Uruguay

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La libertad de prensa y el ejercicio libre del periodismo fueron, en general, la tónica del último semestre, aunque algunos anuncios de integrantes del gobernante Frente Amplio y cierta confusión en cuanto a la posición real del presidente José Mujica en torno a estos temas, contribuyeron a generar un ambiente de incertidumbre sobre el rumbo que seguirá el gobierno. El presidente Mujica, declaró sin ambages que “no hay mejor ley de prensa que la que no existe” pero luego de recibir críticas desde el Frente Amplio, advirtió que había dicho eso en tono de “sorna”. Otro día reconoció la “noble tarea” que atribuyó a la prensa en una democracia, pero después sostuvo que la prensa es “un mal”, aunque “necesario”. Mientras la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) avanza en la preparación de una nueva “ley de medios” para regular las actividades de las emisoras de radio y televisión, los operadores privados comenzaron a exhibir signos de inquietud por la posible afectación a la libertad de expresión que esa proyectada norma pueda acarrear. El vicepresidente de la República, Danilo Astori, admitió tener “mucho miedo” respecto a cualquier regulación en la materia. Gobernantes y parlamentarios del oficialismo protagonizaron ataques verbales aislados contra diversos medios de prensa durante el período. En materia judicial, los Tribunales de Apelaciones dispusieron la revocación de una sentencia de primera instancia contra un periodista adoptando la nueva legislación vigente en el país que respeta la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la clausura de una millonaria demanda civil contra un medio de comunicación presentada por un ex senador del partido de gobierno con el propósito de provocar su clausura por asfixia económica. Al mismo tiempo, en un fallo insólito, una fiscal pidió la requisa de todos los ejemplares de un libro publicado por un periodista al entender que contiene una frase que daña el honor de un ex parlamentario oficialista. En general, el Estado mantuvo una conducta correcta en cuanto al manejo de fondos públicos en relación a la prensa, aunque hubo protestas por un caso en el que la empresa estatal de electricidad benefició ilegalmente durante tres años a un grupo de medios oficialista en perjuicio de todos los demás. El derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública, obligación legal para el Estado desde el 2008, continúa siendo deficitario, por más que el Poder Ejecutivo forzó a la Suprema Corte de Justicia, que consideraba “confidenciales” todos los trámites judiciales, a liberar la información sobre lo que hacen los jueces. El 20 de marzo, el secuestro de un empresario y la posterior cobertura periodística de ese hecho por parte de la prensa, desató una polémica entre el gobierno y medios de comunicación y periodistas. Los secuestradores mantuvieron en cautiverio al empresario Ignacio Rospide y exigieron dos millones de dólares a su familia por su rescate. A las 36 horas, y sabiéndose rodeados por la Policía, los secuestradores liberaron a Rospide sano y salvo, sin haber recibido un solo centavo. Pero mientras el secuestro tenía lugar y los familiares y policías negociaban con los captores, un canal de TV difundió la identidad del empresario y aportó información sobre lo que estaba ocurriendo. Otros medios se hicieron eco de la noticia de inmediato. Esto enfureció al ministro de Interior, Eduardo Bonomi, quien calificó como “irresponsable” la divulgación de la noticia porque -dijo- puso en riesgo la vida del empresario. Gerardo Sotelo, un reportero radial, mantuvo una polémica al aire con el ministro recordando que el deber de los periodistas es diseminar información en lugar de aceptar el silencio o dejar que circulen los rumores. A raíz de la polémica pública, el Ministerio del Interior convocó a los directores de todos los medios, pidió un “tiempo de silencio informativo” mientras se desarrollan los operativos policiales y sugirió la elaboración de un protocolo entre el gobierno y la prensa para manejar este tipo de casos extremos. La discusión motivó paneles de debates con expertos de comunicación. El 3 de mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó un acuerdo entre el periodista Carlos Dogliani y el Estado y cerró un caso que derivó en modificaciones sustantivas a favor de la libertad de expresión en la legislación uruguaya. Dogliani había sido condenado a cinco meses de prisión en suspenso a raíz de haber escrito en marzo y abril de 2004 dos artículos críticos sobre la gestión del intendente (gobernador) de Paysandú (380 km al noroeste de Montevideo). El intendente, Alvaro Lamas, promovió un juicio por “difamación” e “injurias” contra Dogliani. Luego de varias instancias judiciales, Dogliani fue condenado a cinco meses de prisión (en suspenso) en