Sigue siendo difícil para la prensa el acceso a la información de las oficinas del gobierno. Recientemente, el portavoz presidencial anunció una serie de medidas para limitar el número de preguntas y de asistentes a las conferencias de prensa semanales de la presidencia. La Asamblea Legislativa desestimó e l proyecto de ley relativo a la transparencia y el acceso a la información, y ha sido pospuesto el debate sobre el proyecto de ley de libertad de prensa y expresión.
En términos de acceso a la información pública, las perspectivas para la transparencia no han sido objeto de grandes cambios y, como de costumbre, solicitar información en las oficinas públicas todavía resulta un poco más fácil para los periodistas que para el resto de los ciudadanos.
Sin embargo, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es un organismo que se comporta de una manera totalmente diferente, y a menudo viola el derecho del pueblo a recibir respuestas inmediatas de las oficinas públicas, tal como se indica en el artículo 30de la Constitución Política de Costa Rica.
Los reporteros de cualquier compañía de medios de comunicación que cubren el ICE pueden señalarlo difícil que es estar en contacto ya sea con la oficina de prensa o la administración. El personal de la prensa que trabaja en el ICE sólo toma solicitudes escritas y, por lo general, no responde a esas peticiones. A menudo, las peticiones son ignoradas abiertamente.
Muchos empleados del ICE también han firmado acuerdos de confidencialidad que les impiden expresar sus puntos de vista. Estos acuerdos pueden ser contrarios a la jurisprudencia emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, en la que los magistrados han garantizado el derecho de los trabajadores a manifestarse libremente, si sus opiniones constituyen una crítica sana (voto 10440-07).
El ICE podría comportarse de esta manera a fin de proteger datos sensibles frente a la competencia privada, pero sigue siendo un organismo público y debe cumplir con las mismas leyes y reglamentos que otras oficinas públicas.
El18 de marzo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo obligó al Ministerio del Trabajo a hacer pública toda la información relativa a los empleadores que no pagan el salario mínimo a sus trabajadores. La demanda fue presentada por Alejandro Fernández, periodista del semanario El Financiero.
El veredicto crea nueva jurisprudencia y es probable que permita a los periodistas informar en el futuro sobre todas las inspecciones realizadas por el Ministerio de Trabajo.
Por otra parte, el ministro de Comunicaciones, Roberto Gallardo, limitó recientemente la cantidad de preguntas de periodistas que cubren las reuniones semanales del gabinete presidencial. Gallardo acusó a los periodistas de mal comportamiento y de pedir demasiado. La medida fue anunciadael21 de marzo.
El 23 de diciembre del 2010,fiscal general Jorge Chavarría admitió que las autoridades de Costa Rica no pueden responsabilizar a nadie por el atentado de La Penca, un incidente en el que murieron varios periodistas hace 26 años, mientras cubrían los movimientos contrarrevolucionarios de Nicaragua.
Dado quela impunidad reina en este caso ,la Asociación de Periodistas de Costa Rica decidió seguir adelante con su plan para demandar al gobierno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca de una indemnización para los supervivientes de la explosión.
El proyecto sobre Libertad de expresión y prensa (# 15.974) no ha sido sometido a debate por el Poder Ejecutivo en los últimos seis meses. El proyecto probablemente se discuta después del 1 de mayo, cuando se reanude el período ordinario de sesiones de la Asamblea Legislativa.
El proyecto Transparencia y acceso a la Información(# 16.198) jurisprudencia aprobada fue definitivamente desestimado, sobre todo porque gran parte de su contenido ya ha sido abordado en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. La medida también podría haber coincidido con la Ley de Jurisdicción Constitucional.
FUENTE: nota.texto7
