JAMAICA
La batalla de la libertad de prensa en el país para que sean reformadas las leyes anticuadas sobre difamación, algunas de las cuales se remontan a principios del siglo XVII.
La Asociación de Prensa de Jamaica (PAJ) señaló que los intentos de reforma de las anticuadas leyes de libelo y difamación del país parecían haber fracasado en el Parlamento.
El asunto no se había considerado para debate hasta que un informe de un comité encabezado por el abogado Hugh Small se presentó en Gordon House y fue enviado a una comisión parlamentaria para su examen hace más de un año. La comisión se ha reunido en tres ocasiones este año para discutir las recomendaciones, pero el asunto no ha avanzado de manera significativa.
El prominente abogado británico que se especializa en leyes de difamación, Mark Stephens, quien visitó la isla en octubre, se presentó ante la comisión parlamentaria que discutía las reformas recomendadas a las leyes. Stephens afirmó que los cambios recomendados por Small eran convenientes a fin de modernizar las leyes de difamación de Jamaica desde una perspectiva global, particularmente en lo relativo al plazo de prescripción para la presentación de demandas por difamación en contra de los medios de comunicación.
El plazo de prescripción de seis años referido por Stephens sobre la presentación de una demanda por difamación, desde el momento de la publicación de la declaración difamatoria, se remonta a 1623. Se basaba en supuestos de que a las personas les tomaría todo ese tiempo descubrir que habían sido difamadas en folletos o libros.
Stephens argumenta que en la actual era de la información moderna, las personas que pueden aparecer en los periódicos tienen acceso a recursos en línea tales como alertas de Google, así como blogs y tweets de Twitter. Por tanto, dichas personas pueden saber inmediatamente cuándo se hacen comentarios sobre ellos. Señaló que en el Reino Unido la mayoría de las órdenes judiciales se presentan por lo general en un período de entre tres y seis meses.
También habló sobre el probable impacto que la recientemente aprobada Ley SPEECH (Securing the Protection of our Enduring and Established Constitutional Heritage) de Estados Unidos tendría en las leyes de difamación de Jamaica, y señaló que las sentencias dictadas en los casos de difamación en los países de la Commonwealth no pueden ser ejecutadas en Estados Unidos.
Sobre la cuestión del delito de libelo, Stephens observó que había un clamor urgente a escala mundial por su abolición, y señaló que varios países han revocado las leyes que apoyan un concepto anticuado y ajeno, de encerrar a las personas por lo que dijeron o escribieron. En cuanto a las reclamaciones por daños y perjuicios de individuos en razón de que han experimentado el dolor y el sufrimiento por publicaciones difamatorias, Stephens dijo que a esas personas se les debería obligar a presentar pruebas, mientras se evalúan las pérdidas asociadas, puesto que no se podía presumir que el daño se produce en todos los casos.
Stephens también pidió el establecimiento de límites a las indemnizaciones por daños y perjuicios dictada en contra de las empresas de medios.
Citó ejemplos de casos en Jamaica, donde tribunales de apelación confirmaron premios que fueron significativamente mayores que los otorgados por casos similares en Londres, a pesar de basarse en los mismos hechos. En el Reino Unido la compensación por daños y perjuicios por dolor y sufrimiento, como resultado de un libelo, tiene actualmente un tope de £ 250,000, una cifra que casi se logró cuando se adjudicó £ 230,000 a cada uno de dos individuos después de haber sido acusados de ser asesinos pederastas.
La Coalición de la Sociedad Civil, formada por La Organización del Sector Privado de Jamaica, la Cámara de Comercio de Jamaica, el Consejo de Iglesias de Jamaica, el Centro de Promoción y Recursos de la Mujer y el Foro de la Comunidad de Zonas Urbanas, entre otros, señaló que no cedería frente a las disposiciones inaceptables del Gobierno sobre las leyes de libelo y difamación y la corrupción. Los problemas de conducta parlamentaria y la necesidad de aumentar y estructurar programas de intervención social, así como hacer aplicar prácticas de derechos humanos, también figuran en la agenda del grupo.