agosto de 2006 por la Suprema Corte de Justicia, que le imputó los delitos mencionados. En febrero de 2007, Dogliani presentó una denuncia contra el Estado ante la CIDH por haber violado su libertad de expresión. La CIDH acogió el caso y remitió la petición al Estado. Pero el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez dijo que estaba dispuesto a llegar a una “solución amistosa” para evitar una condena de la Corte Interamericana. Entonces, una comisión impulsada por organismos de la sociedad civil —integrada, además, por delegados gubernamentales— comenzó a trabajar en un proyecto para cambiar disposiciones de la ley uruguaya que criminalizaban el ejercicio del periodismo en el país. Luego de intensas negociaciones, el Poder Ejecutivo promulgó en junio de 2009 una ley que modificó la antigua “ley de prensa”, despenalizando los delitos de “difamación” e “injurias”, derogando un delito que habilitaba castigos penales para los periodistas que “atentaran contra el honor” de un jefe de Estado extranjero, limitando a su mínima expresión el delito de “desacato” contra funcionarios públicos, introduciendo la doctrina de la “real malicia” para los juicios contra periodistas y ordenando a los jueces a seguir la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la materia. El 29 de mayo, el presidente Mujica dijo durante un congreso de empresarios agropecuarios que en la prensa uruguaya “hay una fábrica de noticias”, involucrando en ella específicamente a informaciones publicadas en los diarios El País y El Observador, que se habían basado en expresiones del propio jefe de Estado. “Vamos a reírnos un poco en barra” invitó el presidente a los ruralistas, antes de lanzar sus críticas contra la prensa. Dos días después, el diario oficialista La República atacó a los demás medios en un editorial y reclamó al gobierno disponer limitaciones para el ejercicio del periodismo libre. El 15 de junio, el jefe de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Gustavo Gómez, anunció que el gobierno promoverá un debate público para modificar la ley de radiodifusión, aunque advirtió que la iniciativa “no tiene como objetivo regular los contenidos de los medios de comunicación”. Gómez anunció dos leyes: una sobre medios audiovisuales y otra sobre telecomunicaciones. A lo largo del semestre, la preparación del proyecto de ley de radio y televisión (conocido como “ley de medios”) levantó crecientes protestas entre las radios y las emisoras privadas de TV, que advirtieron contra la posibilidad de que el Estado utilice la nueva norma para presionarlos con adjudicaciones o retiros de licencias, controles y sanciones. Además existe otro proyecto presentado en el Parlamento durante la anterior administración de Tabaré Vázquez, que determinaría la intervención del Estado en los contenidos de los medios audiovisuales, obligándoles a mantener porcentajes definidos de programación de origen nacional. El 23 de octubre, el diario Ultimas Noticias difundió un documento del gobernante Movimiento de Participación Popular (MPP, sector que lideró, hasta su elección en 2009, el presidente Mujica) en el cual se propone como modelo de “ley de medios” la aprobada por el gobierno de Cristina Fernández en Argentina. Según el documento, que será discutido durante un congreso del MPP previsto para diciembre, la “ley de medios” argentina “logró el objetivo, muy a pesar de los poderosos que todo lo manejaban con total impunidad”. El informe llamó al gobierno a prepararse para confrontar con “lobbies muy importantes” y “gente sin escrúpulos capaz de todo por seguir manteniendo esa gran porción de poder que surge de la tenencia y utilización impune de los medios”. El 1 de julio, el Partido Comunista del Uruguay (PCU) acusó al semanario Búsqueda de incurrir en una “tergiversación” y un “montaje” en un supuesto intento destinado a aislar a esa fuerza política “para que todos salgan a pegarle”. El periódico había difundido un documento interno del PCU, uno de los sectores que integran el gobierno del presidente Mujica, en el que este partido criticó duramente la orientación económica de la actual administración y donde su secretario general, el senador Eduardo Lorier, reclamó una política económica “alternativa”. Los cuestionamientos a Búsqueda surgieron después de que los principales dirigentes comunistas mantuvieran reuniones con el presidente Mujica, el vicepresidente Danilo Astori, y el ministro de Economía, Fernando Lorenzo. El 2 de julio, por primera vez un Tribunal de Apelaciones revocó una sentencia de primera instancia contra un periodista por el delito de “difamación”, apelando a la doctrina de la “real malicia”, incorporada al derecho positivo uruguayo en junio de 2009. El fallo del Tribunal, dejó sin efecto una condena de primera instancia que castigaba con cinco meses de prisión (en suspenso) al periodista Ricardo