Bolivia

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El gobierno del presidente Evo Morales sigue considerando a los periodistas y medios de comunicación independientes como su “principal opositor”, atribuyéndoles afanes ‘desestabilizadores’ a su gestión. Las protestas y las medidas de presión como marchas y bloqueos se multiplican, así como el clima de efervescencia y confrontación.

En ese contexto, las agresiones físicas y verbales a periodistas se producen en un ambiente dominado por el discurso gubernamental adverso al trabajo de comunicadores y medios independientes.

Ninguno de lo 46 casos de agresiones verbales o físicas ocurridas durante 2011 (33 ocurridos durante este período octubre – marzo)se ha esclarecido o menos castigado, según la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) mientras que en 2012 han sido asesinados los hermanos Verónica y Víctor Peñasco, periodistas de radio El Alto. Este hecho dio lugar a marchas y movilizaciones sociales de protesta e indignación en la urbe alteña, pero después de tres meses y aunque se dijo que hay dos personas detenidas, no hay juicio, sanción ni se conoce el estado de la investigación; aunque se descartan móviles profesionales.

En la misma situación se encuentra el asesinato del periodista Carlos Quispe, quien a fines de marzo de 2008, fue víctima de una brutal golpiza que le propinaron opositores al alcalde de la población de Pucarani, en el altiplano de La Paz. De ese trágico suceso han transcurrido cuatro años en medio de un inexplicable silencio.

En los últimos días ha llamado la atención el anuncio de un juicio por ‘difamación y calumnia’ con que un exministro de Evo Morales amenazó al reconocido columnista y humorista Alfonso Prudencio Claure, conocido en Bolivia por el pseudónimo de ‘Paulovich’ por cuestionar el uso de recursos estatales en obras sociales. Según la ANP, el ex ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, reaccionó indignado tras la publicación de la columna titulada “la noticia de perfil” en la cual se hace referencia, en el estilo humorístico de Paulovich, a un programa de viviendas populares que no se construyeron. Prudencio Claure, Premio Libertad 2008 de la ANP, expresó que el incumplimiento gubernamental en la entrega de viviendas populares es un asunto de dominio público. Por otra parte, las reiteradas versiones sobre el interés de sectores sociales oficialistas de cambiar las normas de la Ley de Imprenta en Bolivia, es motivo de profunda preocupación. Según la ANP, el tema es que se desconocen los objetivos políticos de una medida de esa naturaleza y la praxis política de este Gobierno parece mostrar una fuerte y peligrosa tendencia al autoritarismo. De hecho, ha cambiado otras normas según sus propios intereses. O las ha conculcado o violado, aun tratándose de normas promulgadas durante la presente gestión. El caso más evidente es la ley que prohíbe construir una carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

En una reunión realizada el pasado 14 de febrero, Evo Morales dijo a directivos de organizaciones periodísticas que no alentará la modificación de la Ley de Imprenta, aunque no ha declinado su cuestionamiento casi permanente al trabajo informativo de medios independientes.

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