Las amenazas contra la libertad de expresión, que continuaron durante los últimos meses, se redoblaron a partir del 30 de septiembre, día en que la Policía Nacional y parte de la Fuerza Aérea se sublevaron contra el presidente Rafael Correa.
Ese día se ordenó a todos los medios de comunicación que suspendieran sus transmisiones y retransmitieran la cadena oficial ininterrumpida e indefinida, con lo cual los ciudadanos solo pudieron conocer la versión del régimen. Luego se quiso justificar esa decisión con el argumento de que entró en vigencia el estado de excepción, a pesar de que la cadena comenzó antes de que se expidiese dicho decreto y de que no se cumpliese con el requisito constitucional de precisar qué libertades se restringían.
Desde entonces, varios ciudadanos han sido intimidados o detenidos de manera ilegal expresar su desacuerdo con la tesis oficial del intento de golpe de Estado o por haber dicho que apoyaban el reclamo de los policías. A los acusados no se les ha garantizado el debido proceso.
Uno de los casos más graves es el del director del Hospital de la Policía, donde el Presidente se recluyó ese día. El Primer Mandatario lo acusó de participar del intento de asesinato en su contra casi un mes después de los acontecimientos y solo horas después de que el médico le dijese a CNN que nunca vio que nadie amenazase a Correa con un arma.
El Canciller ha dicho que el Gobierno desgraciadamente no controla todos los medios de comunicación, lo que hace suponer que podría acelerarse la aprobación del proyecto de Ley de Comunicación del régimen. Su trámite quedó en suspenso luego de una carta que envió en julio la Relatora para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que expresó su preocupación por las disposiciones que en dicho texto legal se pretende incluir. El 29 de octubre la Comisión anunció que una delegación del organismo viajará en enero a Ecuador, antes de que la Asamblea Nacional apruebe el proyecto para seguir de cerca el debate.
Otros hechos relevantes en orden cronológico:
El 25 de marzo, Rubén Montoya, director del diario incautado por el Gobierno El Telégrafo, fue destituido por mal manejo comercial y las pérdidas registradas" durante su gestión. Días más tarde renunciaron la subdirectora Carol Murillo y 21 columnistas de opinión, estos últimos mediante un manifiesto en el que denunciaron actos de censura y de violación de los derechos a la libertad de expresión y de prensa.
El 1 de mayo, el Presidente inició su enlace afirmando que los voceadores de periódicos son gente muy explotada y que son los periódicos los que deben pagar IVA y no los voceadores.
El 19 de mayo, Carlos Delgado, periodista de diario El Mercurio de Manta, fue hospitalizado un día después de que el comunicador denunció que fue agredido y encarcelado por varios policías, tras fotografiar a personas que eran detenidas en la playa.
En junio, durante todo el Mundial de Fútbol, el Gobierno difundió una campaña publicitaria agresiva contra los medios de comunicación mostrando imágenes de víboras y disparos de armas de fuego para representar el contenido de los noticiarios. Distintos sectores criticaron la campaña, pero el Presidente contestó: Estoy muy contento porque refleja bastante bien el sentir, esa ira que tenemos los ciudadanos al ver ciertos abusos de cierta prensa, no de toda Les están dando un poco de su propia medicina.
El 1 de julio, la comisión correspondiente de la Asamblea Nacional entregó el informe favorable de mayoría del proyecto de Ley de Comunicación. El siguiente paso deberá ser su aprobación en el pleno, trámite que se posterga indefinidamente.
Días más tarde, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero, envió una carta al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, en la que critica la reacción ambigua de varios artículos del proyecto que podrían servir para dar un poder discrecional a las autoridades de control sobre el sistema de comunicación. La relatora critica, asimismo, que se pretenda imponer el título universitario como condición para ejercer el periodismo y la conformación de un Consejo de Comunicación,
Human Rights Watch, en otra carta, expresó preocupaciones similares.
El 4 de julio, cada uno de los diarios El Comercio, El Universo, Expreso, Hoy, El Diario de Manabí, entre otros, dirigieron cartas al secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, solicitándole que diga cuáles son los medios ladrones y que fomentan la violencia de los que se habla en la campaña propagandística que transmitió el Gobierno durante el Mundial de Fútbol. Alvarado negó esa información.
