En este período continuó la incertidumbre sobre un posible pacto fiscal que podría afectar la actividad productiva de los medios de comunicación.
En este período continuó la incertidumbre sobre un posible pacto fiscal que podría afectar la actividad productiva de los medios de comunicación.
Aunque el presidente Mauricio Funes participó el 15 de marzo en el congreso anual de la empresa privada y aseguró que no tenía ningún documento que significara un paquetazo fiscal, funcionarios de la Hacienda Pública mantienen su discurso sobre aumentar la carga tributaria.
Existe también incertidumbre en el Congreso sobre una reforma al Código Penal para despenalizar de manera definitiva la injuria, la calumnia y la difamación.
En septiembre de 2010 una decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de declarar la inconstitucionalidad de uno de los tres incisos del Código Penal dejó abierta la puerta a posibles demandas contra los medios.
El Congreso salvadoreño inició el estudio de nueva reformas del artículo 191 para poder exonerar de prisión no sólo a los periodistas, sino también a los ciudadanos en general, en el caso de los delitos de calumnia, injuria o difamación. En noviembre, se trabajaba en una serie de reformas a otros artículos complementarios para poder ajustar la legislación y que hubiera ciertas flexibilidades en el caso del periodismo.
Sin embargo, seis meses después de la sentencia, el Congreso ha enfriado las propuestas y no ha discutido ningún avance. La situación empeora, aún más si se considera que en 11 meses comienza un nuevo proceso de elecciones de diputados y alcaldes.
Otra batalla legal por el derecho a la información continúa tras la condena contra La Prensa Gráfica de parte de dos tribunales de menores por haber publicado la foto con identidad plena de un joven de 17 años y medio, cuando asesinaba a puñaladas a un estudiante en plena vía pública.
Las condenas han sido, según las juezas que han visto el proceso, por haber violentado el derecho a la intimidad de un menor de edad, situación que el periódico ha objetado por considerar que antepuso el derecho a la información y la responsabilidad como medio.
La Prensa Gráfica, luego de recibir resoluciones en contra de un tribunal de primera instancia y de segunda instancia, recurrió a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia en demanda en contra de las juezas que condenaron al presidente del diario por irregularidades al debido proceso.
La demanda fue aceptaba. Los cuatro magistrados del tribunal se encuentran en el proceso de nuevas recopilación de las versiones y de las pruebas. El juicio se mantiene abierto.
En lo positivo, en febrero el Congreso aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, luego de varios meses de debate y de observaciones que realizó el presidente Funes.
Esta ley fue promovida desde la sociedad civil e impulsada por los medios de comunicación.
La ley contempla la creación de una institución con un consejo que velará por su cumplimiento, y establece una serie de obligaciones para que las instituciones públicas deben cumplir para que el mecanismo de entrega de información sea expedita y sin obstáculos. Se contemplan plazos para revelar la información y sanciones para quienes incumplan con lo orden legal.
FUENTE: nota.texto7