Morales, director del semanario Tres Puntos que se edita en Paysandú (380 km al noroeste de Montevideo). En enero de 2009, Tres Puntos informó que dos policías habían sido arrestados luego de intentar ingresar al Uruguay un cargamento de cocaína procedente de Argentina y mencionó además al subcomisario Ricardo Coelho como vinculado a la maniobra. Coelho presentó una demanda contra el periódico por el delito de “difamación” y en marzo de 2010 la jueza local Blanca Riero condenó al periodista Morales. Pero el Tribunal revocó la sentencia de la jueza Riero advirtiendo que, de acuerdo con la nueva legislación sobre libertad de expresión vigente en Uruguay, “la potencialidad lesiva de las expresiones públicas contra un funcionario público por actos de su función, por sí no pueden coartar la libertad de prensa; no existiría dicha libertad si la prensa se viera inhibida de publicar noticias que afecten el honor del funcionario público”. El 22 de julio, el semanario Búsqueda difundió un “informe reservado” que había sido preparado en 2008 por el anterior responsable de prensa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Juan Angel Fernández, destinado a orientar “el manejo cotidiano” con la prensa de las jerarquías de esa Secretaría de Estado. El informe categorizó en “confiables” o “no confiables” a 21 medios de comunicación y a 34 periodistas de todo el país y aconsejó a las autoridades ministeriales a quiénes debían proporcionar información y a quiénes no. También relacionó el “espíritu crítico” de algunos medios con el “rechazo” del Ministerio a contratar publicidad oficial en ellos e informó sobre los antecedentes político-ideológicos de diversos profesionales, al estilo de los antiguos reportes que eran frecuentes durante la dictadura militar (1973-1985). Fernández, que ejercía como director de Comunicaciones Institucionales del MGAP, dejó el documento a su sucesora en el Ministerio, la gerenta de Asesoría en Comunicaciones, Lucía Giambruno Sánchez. El 2 de agosto, una fiscal penal reclamó en una sentencia la requisa de todos los ejemplares de un libro escrito por un periodista a propósito del papel que le cupo al Partido Comunista de Uruguay durante la dictadura militar (1973/1985). La fiscal, Ana María Tellechea, planteó al juez Rolando Vomero que ordenara el secuestro de todos los ejemplares del libro “Secretos del Partido Comunista”, del periodista Alvaro Alfonso, porque entendió que su venta implica “la continua perpetuación del delito”. La fiscal pidió una condena de 24 meses de prisión (excarcelables) para el reportero, acusándolo por el delito de “difamación” al considerar que actuó “con malicia temeraria” luego de haber escrito en la obra que Carlos Tutzó, un ex parlamentario comunista de Montevideo, “colaboró” con los militares durante la dictadura. El periodista basó ese dato en fuentes militares y, al consultar a fuentes comunistas, recibió la información que en ese partido “hay dudas” sobre la conducta de Tutzó. La fiscal reclamó al juez Vomero que “ordene la requisa de todos los libros publicados que contengan la alusión difamatoria”. El 4 de agosto, la Embajada de Ecuador cuestionó al diario El País de Montevideo, por haber éste criticado en un editorial la ley de comunicación que impulsaba el régimen del presidente Rafael Correa. El encargado de negocios de Ecuador, René Fernández, dijo que el editorial del periódico uruguayo “dañó la imagen del gobierno ecuatoriano”, y negó que el gobierno de Correa impulse la colegiatura profesional obligatoria, que el Poder Ejecutivo controle el Consejo de Comunicación e Información creado en la ley y que prevea algún tipo de censura previa. El País respondió que la colegiatura profesional forma parte del proyecto, ratificó que el gobierno controlaría el Consejo y dijo que la ley establece que la censura previa se prohíbe “salvo en los casos establecidos en la Constitución y la ley”, lo cual significa que “podría darse el caso de una ley que exija la censura previa”. El 13 de agosto, una investigación difundida por el semanario Brecha en la cual se develó la presunta intervención del ex secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, en una maniobra para derogar una ley que castigaba a un grupo de banqueros uruguayos acusados de haber cometido delitos durante la crisis financiera del año 2002, desató una tormenta política y una lluvia de acusaciones contra ese medio y otros que, luego, hicieron sus propias coberturas sobre el espinoso asunto. Fernández, ex hombre fuerte del gobierno del presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), su esposa —también involucrada en la supuesta maniobra—, integrantes del gobernante Frente Amplio y el diario oficialista La República atacaron a Brecha y al resto de la prensa señalándolos como partícipes de un “complot político” y otros insultos. El caso es investigado