre del mismo año, en el marco de la suspensión de las garantías constitucionales decretadas ante el estado de emergencia, se produjeron nuevos excesos en contra de periodistas y medios de comunicación. Organismos encargados de la defensa de los derechos humanos, gremios y personalidades del mundo político, denunciaron estos sucesos, y aportaron varios datos de importancia. Según un informe emitido en diciembre por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) durante el período que va de octubre de 1991 a septiembre de 1992, 125 trabajadores de la prensa fueron agredidos mientras ejercían su profesión. En el lapso señalado se produjeron 33 acciones de censura, 32 de las cuales tuvieron lugar luego del 4 de febrero de 1992. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó por su parte, 59 trabajadores atropellados, amenazados, heridos y acosados y 24 detenciones, durante el transcurso de 1992. Reveló también que 22 periodistas han sido citados a declarar, 8 por tribunales militares, 5 por tribunales penales, 2 por tribunales menores, 6 por la Disip y 1 por la OlM. A todos se les ha abierto una averiguación. La citación de tribunales militares se produjo a pesar de que, según la legislación venezolana, la jurisdicción militar no tiene competencia en materias relativas a la libertad de expresión. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gonzalo Rodríguez Corro, ordenó la detención del periodista Diógenes Carrillo del diario El Nuevo País y Radio Rumbos por considerar que Carrillo irrespetó su investidura cuando, en una columna de opinión aparecida en El Nuevo País, criticó sus declaraciones respecto a que la Corte Suprema de Justicia no tiene jurisprudencia en la interpelación por parte del Congreso de la República al Presidente Carlos Andrés Pérez, planteada por varios sectores del país, para esclarecer un sonado caso de supuesta corrupción en el manejo de las partidas secretas del Estado. El 15 de enero murió la periodista María Verónica Tessari, quien fue herida de gravedad el 19 de marzo del año pasado, por un agente policial que le lanzó una bomba lacrimógena a la cabeza, cuando cubría una manifestación popular en contra del gobierno. Su muerte se produjo luego de ser sometida a un fuerte tratamiento y varias intervenciones quirúrgicas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa y la Federación Internacional de Periodistas reportaron 30 profesionales afectados en el marco de las medidas de excepción que se adoptaron durante el fallido pronunciamiento militar del 27 de noviembre. Los datos indican que tres trabajadores de la prensa murieron cuando cumplían sus labores reporteriles. Ellos son: Virgilio Fernández del diario El Universal, el reportero gráfico Enrique Key y la asistente de producción del Canal 2, Fanny Burgera. Los presuntos autores de estos sucesos fueron la Guardia Nacional y la Disip. A raíz del intento de golpe militar, en todo el país se registraron 13 atropellos, 8 detenciones, 2 allanamientos a hogares de periodistas, un programa de T.V. suspendido y una radio censurada y allanada. En todos estos casos, los autores fueron organismos de seguridad del Estado. El 27 de noviembre funcionarios de la División de Inteligencia Militar -OlM-, actuando con violencia, sacaron del aire a Radio Rumbos, bajo la férrea oposición de los periodistas Alexis Rosas y Teresa Maniglia. La orden de allanamiento provino del Ministro de Relaciones Interiores, Luis Piñerúa Ordaz quien, en reiteradas oportunidades había anunciado públicamente, que el gobierno tomaría medidas contra los medios radioeléctricos. La antena repetidora de Rumbos, de 250 metros de alto y con un costo de más de 30 millones de bolívares, ubicada en el interior del país, fue derribada por un avión Tucano, que según se dijo inicialmente, pertenecía a las fuerzas leales al gobierno, versión que quedó sin confirmar. El12 de diciembre una decisión emanada del Consejo de Ministros ordenó la suspensión por siete días de la emisora por "estimular a la rebelión y desobediencia civil durante los sucesos del 27 de noviembre" según diría el Presidente Pérez a la prensa por "llamar a la gente a manifestar en la calle, además de indicar a los aviones de los insurrectos los puntos que debían bombardear". Llegó a rumorarse inclusive, el retiro de la concesión radial por parte del gobierno. El día 14 de diciembre la emisora volvió a salir al aire al serIe derogada la suspensión por orden presidencial. No obstante la presión se mantuvo y el gobierno solicitó la salida del periodista Alexis Rosas y de su programa "Juicio a la Noticia" donde se habría tratado el mismo caso de corrupción que llevó al presidente de la Corte Suprema de Justicia a ordenar la detención del periodista Diógenes Carrillo y la suspensión del programa de José Vicente Rangel. El allanamiento de Rumbos siguió la suspensión temporal del programa del periodista José Vicente Rangel que se transmite por el Canal 10. Rangel consideró el hecho como consecuencia "de un ensañamiento del gobierno: de una decisión de Estado para eliminar un programa que expone las críticas que hay en la sociedad venezolana ante la política oficial". El programa "José Vicente Hoy" fue restituído una semana después de decretada su suspensión. Rangel ha denunciado la existencia de una presunta guerra sucia y la contratación de grupos mercenarios para eliminar físicamente a periodistas. Los diputados al Congreso de la República, Orlando Fernández y Pablo Medina, denunciaron a través de la prensa, a finales de febrero, la existencia de una lista de periodistas, sacerdotes, dirigentes políticos y empresariales, que han criticado las posturas oficiales, y que ahora se convierten en blanco de los ataques del gobierno. En esa lista según su versión, se mencionan como eliminables a Alfredo Peña, director de El Nacional, al propio Rangel y a Miguel Henrique Otero, también del diario El Nacional.

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