Argentina

Aa
$.-

El de los últimos seis meses no ha sido un período apacible para el ejercicio del periodismo. Un conjunto de leyes, medidas judiciales, resoluciones gubernamentales, actitudes y discursos públicos conformaron un terreno poco fértil para la libertad de expresión y el diálogo.

Las conferencias de prensa han sido desterradas del escenario político argentino. Los funcionarios se limitan a conceder entrevistas a medios alineados con el oficialismo o a hacer exposiciones en actos públicos o ante periodistas a los que no se les permite realizar preguntas. A raíz de declaraciones del Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en las que señalaba que los funcionarios no daban conferencias de prensa o hablaban poco porque estaban “trabajando todos los días para mejorar la vida de los argentinos”, más de un centenar de periodistas firmó un documento que cuestiona el clausura comunicacional del gobierno frente al periodismo independiente.

Las respuestas del oficialismo a muchas de las investigaciones o cuestionamientos periodísticos suelen ser el agravio, la descalificación o la postulación de teorías conspirativas. La interpelación al poder y la rendición de cuentas, quedan de este modo obstruidas o desvirtuadas. Por otro lado, la sanción de una ley de acceso a la información pública sigue siendo una asignatura pendiente.

A esas restricciones, se agregan las amenazas de multas, apoyadas en una interpretación forzada de la Ley de lealtad comercial, contra las consultoras económicas que difundan índices de inflación distintos de los que surgen de las estadísticas oficiales. A pesar de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la publicidad oficial no puede ser utilizada de manera discriminatoria, esos fondos públicos continúan siendo distribuidos de manera arbitraria. No hay una relación razonable entre los niveles de audiencia de los medios y los volúmenes publicitarios que reciben del Estado. El principal canal argentino de televisión abierta recibió en 2011 el 0,4% de la torta publicitaria estatal, mientras que su principal competidor obtuvo un porcentaje casi cien veces superior. Un grupo editorial del interior del país que tuvo un incremento de más del 900%, entre 2010 y 2011, respecto de la publicidad proveniente del Estado. En la ciudad de Buenos Aires, hubo diarios que crecieron, en el último año, entre un 40 y un 270% en la recepción de avisos oficiales, mientras los diarios de mayor circulación tuvieron índices negativos. Perfil, tercer grupo editorial de la Argentina en volumen, pasó de recibir 2,1 millones de pesos en 2010 a 386.000 en 2011, aunque la Corte Suprema de Justicia dictaminó que debía obtener un trato publicitario equitativo por parte del Gobierno.

Al uso discrecional de la pauta oficial debe sumarse el empleo de fondos públicos en programas con fines proselitistas. A partir de la estatización, en 2009, de las transmisiones de fútbol, se estima que se gastaron unos 3.000 millones de pesos en el programa “Fútbol para todos”. La única publicidad que existe en esas transmisiones es la estatal. En 2012, a través de un contrato de 380 millones de pesos por cuatro años, se llevó a cabo una estatización análoga con las transmisiones de las competencias automovilísticas.

En diciembre del año pasado se sancionó la Ley 26.736, norma que permite regular la producción, comercialización e importación de papel para diarios. La ley habilita un intervencionismo estatal que registra oscuros antecedentes para la libertad de prensa. La principal garantía para el abastecimiento de este insumo consiste en mantener la libertad de importación, sin cupos, trabas o aranceles, ya que un acceso condicionado al papel afecta el rol de la prensa en una democracia.

La ley establece que Papel Prensa, sociedad anónima integrada por los diarios Clarín, La Nación y en un porcentaje minoritario por el Estado nacional, deberá operar al máximo de su capacidad operativa o al nivel de la demanda interna de papel. Como la primera es inferior a la segunda, la norma exige la implementación de un plan para cubrir todo el consumo nacional. Si el Estado aportara fondos para este objetivo, en un porcentaje proporcionalmente superior respecto de los accionistas privados, los derechos políticos derivados de ese incremento serán ejercidos por una comisión, coordinada por el Ministerio de Economía, que deberá integrarse con representantes de diarios de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires (excluyendo a los vinculados con los accionistas privados), representantes de organizaciones representativas de usuarios y consumidores y representantes de los trabajadores. La autoridad de aplicación de la ley podrá aplicar sanciones y controlar las importaciones de papel.

El gobierno sigue persiguiendo a los ejecutivos de Clarín e La Nación, Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre, con acusaciones de lesa humanidad que no han podido ser aprobadas por la justicia.

En la misma semana en que se sancionó la ley sobre el papel, se registraron dos medidas preocupantes. La empresa Cablevisión, que pertenece al Grupo Clarín, fue allanada por orden de un juez incompetente. El diario La Nación, por su parte, sufrió una inhibición general de bienes por una deuda no exigible. En esos días se sancionó la denominada “ley antiterrorista”, norma a la que el titular de la Unidad de Información Financiera consideró aplicable a los medios.

En el interior del país, dos periodistas fueron amenazados por la publicación de notas sobre el narcotráfico en sus ciudades. Omar Bello, director de La Verdad, de Junín, recibió mensajes intimidatorios conectados a sus artículos publicados. En noviembre de 2011, la rotativa y el sistema eléctrico de la planta impresora del

diario fueron dañados por un incendio intencional perpetrado por desconocidos. Por su parte, Hernán Lascano, jefe de la sección Policiales del diario La Capital, de Rosario, en los primeros meses de 2012 recibió mails y un escrito anónimo en los que se le realizaba una advertencia, extensiva a su familia.

Numerosos periodistas fueron agredidos en los últimos meses. Jorge Lanata y Magdalena Ruiz Guiñazú fueron blanco de insultos y piedras durante una disertación sobre el rol del periodismo, realizada el 3 de noviembre pasado, en el marco del congreso anual de Fopea (Foro de Periodismo Argentino). El 4 de noviembre, Luis Kempa y Mario Ruarte, periodistas del diario La Voz del Interior y de Canal 10 respectivamente, fueron agredidos físicamente en la ciudad de Córdoba, cuando cubrían una marcha del Sindicato de Empleados Públicos. En enero de 2012, Cristian Acuña, corresponsal de La Arena, fue amenazado telefónicamente por la esposa del vice intendente de la localidad de Victorica y agredido físicamente por su hijo, a raíz de notas publicadas en el diario pampeano. Un equipo periodístico de CQC (Canal América, Buenos Aires) fue expulsado a golpes, por funcionarios de la municipalidad de Pinamar, de una plazoleta en la que se realizaba un acto público, mientras los periodistas intentaban entrevistar al intendente de esa ciudad.

La presidente Cristina de Kirchner calificó de nazis y antisemitas a los periodistas Carlos Pagni, do La Nación, y Osvaldo Pepe, do Clarín, por opiniones en contra de organizaciones del gobierno.

En octubre de 2011 hubo elecciones presidenciales en la Argentina y éstas configuraron un mapa político con un oficialismo nutrido por un amplio respaldo popular y una oposición fragmentada y diluida. En un contexto como este, la libertad de prensa, siempre imprescindible para el equilibrio republicano y la legitimidad democrática, juega un rol relevante.

Compartí

0