Colombia

Aa
$.-
En este período hubo notables avances en la lucha contra la impunidad. La Fiscalía y los jueces tomaron importantes decisiones, entre ellas: Un juez de la ciudad de Barranquilla acusó como presuntos responsables del asesinato del periodista Jaime Rengifo, asesinado el 29 de abril de 2003, a dos ex integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación en contra de José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, como presunto autor intelectual del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Para evitar la prescripción de la investigación por la muerte del ex director del diario El Espectador, Guillermo Cano Isaza, la Fiscalía General de la Nación dictaminó darle el carácter de delito de lesa humanidad. La Dirección de Fiscalías determinó atender la solicitud de la SIP para ubicar, revisar y activar 27 procesos por crímenes contra periodistas que se encontraban en distintas partes del país. En cuatro procesos se inició su revisión jurídica y otras seis investigaciones fueron reasignadas a la Unidad de Derechos Humanos en Bogotá. La Fiscalía Novena de la Unidad Nacional de Derechos Humanos vinculó mediante indagatoria a Ferney Tapasco González y a su hijo, el ex congresista Dixon Tapasco Triviño, como presuntos autores intelectuales del homicidio del subdirector del periódico La Patria, Orlando Sierra. En el plano de las reclamaciones civiles, penales y administrativas, continúa la tendencia a usar las acciones judiciales por parte de funcionarios públicos y particulares como mecanismo de silenciamiento y bloqueo al ejercicio del derecho a informar. Así, es cada vez más frecuente el uso de las llamadas “Acciones Populares” en contra de algunos contenidos informativos, incrementadas además por tener estímulos económicos para los demandantes. En el marco legislativo, lo más preocupante este semestre fue el anteproyecto elaborado por el Consejo de Estado en cumplimiento de la sentencia 442 de 2009 de la Corte Constitucional, que le ordenaba presentar al Congreso un proyecto de ley en el que se establecieran sanciones a los medios de comunicación por violación de sus deberes y obligaciones especiales establecidos en el Código de la Infancia y la adolescencia. El anteproyecto excede lo ordenado por la Corte y, desconociendo la normatividad y jurisprudencia nacionales e internacionales, acude a mecanismos abiertamente violatorios de la libertad de expresión y constitutivos de censura, como la suspensión de la circulación de una publicación y la imposición de multas excesivas y desproporcionadas. Se presentó de nuevo en el Congreso un proyecto archivado en la pasada legislatura, el cual reglamentaba la exhibición de imágenes e información en las portadas de medios impresos y electrónicos como medida de protección a los niños y adolescentes. Este proyecto, violatorio también de la prohibición de censura consagrada en la Constitución Colombiana, fue oportunamente, y por segunda vez, archivado por el legislador, atendiendo los argumentos presentados por Andiarios y los medios de comunicación. Continúa la tendencia de imponer y/o impedir a los periódicos y otros medios de comunicación, la divulgación de determinados contenidos con el pretexto de proteger y defender los derechos de los niños y adolescentes y otros derechos como la igualdad, la intimidad y la dignidad. En la actualidad se tramitan alrededor de diez proyectos de ley en este sentido. Así mismo, son varios los proyectos de ley que contienen prohibiciones, limitaciones y restricciones a los periódicos y otros medios en materia de divulgación de encuestas, propaganda electoral y publicidad comercial. Preocupa también el intento por extender a los medios de comunicación la responsabilidad por los contenidos de los avisos publicitarios, la cual de acuerdo con la legislación colombiana corresponde a los productores, distribuidores y comercializadores de bienes y servicios y no a los medios. Como hechos positivos se destacaron el archivo de un proyecto de ley que reglamenta la actividad del vendedor informal y establece licencias especiales para el ejercicio de su actividad, se exceptúe a los voceadores de periódicos. Positivo también que en el proyecto de Ley de Habeas Data que establece limitaciones para el uso de datos personales en todas las bases de datos y archivos, se exceptúen las bases de datos y archivos con informaciones periodísticas y otros contenidos editoriales. Por último, cabe destacar que se presentó la modificación al proyecto de ley que establecía la obligación para todos los medios de comunicación de otorgar elevados descuentos en la propaganda electoral en el sentido de limitar tal obligación a los medios que utilizan el espectro electromagnético. En el plano judicial, continúan las investigaciones por las interceptaciones ilegales en las comunicaciones a periodistas, políticos y magistrados. Por su responsabilidad en el