Estados Unidos

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Las organizaciones de noticias siguen luchando en condiciones económicas sumamente difíciles e impredecibles. Hay gran cantidad de datos angustiantes, pero una cifra parece especialmente impactante: desde el año 2000 los ingresos de los periódicos por concepto de anuncios clasificados han disminuido de casi $ 20 millones a $6 mil millones en el 2009. Otros números son igualmente inquietantes: los ingresos totales de publicidad impresa se redujeron en casi la mitad desde el 2005 hasta el 2009, de casi $50 mil millones a $26 mil millones. Cerca de 41.000 puestos de trabajo relacionados con el periodismo se han perdido sólo en los últimos dos años. La circulación pagada continúa disminuyendo: 5 por ciento en el más reciente período de notificación. La firma de contabilidad PricewaterhouseCoopers prevé que habrá un período difícil para los periódicos de EE.UU. Hasta el año 2012 predice otra caída del 19 por ciento de los ingresos de publicidad impresa y una caída del 9 por ciento en los ingresos por circulación. Un punto positivo es el crecimiento de los ingresos por publicidad digital, aunque es un pequeño pedazo del pastel. La publicidad digital creció fuertemente desde el 2005 hasta el 2009, pero se reducirá hasta el 2011, de acuerdo con la firma de contabilidad. Aun así, ésta representa sólo alrededor del 11 por ciento de los ingresos totales de publicidad hasta el 2014. Es contra este telón de fondo que muchas grandes empresas de medios de comunicación están luchando para sobrevivir. La más grande, Tribune Company –con sede en Chicago, poseedora de diarios en Los Ángeles, Orlando, Fort Lauderdale y Baltimore y 23 estaciones de televisión–, anunció a finales de octubre que había presentado un plan de reorganización para resolver reclamaciones a fin de reducir su deuda y transferir la propiedad de la empresa a sus principales acreedores. En total, nueve compañías de periódicos como Tribune han solicitado la protección por bancarrota, debido principalmente a las obligaciones de la deuda. Entre éstas se encuentran Freedom Communications, Philadelphia Newspapers Co., MediaNewsGroup, Morris Communications y Minneapolis Star Tribune. A finales de octubre, Associated Press, la mayor organización mundial de noticias, anunció que congelaba las pensiones de los empleados a quienes aún se les garantiza un beneficio mensual cuando se jubilen. Las futuras contribuciones de jubilación tanto de los empleados actuales como de los nuevos, irán a un nuevo plan que les otorgará un mayor papel en la planificación de su pensión, pero no garantiza una cantidad específica de dinero basada en años de servicio. Otros temas de interés y de la libertad de prensa en Estados Unidos en los últimos meses: El tiempo se agota para la adopción de una ley federal escudo por el Congreso de EEUU. Durante tres años, la ley escudo, formalmente llamada Ley de Libre Flujo de Información, ha avanzado a través del proceso legislativo. Fue aprobada por la Cámara, pero continúa languideciendo en el Senado. Si no se aprueba antes de fines de este año, deberá regresar al punto de partida cuando el nuevo Congreso se reúna en enero. Más de 70 grupos de medios continúan presionando para la adopción de la ley que protege a los periodistas de la obligación de identificar fuentes confidenciales en casos federales. Una nueva ley, la Ley de Libertad de Prensa Daniel Pearl, rinde honores al reportero de The Wall Street Journal asesinado en Pakistán hace ocho años. La legislación alienta al Departamento de Estado a que identifique a los países que censuran los periodistas y los somete a agresiones físicas y encarcelamiento. También encarga al Departamento de Estado que determine si los gobiernos extranjeros toleran el maltrato a los periodistas. A finales de octubre, un tribunal federal de apelaciones de Atlanta escuchó los argumentos de los abogados de cuatro niñas de entre 13 y 17 años que aparecían en videos de fiestas de playa Girls Gone Wild. Ellos demandaron a los productores de los videos y querían que declararan de forma anónima en un tribunal cerrado. Un tribunal de primera instancia rechazó su petición después de que grupos de prensa argumentaron que los tribunales abiertos y los juicios públicos se encuentran en el corazón del derecho de la Primera Enmienda al acceso público a los tribunales. Al director de un sitio de noticias en línea en México, Jorge Luis Aguirre, se