tanto por el Parlamento como por el Poder Judicial. El 26 de agosto, la primera dama y primera senadora del gobierno, Lucía Topolansky, dijo que el gobernante Frente Amplio “de una buena vez tiene que tener un medio de comunicación” propio. El 30 de agosto, la empresa estatal de electricidad UTE suscribió con el grupo de empresas de comunicación progubernamental propiedad del empresario argentino Federico Fasano un convenio para que éste cancele en un plazo de 60 meses deudas de más de tres años que mantenía con la compañía pública por unos 350.000 dólares. La empresa estatal incluyó entre las formas de pago posibles la cancelación de parte de la deuda con publicidad que la propia UTE contrate en el diario La República, la radio “AM Libre” y el canal de televisión para abonados “TV Libre”. Parlamentarios del gobierno y de la oposición manifestaron su desacuerdo con la decisión de la empresa estatal, que el 11 de junio había trabado embargo contra ese grupo empresarial. Durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), el “Grupo La República” funcionó como vocero oficioso del oficialismo. Durante los años en los que ignoró el pago de sus obligaciones con UTE, la compañía estatal no sólo no le cobró lo que debía sino que, además, le compró a Fasano espacios de publicidad oficial para avisar en las páginas del diario así como en las emisoras de radio y TV. El 9 de septiembre, un Tribunal de Apelaciones en lo Civil dispuso el archivo definitivo de una demanda que en mayo de 2009 había presentado contra el semanario Búsqueda el ex senador del gobernante Frente Amplio, Leonardo Nicolini. El ex parlamentario había sido obligado a renunciar a su banca en la Cámara Alta por sus compañeros de partido luego de que Búsqueda informara en 2006 que había empleado un “carné de pobre” para ser operado a un precio módico en un hospital público. En el año 2008, Nicolini declaró públicamente que se proponía demandar civilmente al periódico con el deliberado objetivo de “cerrarlo”. El ex senador concretó su demanda en mayo de 2009, aduciendo una afectación a su honor, pero más de un año después el Tribunal archivó el caso, advirtiendo que “no parece razonable que si están en juego el honor individual y demás derechos de la personalidad”, Nicolini haya esperado “cuatro años para reclamar indemnización”. El 27 de septiembre, el presidente Mujica declaró a la revista brasileña Veja que “la mejor ley de prensa es la que no existe”. A fines de septiembre, el gobierno resolvió obligar al Poder Judicial para que, ante la solicitud de cualquier persona o institución, informe respecto a los expedientes judiciales que se encuentren en trámite o estén archivados. La decisión fue incluida en un dictamen de la estatal Unidad de Acceso a la Información Pública (UIAP), luego de una denuncia de la organización no gubernamental Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) que había fracasado en un planteo hecho ante la Suprema Corte de Justicia en ese sentido. La Corte había respondido que el trámite de los expedientes y la identificación de las partes en los juicios son informaciones “confidenciales”. Pero la UIAP determinó que el Poder Judicial “se encuentra alcanzado por las obligaciones” de transparencia de la ley de derecho de acceso a la información pública, aprobada durante la administración del presidente Tabaré Vázquez (2005-2010). El 15 de octubre, el intendente (gobernador) del departamento de Canelones (46 km al norte de Montevideo), Marcos Carámbula, acusó al diario El País de estar embarcado “en una campaña sistemática para desestabilizar” a su gobierno. La reacción de Carámbula, del gobernante Frente Amplio, respondió a informaciones publicadas por El País y otros medios de comunicación en cuanto a que ese gobierno departamental había sido forzado a renunciar a la coordinación de un proyecto de integración regional financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), luego de que ésta reclamara justificar gastos de una subvención por 760.000 euros. El 18 de octubre, el vicepresidente de la República, Danilo Astori, ratificó su postura contraria a regular los contenidos de la prensa. Mientras tanto el senador Francisco Gallinal (Partido Nacional, oposición) calificó como “una barbaridad” un proyecto de la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República destinado a producir programas de radio y televisión para ser difundidos por los medios privados. El 26 de octubre, un informe del Cainfo, una ONG dedicada a transparentar el acceso a la información pública, expresó que la mitad de las oficinas del Estado todavía no informan a la ciudadanía sobre sueldos y compensaciones, ejecución del presupuesto asignado y auditorías realizadas en sus arcas, incumpliendo la ley de acceso a la información pública aprobada en 2008.

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