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Cuba

8 de mayo de 2013 - 20:00

La situación de la prensa, en los últimos seis meses, acusa la misma precariedad y desesperanza de la sociedad cubana. Medios de comunicación gubernamentales utilizados como instrumentos de propaganda, férrea censura y desinformación; acciones represivas contra los medios independientes en las que se mezclan apresamientos, golpizas, amenazas y acoso de turbas; y operaciones de los órganos de inteligencia para bloquear y silenciar las voces discordantes.

Al cierre de este informe, habían salido de prisión todos los periodistas del Grupo de los 75 condenados injustamente en la llamada Primavera Negra, en marzo del 2003. Fueron encarcelados entonces 75 personas, entre ellos periodistas, sindicalistas y activistas de derechos humanos, a quienes se les condenó a penas de entre tres y 30 años. Algunos estuvieron confinados 10 años; la mayoría, más de cinco. En ese tiempo sufrieron un régimen de severidad penal, castigos, golpizas, vejaciones, pésima alimentación, hacinamiento y la convivencia con reos comunes de alta peligrosidad. Todos vieron seriamente afectada su salud. A lo anterior se añade el calculado alejamiento de los sitios de encarcelamiento respecto de sus hogares y las represalias contra familiares. Este período está marcado por dos acontecimientos significativos: un incierto proceso de reformas en la economía, la inusitada liberación de prisioneros políticos y periodistas, mientras se mantienen las acciones de vigilancia, control y represión mediante el recurso a detenciones frecuentes durante pocos días u horas.

Las reformas –cuyo alcance no se acercan siquiera a aquéllas que se ejecutaron en el viejo campo socialista entre los años 70 y 80— se han caracterizado por su timidez, lentitud y, en palabras del mismo régimen, una “excesiva burocratización”. Desde que fueron anunciadas, en julio del 2007, pretendieron calmar las ansias de una población extenuada por las carencias y ahogada por la falta de libertades.

En diciembre del 2010 el gobernante Raúl Castro admitió que el país corría peligro de hundirse. El despido de un millón de empleados –que contó con la irónica anuencia y colaboración de los sindicatos oficiales y el apoyo incondicional de los medios— fue suspendido silenciosamente, quizás debido a que podría empeorar la situación ya de por sí caótica.

La liberación de prisioneros, resultado de la mediación de la Iglesia Católica, diseñada por el gobierno, pretende mejorar la imagen del régimen y conseguir ayuda exterior, principalmente de la Unión Europea. La salida de las prisiones fue dosificada para magnificar el rédito político; y aquellos pocos que se negaron a salir al exilio con sus familias, tuvieron que aguardar hasta el final. Dicha liberación significó el destierro para la inmensa mayoría y los prisioneros no han sido amnistiados ni perdonados: se les ha concedido una “licencia extrapenal”, lo que de hecho pone a los que decidieron permanecer en la isla en peligro de volver a prisión en cualquier momento.

En enero, la organización Human Rights Watch (HRW) en su informe anual, destacaba que Cuba era el único país de América Latina donde se reprimen casi todas las formas de disenso político mediante hostigamiento, golpizas e imputaciones predelictivas.

Según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en enero fueron arrestadas 117 personas y 390 en febrero. En marzo se registraron 32 incidentes de represión policial, con un saldo de 83 personas detenidas quienes fueron liberadas al cabo de varias horas o días. Además, en ese mes se produjeron 12 actos de repudio.

A mediados de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe del 2010 reiteró que en Cuba “las restricciones a los derechos políticos, la libertad de expresión, la falta de elecciones y de un Poder Judicial Independiente, así como las restricciones a la libertad de movimiento, violan los derechos fundamentales de sus ciudadanos”.

En este contexto, resalta la visita privada que el expresidente James Carter realizó a fines de marzo. Por primera vez en muchos años un ex presidente se reunió con disidentes, ex presos políticos y blogueros y periodistas independientes, entre ellos, Yoani Sánchez, Claudia Cadelo, Laritza Diversent y Reinaldo Escobar.

Alrededor de un centenar de periodistas independientes llevan a cabo su labor, entre carencias materiales y una incesante represión. Deben recurrir a agencias de noticias, emisoras radiales y publicaciones del extranjero para dar a conocer sus informaciones y comentarios. Algunas representaciones diplomáticas en La Habana les ofrecen facilidades para conectarse a internet y enviar sus reportes; éste es el caso de la Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA), República Checa, Holanda y Reino Unido, entre otras.

