Puerto Rico

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El problema de libertad de prensa más relevante en este periodo marzo-octubre lo constituyó la prohibición a periodistas y fotoperiodistas de entrar al Hemiciclo del Senado, impidiéndoseles cubrir para sus medios procesos legislativos. Se trató de una orden contra los periodistas el 25 de junio dada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, luego que la noche anterior prohibiera la entrada a los fotoperiodistas. Sin la presencia de público y periodistas, el Senado aprobó el presupuesto gubernamental 2010-2011, que ya había sido aprobado por la Cámara de Representantes y que contenía varias disposiciones altamente controvertibles. En síntesis, se coartó la libertad de prensa para lograr el propósito de legislar en la oscuridad. Esta restricción a la prensa fue un episodio culminante en una cadena de otros atropellos verbales; pero no fue la única de la saga, toda vez que desde octubre del 2009 en el mismo Senado se mantenía vedado el acceso del público. El Centro para la Libertad de Prensa, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, el Club Ultramarino de Prensa (OPC por sus siglas en inglés) y los distintos medios y sectores periodísticos, sociales y de la oposición política denunciaron este acto de censura. Aunque cinco días después el presidente senatorial cedió a la presión pública, siguió condicionado el acceso al Hemiciclo. Los periodistas recibieron una carta del Presidente del Senado en la que “ordenaba” cómo se podía realizar el trabajo periodístico. Informaba, entre otras cosas, que los periodistas debían estar acreditados y mostrar su credencial en todo momento mientras cubren el Senado, algo que es usual entre los periodistas y fotoperiodistas. El 30 de junio, organizaciones estudiantiles, sindicales y feministas, llegaron en protesta ante el edificio del Capitolio y fueron recibidos con golpes y ataques por parte de la Policía. Las escenas fueron captadas y difundidas por los medios de comunicación, y generaron otra ola de indignación. Sin embargo, no se han radicado acusaciones contra los policías, ni se han dado a conocer los resultados de las investigaciones de los sucesos. El 7 de octubre, un caso grave con el que la justicia federal, en forma acomodaticia, arrastra los pies es el de la demanda por agresión incoada en 2006 por un grupo de periodistas contra agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Este caso volvió a verse en el Tribunal Federal de Apelaciones de Boston, en una vista argumentativa como parte de una segunda apelación, en la que los demandantes, entre estos la ASPPRO y el OPC , apelaron una determinación del 13 agosto de 2009 del Juez Presidente de la Corte Federal en Puerto Rico, José Fusté, quien desestimó la demanda al acoger los planteamientos del FBI de que no fue irrazonable la agresión a los periodistas por parte de los agentes. La agresión se remonta a febrero de 2006 y todavía las cortes siguen legitimando dicha agresión. El 15 de septiembre, un acto de censura se produjo en la Comisión Estatal de Elecciones, cuando su presidente Héctor Conty Pérez ordenó la remoción de varias piezas que formaban parte de una exposición de caricaturas, auspiciada por la Asociación de Caricaturistas de Puerto Rico. El argumento fue que la comisión tenía que “defender” su “idiosincrasia” de neutralidad, que consiste supuestamente en no permitir en sus instalaciones imágenes de “políticos actuales”, aunque en realidad se trató de evitar caricaturas sobre algún político de partido de gobierno.

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