Durante el año pasado, la PAJ también instó a los legisladores a derogar la Ley de Secretos Oficiales, que va en contra de la Ley de Acceso a la Información, así como a promulgar por vía rápida la legislación de protección de denunciantes. Esta ley fue una promesa política del partido gobernante, sin embargo, se mueve a paso de tortuga a través del proceso parlamentario y requiere que se adopte por vía rápida a fin de ayudar en el descubrimiento de casos de corrupción. La PAJ también hizo un llamamiento por escrito al ministro de Justicia, así como al presidente del Tribunal Supremo, para flexibilizar los reglamentos que prohíben la grabación audiovisual de los procedimientos judiciales, y la fotografía de prisioneros de alto perfil durante el juicio penal. Esto último se destacó en la detención en mayo del presunto traficante de drogas y armas Christopher Coke, cuya extradición fue solicitada por Estados Unidos.
La ley de protección de denunciantes tiene por objeto fomentar y dar protección a los empleados para que denuncien actos de negligencia y corrupción que se hayan cometido o puedan cometerse en el lugar de trabajo. El proyecto de ley, que establece procedimientos claros para la presentación de informes sobre determinados delitos, propone que las cuestiones que pudieran afectar la seguridad nacional, defensa o relaciones internacionales deben informarse por los denunciantes al ministro respectivo o al primer ministro. La ley propuesta requiere que todos los empleadores, entre ellos las organizaciones de voluntarios, establezcan los procedimientos para aceptar las declaraciones de los denunciantes.
La Asociación de Prensa de Jamaica puso en marcha un Consejo Asesor para abordar amenazas directas o indirectas contra periodistas. El Consejo responderá a cualquier amenaza a la libertad de prensa, como la respuesta policial a los periodistas en la escena del crimen, la interferencia política, ataques personales y amenazas implícitas o explícitas a medios.
El Consejo está compuesto por periodistas reconocidos y se reunirán mensualmente.
TRINIDAD Y TOBAGO
Las primeras señales de cambio se han puesto de manifiesto en las relaciones de los medios con los funcionarios públicos, tras las elecciones del 24 de mayo que desplazaron al partido que había gobernado durante ocho años, sustituyéndolo por una coalición de partidos de oposición.
Durante más de un año, el gobierno anterior había expresado niveles cada vez mayores de animadversión hacia los medios. El gobierno había acusado a los medios de parcialidad en favor de la oposición y falta de equilibrio en la cobertura y comentarios.
Tales actitudes, sin embargo, no se reflejaron durante la campaña electoral. Los medios fueron capaces de informar sobre todas las partes, y opinar sin intimidación o presión del partido que controlaba el gobierno, que también disponía de enormes recursos de publicidad.
El nuevo gobierno ha mostrado una buena disposición y voluntad para respetar los derechos de los medios.
En los primeros indicios de la nueva política, el ministro responsable de la regulación de las telecomunicaciones y tecnologías de la información ha abogado por un mayor contenido local en la programación de los medios de comunicación y el establecimiento de un servicio público de radio y televisión. Al prometer una revisión de la política de difusión, el ministro dio garantías de que se consultaría a los representantes de los medios y al público para dicho ejercicio.
Bajo la anterior administración había sido elaborado y redactado, en consulta con la industria, un código de transmisión, pero nunca obtuvo la plena aceptación entre las empresas de medios. Los medios han criticado muchas disposiciones del proyecto de código oficial por restrictivo y susceptible de interpretación por las autoridades. El nuevo ministro se ha comprometido a facilitar una nueva ronda de consultas sobre el código antes de presentarlo para su aprobación parlamentaria.
Preocupa en este período la tendencia por parte de personalidades del gobierno a la presentación de costosas demandas por difamación contra los medios.
Esta estrategia es impulsada por gente poderosa de recursos económicos, teniendo el potencial para desestabilizar e intimidar a los medios
BARBADOES, GUYANA, TRINIDAD
No se registraron problemas serios para la libertad de prensa en estas naciones.