escándalo de las llamadas ‘chuzadas’ fue destituido e inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas durante 18 años, por la Procuraduría General de Colombia, el ex Secretario Jurídico de la Presidencia Bernardo Moreno, quien además fue interrogado por la Fiscalía dentro de la investigación penal que se adelanta para ubicar a los responsables de estos seguimientos ilegales. Los ex directores del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jorge Aurelio Noguera Cotes, María del Pilar Hurtado y Andrés Peñate fueron llamados a indagatoria por la Fiscalía General de Colombia, para establecer si hicieron parte de lo que la Fiscalía ha llamado una ‘plataforma criminal’ para obtener información en forma ilegal sobre magistrados de las altas cortes, periodistas, líderes opositores y defensores de derechos humanos. Estos funcionarios ya fueron sancionados por la Procuraduría General de Colombia, con su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos. Por otra parte el ex - subdirector del DAS, Jorge Alberto Lagos, es el primer condenado por el caso de las interceptaciones ilegales, luego de aceptar los cargos en su contra y llegar a un acuerdo con la Fiscalía que fue avalado por el Tribunal de Bogotá. Lagos pagará ocho años de cárcel pues obtuvo una rebaja de la tercera parte en la pena por colaboración con la justicia, al aceptar que “sin razón legal ni motivo de inteligencia alguno” ordenó y coordinó seguimientos a periodistas, magistrados y otros personajes. Lagos también fue destituido por la Procuraduría e inhabilitado para ejercer cargos públicos. Finalmente y dentro del mismo proceso por las interceptaciones ilegales, el ex director de la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero, Uiaf, Mario Aranguren, se encuentra detenido por haber presentado informes financieros al DAS con datos reservados y exclusivos sobre magistrados y periodistas, sin existir orden judicial. Aranguren también fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría. En amenazas y otras violaciones a la libertad de prensa, la Fundación para la Libertad de Prensa, reportó en los últimos ocho meses (marzo-octubre de 2010): 30 amenazas; 22 agresiones a periodistas y 3 atentados contra la infraestructura de medios de comunicación, entre otros. Otros hechos relevantes: Continúa el proceso judicial por el casoo del periodista Clodomiro Castilla Ospina, director y propietario de la revista El Pulso del Tiempo y periodista de la emisora La Voz de Montería, en el departamento de Córdoba, asesinado el 19 de marzo. En abril el periodista William Colina Páez fue víctima de una agresión en el municipio de Soledad en el departamento del Atlántico mientras cubría un homicidio. Al periodista intentaron quitarle la cámara y le rociaron gasolina. El periodista y columnista Alfredo Molano fue absuelto en segunda instancia dentro de un proceso iniciado en su contra por los delitos de injuria y calumnia, derivado del contenido de una columna de opinión publicada en contra de la Familia Araujo Castro. El 11 de abril fue asesinado Mauricio Medina Moreno, en el municipio de Ortega, en el departamento de Tolima, por desconocidos que le hicieron más de veinte heridas con arma blanca. Perteneciente al cabildo indígena de Vergel Calarma, el periodista desde hacía seis años se desempeñaba como director de la emisora comunitaria CRIT 98.0. Aún no han sido determinados los móviles de su asesinato. Al cumplirse un año del homicidio de José Everardo Aguilar, la Fiscalía pretende que se revoque la decisión del Juez Primero Especializado de Popayán, Víctor Narvaez, quien en noviembre de 2009 resolvió absolver y en consecuencia poner en libertad a Arley Manquillo Rivera, alias Huracán, capturado por las autoridades y señalado como el sicario que el 24 de abril de ese mismo año asesinó al corresponsal de Radio Súper en su propia casa La publicación del documental “Baby Sicarios” causó polémica por la exposición de la imagen de los niños y de la forma en que se obtuvo la información. La “Alianza por la Niñez Colombiana” de la cual forma parte entre otros el máximo órgano de protección de la niñez en Colombia el I.C.B.F. presentó una reclamación formal al periodista David Beriani de España por lo que ellos denominan una “violación a los derechos de protección e intimidad y al desacato a la ley en que el periodista David Beriani incurrió”. El 19 de mayo el Ministerio del Interior expidió el decreto 1740, mediante el cual se reglamentó el funcionamiento de la política de protección de personas en situación de riesgo y su Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos. Consideran las organizaciones de periodistas que este decreto debilita la protección a los periodistas y pone en riesgo el apoyo que las organizaciones de periodistas le dan al programa de protección liderado por el Ministerio de Justicia. En junio, un juez de la ciudad de Barranquilla acusó como