Colombia

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En este período se registró un incremento en los proyectos legislativos que afectan la situación económica de los medios de comunicación; con restricciones a la publicidad oficial, limitaciones a los voceadores de prensa y una reforma tributaria que les afectará das algunos beneficios tributarios. Continúa el acoso contra medios y periodistas, mediante acciones de tutela y demandas por calumnias e injurias. En lo positivo se han logrado neutralizar varias restricciones en distintos proyectos de ley que fueron retirados o modificados bajo argumentación presentada por Andiarios. La Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca ratificó el 29 de febrero la sentencia de primera instancia emitida por un juez de Fusagasugá contra el periodista Luis Agustín González por el delito de injuria y lo absolvió por el de calumnia, modificando además la condena inicial de 20 meses de prisión y el pago de 20 salarios mínimos por la de 18 meses de prisión y 17 salarios mínimos. La condena se produjo por la publicación de un editorial realizado en 2008 que cuestionaba las aspiraciones políticas de la exgobernadora de Cundinamerca, Leonor Serrano de Camargo. En la sentencia de segunda instancia estimó el tribunal que los calificativos críticos contenidos en el editorial titulado ¡NO MAS!, publicado en diciembre de 2008, en el cual se cuestionaba la gestión de la exgobernadora y se alertaba sobre su aspiración de regresar al Congreso de la República, lesionaron la integridad moral de la líder política. En la misma decisión, el Tribunal consideró que Luis Agustín González no le atribuyó a Serrano la comisión de algún delito y por ello lo absolvió de la calumnia. Se ha incrementado el uso de acciones de diversa índole, en especial las penales de calumnia e injuria y las civiles de responsabilidad civil, como mecanismo de presión contra medios y periodistas. Si bien la mayoría de las veces las decisiones son favorables a ellos, los solos procesos constituyen en sí mismos, un mecanismo de presión y generan autocensura. El periódico digital Primera página denunció recientemente el acoso a que se ha visto sometido su editor general, Héctor Mario Rodríguez, por las demandas por pánico económico relacionadas con informaciones de carácter económico de empresas del sector minero. Preocupa la sentencia de segunda instancia del 2 de febrero de 2012, del Consejo de Estado, en la cual ordena a las autoridades de Bogotá retirar del espacio público a los vendedores ambulantes y entre ellos a los voceadores. En la sentencia de primera instancia se habían excluido de la decisión los voceadores por considerar que su actividad era necesaria para el ejercicio pleno de la libertad de prensa. También preocupan los permanentes intentos legislativos por imponer a los periódicos y otros medios de comunicación obligaciones y prohibiciones relacionadas con divulgación de contenidos. Entre los que se tramitan actualmente, se encuentran los siguientes: El Proyecto de Ley 142 de 2011, que busca adoptar un nuevo Código Electoral. Contiene diversas normas violatorias de la libertad de prensa relacionadas con la divulgación de información electoral y publicación de encuestas. Además consagra restricciones respecto de la propaganda electoral. El P.L. 130/10 Cámara-070/11 Senado que impone a los medios de comunicación, incluyendo a los periódicos, la obligación de publicar boletines oficiales relacionados con el sistema nacional de alerta temprana, el cual, si bien tiene un propósito muy noble como es la protección de los menores, desaparecidos, tercera edad y discapacitados, desconoce la autonomía editorial. El Proyecto de Ley 205 /12 Senado en el cual se prohíbe a los medios de comunicación “realizar transmisiones o publicaciones que promuevan los espectáculos públicos que atenten contra el respeto de la vida e integridad de los animales como elementos que incitan a los menores a la violencia”. En el Proyecto de Ley 27/11 Senado se consagran normas muy ambiguas y subjetivas relacionadas con la publicidad de bebidas alcohólicas que podrían generar interpretaciones que excederían las limitaciones aprobadas internacionalmente. En este período se han adoptado varias normas que afectan económicamente a los periódicos, entre las cuales se encuentran: Disminución en 30% de la publicidad oficial (Estatuto anticorrupción). Eliminación de avisos de licitaciones y otros avisos de ley de la Administración Pública lo cual, además de restringir la transparencia de las actuaciones estatales, genera efectos graves en las finanzas de los periódicos. Adicionalmente, se encuentra en trámite en el Congreso, (le resta únicamente el cuarto y último debate), un nuevo Código General del Proceso, que disminuye sustancialmente los avisos de ley relacionados con procesos judiciales. Estas normas, además de que podrían afectar el debido proceso, generarán una fuerte disminución en los ingresos de los periódicos. Imposición de tasas fiscales relacionadas con la realización de actividades educativas y culturales. Como hecho positivo, se destaca el retiro, suspensión o modificación de varios proyectos de ley que contienen normas perjudiciales para la prensa, como son: El archivo del P.L. 56/11 Senado -019/10 Cámara, en el cual, con el propósito loable de prevenir el rapto de menores, se obligaba a los periódicos a publicar alertas oficiales relacionadas con la desaparición de menores, vulnerándose así la autonomía editorial. Se modificó el P.L. 277 de 2011 Cámara – 17 de 2011 Senado con el fin de eliminar obligaciones a cargo de los medios de comunicación relacionadas con la promoción y divulgación de los mecanismos de devolución