le concedió asilo en EEUU a raíz de las alegaciones de amenazas de muerte de carteles de la droga. Se cree que es la primera vez que se concede una petición y que podría abrir la puerta para otros periodistas mexicanos que cubren la guerra contra las drogas. Aguirre huyó a El Paso en el 2008 y ha vivido allí desde entonces. Un editorial de septiembre de The New York Times fustigó a los gobiernos de EEUU y de México por no proteger a los periodistas y a los funcionarios públicos. El editorial señaló que el gobierno mexicano “necesita hacer más para investigar y enjuiciar enérgicamente la violencia contra la prensa ... y hacer más para proteger a jueces, alcaldes, funcionarios civiles, defensores de los derechos humanos y la policía ...". Y agregó: “Estados Unidos tiene también una clara responsabilidad en el control de las armas y el dinero que permiten a los carteles expandir este reinado de terror. Lo que está en riesgo aquí es nada menos que la supervivencia de la democracia en México”. Resulta preocupante para muchos periodistas la posición del Departamento de Justicia de Obama de perseguir a los que filtran información clasificada. Según la revista Editor and Publisher, el gobierno de Obama ha procesado a más sospechosos por filtración de información clasificada que cualquier otro presidente en la historia. Entre otros, el reportero de The New York Times, James Risen, ha sido citado por el Departamento de Justicia para que revele cómo obtuvo supuesta información clasificada para su libro sobre la Agencia Central de Inteligencia . En abril, el sitio web Wikileaks divulgó un video sobre el ataque de un helicóptero estadounidense hace tres años en Bagdad que costó la vida a varias personas, incluyendo a un fotógrafo de Reuters y su chofer. Reuters presentó una solicitud basada en la Ley de Libre Acceso a la Información para revisar el video después del ataque, pero nunca le fue concedida. La organización Reporteros sin Fronteras consideró que al no acceder a la petición, el gobierno de Obama estaría ignorando una vez más sus promesas de mayor transparencia y responsabilidad. Sería un golpe a la libertad de prensa y al principio que no le corresponde al gobierno el definir lo que es noticia. (En octubre Wikileaks difundió 400.000 páginas de información clasificada sobre la guerra en Afganistán, después de otra difusión similar ocurrida en julio, lo cual provocó las objeciones de portavoces de varios gobiernos, incluyendo Estados Unidos). El London Telegraph informó, y el Pentágono confirmó, de que en septiembre el Pentágono compró 10,000 copias de un libro a fin de destruirlo. El libro –Operation Dark Heart, del teniente coronel Anthony Shaffer– trata de su etapa como oficial de inteligencia del Ejército en Afganistán. El libro había sido autorizado previamente por los superiores de Shaffer. Observadores de la industria siguen de cerca los planes de The Boston Globe y The New York Times para empezar a cobrar por el acceso a sus sitios web el próximo año. Los detalles son aún vagos, pero sigue siendo un tema muy debatido entre los ejecutivos de medios de EEUU la exigencia de que los lectores paguen por el acceso al contenido de noticias en línea. The Times tiene previsto lanzar su nuevo sistema en enero, mientras que The Globe lo hará más adelante el próximo año. El juicio a tres hombres acusados de asesinar al editor del Oakland Press, Chauncey Bailey, está programado para comenzar este mes. Los individuos están acusados de matar hace tres años al editor de California para que dejara de escribir un artículo de investigación acerca de su empresa familiar. Defensores del libre acceso y uso al internet se mantienen a la expectativa en torno a la discusión de una nueva iniciativa de ley patrocinada por los senadores Leahy y Hatch que requeriría el bloqueo de los dominios de internet en servidores ubicados dentro de Estados Unidos y, a los proveedores de servicio de internet , la expulsión de direcciones de sitios web que infrinjan derechos de autor o patentes. El gobierno de Obama también está considerando el requerir a los servicios de internet que modifiquen sus programas para pemitir a agencias gubernamentales la intercepción de comunicaciones de los usuarios. Preocupa que acciones como esa puedan desmantelar de “un solo internet” y entregar a los gobiernos vía libre para conducir labores de vigilancia de la comunicación a través de la red.

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