El 12 de agosto, la Junta Bancaria modificó la disposición constitucional que prohíbe que personas vinculadas al sector financiero mantengan al mismo tiempo acciones de un medio de comunicación. Para eso, la Junta amplió dicha prohibición a los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de los accionistas, miembros del directorio, representantes legales y apoderados de cualquier institución bancaria. Al mismo tiempo, autorizó que la participación en la propiedad de un medio pueda existir siempre y cuando sea inferior al 25% del capital.
Más adelante, la Asamblea Nacional amenazó con investigar dicha resolución. La Junta Bancaria, entonces, cambió de postura. Ahora los accionistas y representantes de los bancos, sus cónyuges y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad no podrán tener ninguna participación en la propiedad de un medio de comunicación.
El 20 de agosto se dictó orden de prisión en contra de Juan Alcívar, corresponsal del diario La Hora en La Concordia, a quien la Fiscalía acusó de terrorismo porque supuestamente lanzó una bomba lacrimógena durante un mitin del presidente Correa. Para la emisión de esta orden de prisión fue decisiva la declaración de un funcionario del Municipio de La Concordia, cuyo Alcalde había criticado duramente a Alcívar en los últimos meses por su labor periodística. Alcívar pasó a la clandestinidad aduciendo que no existían las garantías de un juicio justo. El 13 de septiembre se sustituyó la orden de prisión preventiva por la obligación de acudir cada quince días al juzgado.
El 27 de agosto, el periodista Jorge Ortiz, de Teleamazonas, hizo su última aparición en su programa de televisión. Explicó que ha resuelto dar un paso al costado para no ser un obstáculo en la venta del canal. Teleamazonas debió cambiar de propietarios, porque la nueva Constitución prohíbe que los banqueros tengan acciones en medios.
El 31 de agosto, el periodista Juan Carlos Calderón, coautor con Cristian Zurita del libro El Gran Hermano, informó que un funcionario de la Fiscalía le solicitó por teléfono su dirección y la de su compañero para enviarles una notificación. El libro El Gran hermano relata los contratos que el Gobierno tuvo con Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República.
El 6 de septiembre, el Gobierno sumó otro medio más en su poder con el matutino PP El Verdadero. Todos a comprar El Verdadero y empezar a derrotar a estas empresas lucrativas que dicen que hacen comunicación y en verdad solo defienden sus propios negocios e intereses, dijo el presidente Rafael Correa días antes de su lanzamiento.
El 10 de septiembre, el juez Tercero de Garantías Penales de Loja, Humberto Aguilera, ordenó el bloqueo y embargo de la cuenta bancaria del periodista Freddy Aponte, acusado por el ex alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, de supuesta injuria calumniosa.
El 17 de septiembre, la ministra de Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte, pidió que se impida la distribución del libro El Gran Hermano, en el que se la mencionó, y se recuperen los ejemplares que ya se hayan vendido.
El 30 de septiembre, cerca del mediodí¬a, todos los medios privados de radio y televisión son obligados a unirse a la cadena "ininterrumpida" que encabezan el canal Ecuador TV y la Radio Pública. No se unen a la cadena Radio La Luna, propiedad de Paco Velasco, asambleísta de Gobierno, y la Radio Municipal de Quito, dependiente del Alcalde de filiación gubernamental. Ambas emisoras mantienen una programación afí¬n con el contenido de la cadena.
Más tarde, el Gobierno pretende justificarse con el argumento de que habí¬a entrado en vigencia el estado de excepción, a pesar de que el decreto correspondiente fue expedido luego de la orden a los medios de cesar sus transmisiones y de que no se cumplió con el requisito constitucional de precisar qué libertades quedarán restringidas.
Al caer la tarde del mismo 30 de septiembre, un grupo de personas ingresa violentamente al set de Ecuador TV para exigir que se permita a sectores no gobiernistas que expresen su punto de vista sobre lo que está ocurriendo.
Ya al anochecer, Ecuavisa y Teleamazonas abandonan la cadena para difundir las imágenes de la incursión armada en el Hospital de la Policí¬a donde está¡ el Presidente de la República.