Aunque la mayoría de aquellos que iniciaron el movimiento a fines de los 90 se ha visto forzada a exiliarse, se siguen sumando otros. Por ello vale destacar el ejemplo de algunos que, no más salidos de prisión, han retornado a las tareas que los llevaron a la cárcel.

Con todo, la existencia de varias decenas de blogs independientes concentra en la actualidad la mayor atención de la prensa internacional. Los nombres de Yoani Sánchez (Generación Y) y Claudia Cadelo (Octavo Cerco), son reconocidos en el mundo, pero en los últimos tiempos han crecido en relevancia, atractivo y calidad periodística y literaria otros muchos blogs en lo que ya se admite como un movimiento imparable.

En diciembre el periodista independiente Guillermo Fariñas fue galardonado con el Premio Sájarov 2010 a la Libertad de Conciencia. Fariñas no pudo recibirlo en persona debido a la negativa de las autoridades cubanas a dejarle salir de la isla, represalia habitual contra los disidentes. Desde entonces el periodista ha sido arrestado en varias ocasiones y la policía y sus turbas no han dejado de acosarlo.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la bloguera cubana Yoani Sánchez, quien ya ha recibido varias distinciones internacionales, entre ellas el Premio Ortega y Gasset, recibió, junto con otras siete mujeres, el premio “Women of Courage”, otorgado por el Departamento de Estado de EEUU.

Los blogueros cubanos hacen todo tipo de malabares para burlar la censura y mantener actualizadas sus bitácoras, donde presentan sus crónicas y artículos de opinión sobre la situación cubana. A menudo sus páginas son bloqueadas, sus autores sometidos a vigilancia, arrestos y golpizas. En la misma blogosfera, deben afrontar la ofensiva de más de un centenar de blogs oficialistas con todos los recursos y el respaldo del gobierno.

Un video que circuló en la red hace dos meses muestra que el régimen enfoca la irrupción de las nuevas tecnologías como un peligro para su monopolio del poder. El video en cuestión —una conferencia para altos oficiales de la policía política sobre las amenazas de los nuevos medios— ofrece recomendaciones para lidiar con el fenómeno, califica a los blogueros independientes de “mercenarios virtuales” y acusa a EEUU de “crear una plataforma tecnológica ajena al control de las autoridades cubanas que permitiría el tránsito de información libre”.

Los cables del Departamento de Estado, publicados por WikiLeaks recientemente, mostrando que Washington prefiere apostar por los jóvenes blogueros antes que por la disidencia tradicional, parecen confirmar esos temores. Para el gobierno cubano, Facebook ,Twitter y YouTube son el enemigo.

A fines de febrero, las revelaciones de dos agentes de la inteligencia infiltrados entre los disidentes exhibieron nuevamente las viejas tácticas de desacreditación contra opositores y periodistas independientes, a los que se acusó de ser mercenarios de EEUU. Esto sirvió como preámbulo del juicio que, a principios de marzo, el gobierno montó contra el contratista estadounidense Allan Gross, acusado de “actos contra la integridad y la independencia” del país. Como es sabido, Gross fue detenido en La Habana en diciembre del 2009 por distribuir equipos satelitales a una comunidad judía y permaneció encerrado sin que se le formularan cargos durante 15 meses.

En marzo hubo más revelaciones de agentes infiltrados entre los disidentes, en un claro intento por desacreditarlos y, de alguna manera, justificar la condena que finalmente se impuso a Gross, de 15 años de prisión, por participar en un alegado “proyecto subversivo del Gobierno de Estados Unidos”.

Desde el 7 de marzo, la televisión inició un serial centrado en lo que llama la “ciberdisidencia”, ofensiva en la que toma parte el diario Granma. Las figuras que centran esta nueva campaña de descrédito, verdadero linchamiento mediático, son Yoani Sánchez y Dagoberto Valdés, director de la revista digital Convivencia, una publicación independiente de inspiración cristiana, contentiva de fuertes críticas al régimen.

A ambos se les mostró en pláticas con funcionarios de la Oficina de Intereses de EEUU (grabadas por la seguridad del Estado) y se insiste en la cantidad de dinero que reciben del exterior, bien sea través de “premios manipulados” o “donaciones calculadas”. Como en tantas ocasiones, se azuzó el fantasma de la injerencia de EEUU y la CIA para disfrazar el propósito de frenar, mediante el terror, cualquier actividad disidente y disuadir el interés de los jóvenes por las nuevas tecnologías. Por esta razón, también se ha impedido y de algún modo coaccionado algunas iniciativas de ciertas diócesis de la Iglesia Católica para fomentar entre los jóvenes creyentes la creación de blogs independientes.