de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) y con la denuncia del mal manejo de tales residuos, las cuales implicaban la imposición de contenidos. Se modificó el P.L. 280 de 2011 Cámara- 010 Senado (hoy Ley 1503 de 2011) en el sentido de eliminar restricciones de contenidos informativos y publicitarios en temas relacionados con la seguridad vial. Se suspendió el trámite de un proyecto de ley (del que se informó anteriormente) que busca adoptar un nuevo Código Electoral. Como hecho muy positivo se destaca el trámite del P.L. 156/11, acumulado con el 146/11 Senado, “Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, y se dictan otras disposiciones”. Algunas disposiciones del proyecto deben ser revisadas con el fin de evitar interpretaciones que podrían afectar la actividad periodística. Otros hechos destacados en este período: En este período se registraron 29 casos de amenazados, pero no hubo asesinatos por razones de oficio. En octubre fue amenazada Ana María Ferrer, periodista del programa de Televisión La Cuarta Columna y miembro de la Junta Directiva del periódico El Pilón de Valledupar, según las primeras informaciones las amenazas vendría de la banda criminal de los urabeños. El director del Periódico del Meta, Héctor Gómez Argüello, fue amenazado de muerte mediante un panfleto dejado en el edificio donde funciona el medio de comunicación en la capital del departamento del Meta, el 18 de diciembre. El periodista ya había recibido amenazas anteriormente en marzo de 2011, luego de las cuales comenzó a recibir protección por parte de la policía. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) manifestó su preocupación por las intimidaciones contra la periodista Claudia Julieta Duque y su hija, menor de edad, ocurridos a pocos días de las primeras indagaciones contra funcionarios del DAS, investigados de ser los presuntos responsables de torturas psicológicas contra Duque. En los primeros días del mes de enero, la periodista y su hija que se encontraban reunidos con su abogado en un barrio de Bogotá, detectaron movimientos sospechosos de seguimiento en un taxi y una motocicleta que rondaron durante ese día su casa de habitación y el sitio donde se encontraban reunidos posteriormente. La hija tomó algunas fotos de lo ocurrido y al poco tiempo recibió en su celular un mensaje de texto con insultos desde un celular desconocido. Desde 2004, la periodista había denunciado penalmente las persecuciones y las amenazas contra ella y su hija. Cuando se destapó el escándalo de las “chuzadas” del DAS, se supo que las amenazas venían de esa entidad. Duque viene siendo hostigada como consecuencia de una investigación periodística realizada por ella sobre posibles irregularidades en el proceso penal, por el homicidio del periodista y humorista Jaime Garzón en agosto de 1999. Este caso ha sido mencionado en oportunidades anteriores en este informe. En febrero fue condenado a 24 años de cárcel por un juez de Santa Marta en el Magdalena Edgar Córdoba, ex paramilitar, por el crimen de Alvaro Alonso Escobar, ocurrido en diciembre de 2001. Escobar era el director del periódico local. El autor del crimen se acogió a sentencia anticipada. Ese mismo mes la Fiscalía vinculó a los paramilitares Jesús Emiro Pereira Rivera, Alejandro Cárdenas Orozco, Mario Jaimes Mejía, por los delitos de secuestro, tortura y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya, ocurridos el 25 de mayo de 2000. También en febrero Bladimir Sánchez Espitia, periodista independiente en el municipio de Gigante en el departamento del Huila, recibió graves amenazas por un video en el que denunciaba que la policía había desalojado a 30 pescadores de la zona donde la multinacional Emgesa construye una hidroeléctrica con posibles consecuencias para el medio ambiente Los pescadores insistían en permanecer a orillas del río Magdalena, en protesta por las obras del proyecto de la represa de El Quimbo. Argemiro Cárdenas Agudelo, gerente de la emisora Metro Radio en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), fue asesinado el 15 de marzo a las 12:30 del mediodía por un sicario que le propinó varios disparos cuando salió caminando de su trabajo hacia el centro comercial Guadalupe, a dos cuadras de su oficina situada muy cerca de la alcaldía de la ciudad, luego de recibir una llamada telefónica en la que al parecer se citó con alguien en dicho centro comercial, según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Pereira. Cárdenas, veterano periodista y líder político, había sido alcalde de su municipio en 1997 en representación del partido liberal; llevaba más de 15 años trabajando con emisoras comunitarias y según versiones del diario La Tarde de Pereira no se encontraba desarrollando trabajos periodísticos de importancia. Alternaba su trabajo periodístico con la actividad política. La alcaldesa Rosa María Rivera rechazó el asesinato y decretó tres días de duelo. Por su parte el Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, repudió el crimen y afirmó que su cartera no tenía información de amenazas contra la vida de Cárdenas Agudelo. El periodista Jesús Martínez Orozco, vinculado con el noticiero La Verdad en la emisora comunitaria “La Nueva” de Sabanalarga (Atlántico) fue asesinado el 29 de marzo por dos hombres que le propinaron varios disparos de arma de fuego. El periodista realizaba su trabajo en la sección cultural del noticiero donde era reconocido por sus conocimientos sobre música y cine. De acuerdo con informaciones de Fecolper, el director del noticiero, Antonio Cervantes, informó que Martínez no había recibido amenazas y no descartó que los hechos correspondan a una equivocación de los sicarios.

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