presuntos responsables del asesinato de Jaime Rengifo a José Gregorio Álvarez Andrade, alias ‘Pedro’, y Jairo Alonso Samper Cantillo, alias ‘Lucho’, ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia. Jaime Rengifo Revero, fue asesinado el 29 de abril de 2003 en Maicao, en el departamento de la Guajira. Era propietario de la casa editorial El Guajiro, por medio de la cual dirigía y conducía el programa ‘Periodistas en Acción’. El 30 de junio, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, sin beneficio de excarcelación en contra de José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, como presunto autor intelectual del asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. Narváez fue sindicado luego de encontrar varias pruebas en su contra, como los testimonios de ex jefes paramilitares. El reportero gráfico Javier Acosta del periódico popular Q´hubo Bogotá, fue agredido por el guardia del INPEC (Instituto Penitenciario y Carcelario de Colombia) Jorge Enrique González Castillo, mientras realizaba el cubrimiento periodístico de una audiencia en la cual se condenó a una mujer por el delito de homicidio. En julio tres periodistas del Canal RCN fueron detenidos por la Guardia Nacional de Venezuela en momentos en que realizaban un cubrimiento periodístico en el municipio fronterizo de El Nula a unos 20 kilómetros de la frontera por no portar permisos para ingresar al país. Fueron dejados en libertad a las 72 horas luego de ser objeto de maltratos y de haberles examinado y quitado el material periodístico. La edición del diario El Tiempo del 10 de agosto, en la ciudad de Sincelejo, fue comprada en su totalidad por un grupo de hombres a los voceadores, con la intención de evitar su lectura. El Tiempo aclaró al día siguiente que la única noticia relacionada con esta región es la presunta falsedad en documento de parte del presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, el representante por Sucre, Héctor Vergara Sierra, quien es investigado penalmente por la Fiscalía. La emisora comunitaria de Puerto Wilches en el Meta fue víctima de un atentado con artefacto explosivo arrojado en sus oficinas. Le fueron destruidos varios equipos de transmisión, lo que los dejó fuera del aire. La FLIP reportó que el periodista Marco Tulio Valencia, director del periódico El Norte, en Mariquita, Departamento del Tolima, fue víctima de un atentado, cuando un desconocido le disparó en cinco oportunidades. Los hechos tuvieron lugar hacia las 9:30 de la noche, cuando el periodista regresaba a su residencia. El periodista salió ileso de la agresión. Valencia ya había sido víctima de amenazas luego que en su periódico realizara varias denuncias sobre las redes de microtráfico de drogas que operan en Mariquita, lo cual considera que podría estar relacionado con las amenazas y el atentado en su contra. Un paquete explosivo fue dejado frente a las instalaciones de la emisora Linda Estéreo, filial de Caracol Radio, en el municipio de Doncello, Caquetá, al sur oriente del país. Según la FLIP, el explosivo fue desactivado por la Policía y no hubo ningún afectado. La Fiscalía acusó ante la Juez 23 Penal Municipal de Bogotá a la periodista Claudia López por los delitos de injuria y calumnia, al considerar que la comunicadora le imputó en su columna de opinión al ex – presidente Ernesto Samper Pizano, la comisión de los delitos de homicidio y tráfico de influencias. En hechos aislados la Policía Nacional agredió a periodistas mientras realizaban su labor. Uno en Aguachica (Cesar) en donde un agente del ESMAD intentó arrebatarle la cámara al periodista Luis Enrique Cárdenas de Noticias Uno mientras este cubría una protesta de los mototaxistas, en la misma protesta el periodista Dagoberto Feres fue víctima del uso de gases lacrimógenos que le lanzó la Policía. El periodista Luis Carlos Cervantes, corresponsal de Teleantioquia Noticias en el municipio de Tarazá, Antioquia, al noroccidente del país, ha sido víctima de constantes amenazas desde el mes agosto de 2010. En la última intimidación, le dieron un plazo de 72 horas para abandonar el municipio o de lo contrario lo matarían. Cervantes hace el seguimiento de las administraciones locales de los municipios del Bajo Cauca Antioqueño y en ese sentido ha sido muy crítico de la gestión del Alcalde de Tarazá. La Fiscalía General de la Nación de Colombia, emitió orden de captura en contra del periodista colombiano William Parra Jaimes, acusado de tener vínculos con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Al periodista se le imputan cargos por los delitos de rebelión, concierto para delinquir con fines terroristas y financiación de actividades terroristas, según informaciones encontradas en los computadores del extinto guerrillero Raúl Reyes. Tres periodistas que acompañaban una comisión internacional de verificación fueron detenidos por el Ejército de Colombia en el municipio de El