La naturaleza de la prensa gubernamental –en verdad un instrumento de propaganda y desinformación— no podría mostrarse más explícita como en la cobertura de las revueltas en el mundo árabe. En momentos en que en Libia se producía un levantamiento contra la dictadura de Muamar el Kadafi, los medios oficiales desplegaron un panorama en que insistían en la calma de Trípoli y el apoyo de la población. A juzgar por la primera plana de Granma, no habían existido masacres ni deserciones de funcionarios ni repulsa del mundo; ni tampoco ciudades tomadas por los rebeldes y ansias de libertad.

Las protestas y desafíos en otros países fueron escamoteadas y sirvieron a artículos de opinión para criticar a Estados Unidos. La intervención de los aliados en Libia fue vista como acciones agresivas de “potencias imperialistas”.

Como trasfondo, las opiniones (“reflexiones”) de Fidel Castro tiñen el ambiente político, con predicciones apocalípticas, amonestaciones ante cualquier desviación y denuestos contra el imperialismo yanqui.

Las pocas críticas que recogen los medios –con menor o mayor despliegue en dependencia de los intereses del régimen— tratan cuestiones periféricas. No existen referencias a la falta de libertades a las violaciones de los derechos humanos o a la situación de las cárceles; mucho menos denuncias a personalidades o al partido gobernante.

El gobierno cubano ejerce sobre los corresponsales extranjeros acreditados en La Habana, una política de palo y zanahoria. Si el corresponsal se excede en sus críticas, se le crean dificultades de toda índole hasta que su presencia en La Habana se convierte en un tormento; o se le denuncia en la prensa oficial hasta que se consigue que se marche del país. Si, al contrario, se porta bien, se le deja trabajar y se le facilitan contactos y entrevistas. Eso condiciona una permanente autocensura y hasta reportajes con un toque de simpatía hacia el régimen.

Las autoridades del Centro Internacional de Prensa (CIP) han afinado los controles para el otorgamiento de visas para coberturas temporales. Este es el caso de los reporteros de El Nuevo Herald, a quienes se les sigue negando la entrada en la isla. Curiosamente, la oficina de intereses de Cuba en Washington se ha interesado directamente para que el diario ofrezca mayor cobertura a las series nacionales de béisbol.

Sabedor de que cualquier chispa podría provocar un levantamiento, el régimen realiza detenciones por días u horas de periodistas y opositores. El acoso de turbas, organizadas y protegidas por la policía, y mítines de repudio están dirigidos a crear un ambiente de terror, que impida reuniones y manifestaciones de descontento.

En estas circunstancias se intenta limitar o impedir el acceso de la población a canales alternativos de información. A diferencia de Túnez, Egipto, Bahreim e incluso Libia –gobiernos autoritarios o francamente dictatoriales— en Cuba el ciudadano común no puede conectarse a internet y, por tanto, Facebook, Twitter y YouTube le resultan desconocidos.

El cable submarino de fibra óptica, a un costo de 70 millones de dólares, que se acaba de instalar entre Venezuela y Cuba no significará mayor acceso a la red, que en la isla sólo llega a menos del 3 por ciento de la población. El gobierno ha declarado que existen otras prioridades antes que ofrecer banda ancha a los ciudadanos particulares.

Anteriormente, a comienzos del 2011, el gobierno amenazó a los fabricantes clandestinos de antenas parabólicas y vendedores de tarjetas para captar señales de televisión por satélite. Granma justificó la persecución de esas actividades como parte de “la defensa de la soberanía radioelectrónica” del país. Prosiguen las redadas para localizar los centros de redistribución de señales, desmantelar las redes y, finalmente, destruir las antenas y conexiones y multar a los infractores.

El hambre de información es inmensa. Además de recurrir a medios tradicionales, como la radio y televisión extranjeras, los cubanos crean nuevas formas para asomarse al mundo exterior. Aquellos pocos privilegiados con acceso a internet y parabólicas alimentan una red paralela de distribución de noticias mediante disquetes y dispositivos de memoria USB. Pocas veces la piratería electrónica se convirtió en pasatiempo nacional y tuvo un efecto tan benéfico. Por ejemplo, una publicación como El Nuevo Herald, catalogada de “contrarrevolucionaria”, goza en la actualidad de una notable aceptación en la isla. La cifra de visitantes a la página web ha venido creciendo en los últimos años y se mantiene, como promedio, por encima de las 890,000 visitas anuales.

FUENTE: nota.texto7

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