La organización Fundamedios registra 22 agresiones a periodistas de medios públicos y privados, en Quito y en otras ciudades, en el transcurso del 30 de septiembre. En algunos casos, los policí¬as sublevados obligaron a los periodistas a entregar el contenido de sus cámaras de fotografía o televisión. El caso más grave fue el de Antonio Narváez, camarógrafo de Ecuavisa, quien recibió el impacto de una bala de goma.
Ecuavisa denunció también que un grupo de policías intentó cortar la transmisión del canal agrediendo a su personal en las antenas ubicadas en las faldas del volcán Pichincha, en Quito. Una denuncia similar hizo el canal estatal Ecuador TV.
El 5 de octubre, diario Hoy de Quito recibe por escrito la información de que por orden de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia existe prohibición gubernamental para todas las empresas públicas y entidades de Gobierno de anunciar ese diario. Hoy mencionó que desde hace más de un año soporta esta prohibición.
El 12 de octubre, Andrea Romero, reportera de Teleamazonas, fue agredida por una persona desconocida mientras cubría un operativo policial en un mercado de la ciudad de Quito.
El 15 de octubre, varios asambleístas de oposición presentaron un recurso de protección contra el Presidente de la República, el Secretario de la Administración Pública y el Secretario de Comunicación, con motivo de la cadena de radio y televisión indefinida e ininterrumpida del 30 de septiembre. La jueza Tercera de Garantías Penales, Gladys Terán, rechaza la acción de protección el 28 de octubre.
El 16 de octubre, el presidente del Banco Pichincha, Fidel Egas, informó que la propiedad de Teleamazonas y Dinediciones (casa editorial de las revistas Mundo Diners, Fucsia, Soho y Gestión) se distribuirá entre varios trabajadores y empleados del canal, un grupo de amigos suyos y el grupo que edita diario La República de Perú. Tres días después, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, afirmó que el traspaso de las acciones de Teleamazonas podría ser un caso de testaferrismo, por lo que se investigará la operación.
El 18 de octubre, simpatizantes del Gobierno intimidan a Félix Narváez y el equipo periodístico de Ecuavisa que cubría los incidentes entre familiares de los policías sublevados y simpatizantes del Gobierno frente al Palacio de Carondelet.
El 21 de octubre, Ricardo Patiño, canciller del Ecuador y secretario ejecutivo del partido de Gobierno, al ser consultado sobre los motivos de la cadena del 30 de septiembre, expresó: Tontos no somos para permitirles a los medios que estén atacándonos, aunque desgraciadamente no tenemos el control de los medios". Más tarde agregó que las víctimas de la rebelión del 30 de septiembre, 10 muertos y más de 200 heridos, es normal que se produzcan en un proceso revolucionario como el que tratan de impulsar.
El 23 de octubre, el presidente Correa ordenó que se cancele y enjuicie al director del Hospital de la Policía Nacional, coronel César Carrión, por haber declarado en una entrevista con CNN que no vio a nadie amenazando con un arma al Primer Mandatario el 30 de septiembre. Más tarde, el Presidente lo acusó de que ese día Carrión cerró las puertas del hospital con un candado para impedirle el ingreso. A los pocos días, el 27 de octubre, el coronel fue apresado bajo el cargo de tentativa de asesinato contra el Presidente. Actualmente cumple una orden de prisión de 90 días mientras es investigado.
El 25 de octubre, la Presidencia informó que no incluirá en su página web los nombres, viáticos recibidos y otros datos de funcionarios del Gobierno por razones de seguridad, lo que claramente viola la Ley de Libre Acceso a la Información vigente.
El 29 de Octubre, representantes de Fundamedios y de la AEDEP (Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos) son recibidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que expongan sus observaciones al proyecto de Ley de Comunicación y las denuncias de ataques contra periodistas y medios de comunicación. Una delegación de organismos del Estado (Gobierno, Asamblea Nacional, Procuraduría) expone también sus argumentos. La CIDH recordó que Ecuador se ha comprometido a despenalizar los delitos relacionados con la libertad de expresión, pero el representante de la Asamblea Nacional reconoció que no se avanzó en el tema. Al culminar el diálogo, la Comisión solicitó más información sobre la agresión a periodistas y acordó que una delegación del organismo viaje a Ecuador en enero antes de que se apruebe el proyecto para seguir de cerca el debate.