Tarra, mientras investigaban el asesinato de un menor al parecer a manos de un miembro del ejército. Los periodistas fueron detenidos, fotografiados, filmados y requisados sus materiales de trabajo sin justificación alguna por parte del Ejército. Un carro bomba con 50 kilos de explosivos, fue activado frente al edificio en el cual funcionan las instalaciones de la cadena de noticias Caracol Radio. Según las investigaciones de las autoridades, todo apunta a que los autores del atentado terrorista fueron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC. En septiembre, por solicitud de la SIP, la Fiscalía realizó la labor de ubicar los procesos investigativos de 27 asesinatos distribuidos en diversas fiscalías del país, muchos de ellos archivados o suspendidos. Las autoridades lograron ubicar los casos, se realizaron visitas y entre los meses de junio y julio pasado, se tomaron importantes decisiones en 14 de ellos. Con base en esto, se reactivó la investigación por el homicidio de Mario Prada Díaz, ocurrido el 11 de junio de 2002, en Sabana de Torres, en el departamento de Santander. El caso se encontraba suspendido desde el 17 de diciembre de 2004. Prada Díaz era director del semanario Horizonte Sabanero, en el que denunciaba irregularidades de la clase política local y sobre los paramilitares. La Fiscalía colombiana decidió también estudiar la reapertura de los asesinatos del fotógrafo Hernando Marné Sánchez, colaborador del diario El País de Cali, en febrero de 2005, Iván Darío Pelayo, director de Radio Llanorámica, de Puerto Rondón, Arauca, 17 de agosto de 1995; Arquímides Arias, director y propietario de las emisoras Armonía FM Estéreo y Fresno FM Stereo, de Fresno, Tolima, 4 de julio de 2001 y Gildardo Ariza Olarte, reportero de Radio Ondas del Carare, Vélez, Santander,19 de abril de 1993. Decidió también impulsar las investigaciones abiertas por los crímenes de Fabio Leonardo Restrepo y John Jairo Restrepo Vega, asesinados el 6 de febrero de 2000, y el de Javier Darío Arroyave, ultimado el 4 de septiembre de 2007. Otros seis procesos fueron reasignados a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá para que sean atendidos por los fiscales a cargo de los crímenes de periodistas. El viernes 24 de septiembre a las 5 de la tarde, desconocidos entraron a la fuerza al apartamento del subdirector de Noticias UNO, Ignacio Gómez y hurtaron material periodístico. Según la FLIP, se llevaron su computador personal, varias memorias USB y archivos de documentos en físico. En octubre fue capturado Óscar Alonso López Escobar presunto intermediario entre los posibles autores intelectuales y los sicarios del homicidio de Orlando Sierra, subdirector de La Patria de Manizales. López Escobar, conocido con el alias de "Guadas" fue vinculado como presunto coautor de homicidio agravado por la Fiscalía, quién indicó además que alias "Guadas" fue miembro del círculo de seguridad de Ferney Tapasco González. La investigación busca determinar si fue él, quien contactó a los sicarios que acabaron con la vida del comunicador. El Juzgado Segundo Penal de Florencia condenó a 40 años de cárcel a Esneider Mayorga Corrales, alcalde de Curillo, Caquetá por ser responsable del crimen del periodista Hernando Salas Rojas. Salas Rojas fue asesinado el 20 de mayo de 2009, cuando se encontraba con su esposa y su hijo en su residencia del barrio Las Palmas del citado municipio, hasta donde llegó Elber Parra Cuéllar y le disparó con una pistola automática, que después las autoridades le incautaron a Mayorga Corrales. En la misma sentencia fue condenado el sicario a 42 años de cárcel a Elber Parra Cuéllar, por ser el autor material de la muerte del comunicador. De acuerdo con la investigación conducida por un fiscal especializado, el crimen se perpetró porque Salas Rojas lideraba un movimiento de revocatoria del mandato de Mayorga, quien contrató a Parra para eliminar a su contradictor político. En este caso se encontró que el crimen no obedeció a razones del oficio. Claudia Ayola Escalón, columnista del diario El Universal de Cartagena (Bolívar) y de la revista Semana, recibió un correo electrónico en el que es amenazada de muerte. El 14 de octubre fue asesinado el comunicador de radio Pa´yumat del proyecto Tejido de Comunicación, Rodolfo Maya Aricape, quien además era el secretario del Cabildo indígena de López Adentro. De acuerdo con la información recibida, Maya Aricape se encontraba en su casa junto a su esposa y sus dos hijas cuando dos hombres armados le dispararon en varias oportunidades causándole la muerte. Aún no ha sido determinados los móviles de su asesinato. Por último, el periodista Fabio Ortiz Pabón, del noticiero “Habla Barranquilla” de la ciudad de Barranquilla, Departamento del Atlántico, fue agredido por agentes de la policía mientras cubría un debate sobre la lotería del Atlántico, en las instalaciones de la asamblea departamental.

Compartí

0