La crisis de la institucionalidad, el desmantelamiento del estado de derecho y el atropello a la norma de la separación e independencia de los poderes del Estado, se han seguido agravando en una forma dramática, amenazando los fundamentos de la democracia representativa, todo en aras de conseguir la reelección inconstitucional del presidente Daniel Ortega.
Parte del atropello del gobierno al estado de derecho ha sido la destitución sin el debido proceso de varios alcaldes, de los pocos que no fueron víctimas del fraude de las elecciones de Noviembre de 2008. Y a otros alcaldes los ha convencido de abandonar sus partidos para cooperar con el Frente Sandinista.
El gobierno está usando al Ministerio del trabajo (MITRAB) y al Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS) para intimidar a las empresas privadas mediante constantes inspecciones y auditorias. El diario La Prensa es una de las víctimas de esta intimidación, de septiembre de 2009 a la fecha, el Ministerio del Trabajo ha hecho cinco inspecciones y auditorías y el Seguro Social (INSS) ha realizado cuatro.
La Prensa decidió rescindir los contratos de seis repartidores de suscripciones para mejorar sus servicios a los clientes, lo que provocó que otros 17 contratistas de distribución boicotearan la salida de los periódicos, por lo que se procedió a suspender el contrato comercial que se tenía con esas personas. El Ministerio de Trabajo, por medio de una resolución ordenó reintegrar como trabajadores a los 23 repartidores que prestaban ese servicio como contratistas, a los que se les rescindió su contrato el 12 de agosto por haber bloqueado 23 rutas de distribución de diario afectando a 3,500 suscriptores y lectores en Managua. La resolución afecta la libertad de prensa al quitarle autonomía e independencia al diario y viola la libre contratación garantizada por la Constitución.
La ministra del Trabajo, Jeannette Chávez, acusó a La Prensa de haber despedido de forma masiva e ilegal a 23 personas, algunas de las cuales serían miembros de un supuesto sindicato de trabajadores del diario, del cual no se tenía noticia en la empresa. La ministra amenazó que de no ser cumplida la medida, el MITRAB impondría multas al periódico.
Directivos de La Prensa comenzaron su defensa formal ante las autoridades laborales, sosteniendo que los 23 repartidores no eran parte de su plantilla de trabajadores, que por ello no existe un sindicato de trabajadores del diario y que tenían pruebas de que estos repartidores trabajaban en otras empresas después de repartir por solo tres horas el periódico, y que por estas razones la empresa debió contratar nuevos distribuidores para garantizar la circulación del diario.
La Prensa interpuso un Recurso Extraordinario en lo Contencioso Administrativo, en la Corte Suprema de Justicia, en contra de las resoluciones del MITRAB. En los Juzgados de Managua, donde los repartidores interpusieron una demanda laboral el diario introdujo un escrito de falta de competencia por no ser este un juicio de orden laboral sino de orden civil.
Grupos de choque orteguistas liderados por sindicalistas oficialistas del FSLN, se plantaron frente al portón de las instalaciones de La Prensa, apoyados con morteros y con altoparlantes, para exigir el reintegro a los repartidores de periódico.
Los radio periódicos se están acabando poco a poco; sin embargo, mientras un grupo de radios lucha por sobrevivir las emisoras oficialistas gozan de inversiones millonarias y sus programas se transmiten llenos de anuncios oficiales. En Managua se registró el cierre de casi veinte radio noticieros y en el interior del país la situación es aún más asfixiante, ya que ningún funcionario del gobierno tiene autonomía para otorgar publicidad y la empresa privada ha venido disminuyendo la pauta.
Las radios y televisoras siguen siendo neutralizados o comprados por personas vinculadas al gobierno y la diversidad noticiosa es cada vez menor. Mientras tanto la propaganda para la reelección de Ortega inunda las ciudades con rótulos descomunales. La Ley Electoral prohíbe este tipo de propagada antes de la campaña política, pero a pesar de eso se hace directamente poniendo en las pancartas el retrato de Ortega, las siglas del partido y el número de la casilla electoral del FSLN.
La retórica del presidente Ortega en contra de los medios independiente ha disminuido al acercase el período electoral. En una entrevista a finales de agosto con el Canal RT de televisión de Rusia, el presidente dijo que mantiene una lucha en contra de los medios de comunicación, que el enemigo lo tiene y es poderoso, sin embargo celebró que es una herramienta que también nosotros tenemos a nuestra disposición.
Ha habido una apertura muy reducida de la información oficial sobre la epidemia de Leptospirosis, que ha cobrado la vida de 16 personas, en comparación con la anula información brindada por el gobierno para la epidemia del virus H1N1 que azotó al país el año pasado.
El embargo informativo oficial a los medios de comunicación sigue prevaleciendo. Siempre persiste el boicot a los medios independientes. En la juramentación del ex vicepresidente liberal Alfredo Gómez Urcuyo, como diputado en la Asamblea Nacional, las autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE) boicotearon el trabajo de la prensa nacional al impedir que periodistas de medios independientes dieran cobertura al acto de juramentación.
Al acto ingresaron solo a periodistas que laboran para medios afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como la Nueva Radio Ya, Canal 4 y Canal 8. Cuando los periodistas de medios independientes intentaron ingresar, los guardas de seguridad le cerraron los portones y afirmaron que tenían órdenes de no dejarles entrar. Entre los medios que no lograron ingresar están La Prensa, El Nuevo Diario, Canal 2, Canal 11 y Radio Corporación.
Lo mismo sucedió el 28 de octubre, cuando el Consejo Supremo Electoral convocó a elecciones generales Presidenciales y de la Asamblea Nacional para Noviembre del 2011 sin invitar a los medios independientes, los que a pesar de haberse hecho presentes al acto no fueron permitidos entrar al local.
